Con casi un millón y medio de afiliados, y un fondo previsional bajo su gestión que ronda los US$ 16.300 millones, las AFAP son actores de peso dentro de un sistema de seguridad en el que también participan el Banco de Previsión Social (BPS), tres cajas paraestatales y los servicios de pasividades de policías y personal militar. La comisión de expertos que prepara las bases para una futura reforma del régimen entiende que esas administradoras creadas en 1996 deben seguir funcionando, aunque con algunos ajustes.
Las AFAP —República, de propiedad estatal, y las tres privadas, Sura, Unión Capital e Integración— administran el ahorro previsional en cuentas personales de sus afiliados; es una parte del aporte que, al ser invertido en bonos u otros instrumentos financieros, genera una rentabilidad que incrementa la jubilación futura de cada uno. Por prestar ese servicio de inversión profesional estas empresas cobran una comisión, que constituye su principal ganancia; en 2020 las cuatro dieron utilidades por el equivalente a US$ 32,7 millones, casi US$ 10 millones menos que el ejercicio anterior, calculó Búsqueda a partir de datos informados por el Banco Central. Solo República incrementó sus ganancias.
La comisión de administración, las ganancias obtenidas por estas empresas, la competencia y sus posibilidades de inversión son parte del análisis que viene realizando la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) constituida a instancias del gobierno de Lacalle Pou para que diagnostique —la etapa actual— y luego proponga posibles medidas de reforma al sistema globalmente. A comienzos de este mes, un segundo borrador del estado de situación empezó a ser discutido por los integrantes del equipo; se trata de un documento elaborado “bajo responsabilidad de la Presidencia” de la comisión en colaboración con la Secretaría Técnica (Búsqueda N° 2.111).
Algunos sectores del Frente Amplio —y en particular Ernesto Murro, uno de sus representantes en la CESS— son críticos de las AFAP porque entienden que no debe existir lucro con las pasividades. La misma visión tiene el PIT-CNT. Para la gente en general la imagen de estas empresas no es buena, pues “solo el 18% de la población confía en las AFAP”, consigna el borrador citando un relevamiento de opinión pública encargado recientemente por la CESS. Ese porcentaje se eleva a 25% si se considera solo a los encuestados comprendidos en el régimen mixto, es decir que son afiliados a una de estas administradoras.
El borrador del diagnóstico no incluye una “síntesis” que plasme una valoración global del régimen de AFAP, ya que eso surgirá de la discusión que se está procesando en estos días; el texto final deberá entregarse al Poder Ejecutivo a más tardar el 20 de marzo próximo. Sin embargo, sí señala como aspectos positivos que la presencia del componente de ahorro individual “benefició el acceso al financiamiento para proyectos productivos de largo plazo” y apunta que las AFAP llevan invertidos más de US$ 2.800 millones en la economía real (18% del fondo bajo manejo). Y aunque la etapa propositiva es posterior, el documento preliminar señala algunos aspectos a corregir.
Ganancias y comisiones
Las ganancias de las AFAP mostraron una tendencia a la baja a lo largo del tiempo que se aceleró en los últimos años con la ley de 2019 que topeó las comisiones máximas (en 50% por sobre la que cobre menos), apunta el documento.
Sobre el diseño de la comisión plantea algún cuestionamiento. El resultado que obtienen las AFAP en cada momento tiene un componente que refiere a servicios que se van a prestar en el futuro; la comisión se cobra sobre el flujo de aportes, con el compromiso de administrar un stock por varios años. Esto “distorsiona la interpretación” de los resultados al incorporar la promesa de administrar el fondo individual en el futuro.
Asimismo, según el texto, el formato actual de comisión “castiga la capitalización en los primeros años, que son las que en teoría deberían rendir más (por permanecer en las cuentas un plazo mayor), sobre todo en los casos de sueldos bajos y estables a lo largo de la carrera laboral. En esta forma de comisión, esta potencial capitalización está yendo a constituir la reserva especial que integra el patrimonio de las AFAP”.
Además, aproximadamente el 50% de las utilidades deben ser reinvertidas en la constitución de la Reserva Especial para garantizar la rentabilidad mínima para los afiliados. En ese sentido, el texto plantea que “cambios de diseño de la comisión” de administración, como podría ser aplicarla sobre el fondo acumulado, requeriría estudiar, entre otros aspectos, el período de transición, pues quienes aportaron hasta el momento no deberían pagar dos veces por el servicio recibido.
El texto insinúa posibles cambios a considerar ya que, por un lado, “el tope regulatorio a la comisión puede llevar a una práctica predatoria de la competencia por la AFAP que tenga mayor escala” y, por otro, “el estado de desarrollo del sistema permite considerar el pasaje a un sistema de comisiones como porcentaje del fondo”. Otras opciones a considerar son la de prever comisiones sobre la rentabilidad mínima y el establecimiento de valores decrecientes a medida que aumentan los activos en administración, apunta.
Por otra parte, la “reserva especial” tiene un diseño que “podría ser ineficiente dada la frecuencia histórica de eventos en los cuales la misma se tuvo que utilizar y su incidencia en los costos de administración” (solo se activó en dos ocasiones desde que las AFAP empezaron a funcionar en Uruguay, en 1996).
El texto consigna que el resultado sobre el patrimonio (ROE) de las administradoras tuvo una “reducción significativa en los últimos años”, en promedio. Muestran, además, una disparidad relevante entre la AFAP de propiedad estatal y las de privadas, cuyo ROE es casi el doble.
Inversiones
Los aportes de los afiliados a las AFAP son invertidos por estas en un portafolio de activos delimitado por la normativa.
Las rentabilidades obtenidas en términos reales son “comparativamente altas y permiten acceder a buenos niveles de capitalización en los plazos largos característicos del ahorro previsional”, señala el borrador. La evolución de las tasas de retorno obtenidas por las AFAP muestra que existe competencia en esta variable a pesar del “efecto manada” inducido por la normativa de rentabilidad mínima, agrega.
No obstante, hay competencia por la rentabilidad: tomando en cuenta los 226 meses desde que operan las cuatro AFAP actuales, el primer lugar en el ranking mensual de rentabilidad se va alternando. Unión Capital ocupó el primer lugar en 69 meses, Sura en 67, República en 53 e Integración en 40.
Según el borrador del diagnóstico, la “regulación de las inversiones y la periodicidad de su revisión ha sido adecuada”, aunque actualmente el elenco de activos elegibles previsto en el marco legal implica una “concentración en el riesgo doméstico y títulos de renta fija”; las posibilidades de inversión en el exterior, y en particular en instrumentos de renta variable (como las acciones), son “muy limitadas”.
Tras ese análisis, el texto desliza sugerencias de cambios: “La canalización de inversiones y de opciones del portafolio de las AFAP al llegar a su punto de madurez, así como de las empresas de seguro en el período de desacumulación, deberían ser ajustados a la realidad del mercado de valores y de dinero uruguayos”. Eso porque mientras que en 25 años el sistema previsional creció en forma “exponencial”, no ocurrió lo mismo con el mercado de capitales uruguayo. “Esto transforma a las empresas que forman parte del sistema previsional en market makers y en agentes cuyo poder de decisiones financieras pueden modificar abruptamente las condiciones del mercado tanto para estabilizarlo como para desestabilizarlo”. Y explicita que “ampliar a otras alternativas mejoraría la relación entre rentabilidad y riesgo, al tiempo que reduciría la presión de demanda por activos domésticos, evitando sobrevaloraciones que reduzcan la rentabilidad para los afiliados”.
Por otro lado, la existencia de dos subfondos en los que se subdividen los ahorros gestionados por las AFAP “no acompaña adecuadamente el ciclo de vida en cuanto a la relación riesgo-rentabilidad”. La autorización de un tercero —que debería cubrir el perfil de inversor de los afiliados de menor edad, reflejando su capacidad de asumir mayores riesgos para conseguir un retorno medio más alto— “parece generar consenso en la industria y es avalada por el regulador”.
Del mismo modo, el documento cuestiona que el criterio vigente de asignación de los afiliados a los respectivos subfondos está determinado legalmente con base en “la edad de los afiliados, sin ningún margen para considerar su voluntad”, cuando en otros países con regímenes similares sí se da un margen para que las personas expresen sus preferencias.
Traspasos
El total de cambios de afiliados de una AFAP a otra por año “es muy bajo” y en la última década se ubicaron por debajo de 0,5% del total de cotizantes. Según el borrador, el marco normativo y la autorregulación de las administradoras “buscan evitar las guerras de traspasos entre las AFAP a costa de un alza en los costos de comercialización. Cuando los afiliados son dejados a su propia iniciativa para decidir un traspaso se observan muy pocos movimientos”. En 2020 hubo en total 2.237 traspasos.
A su vez, en las nuevas afiliaciones, la regulación “ayuda a mantener la posición dominante al asignar de oficio a la AFAP de menor comisión a las personas que, estando obligadas a afiliarse, no hacen una elección”. En las condiciones actuales del mercado, van a la estatal República. “A pesar de lo limitado de los traspasos y la aparente poca visibilidad para los individuos de las diferencias en las tasas de rendimiento neto, la presencia de competencia potencial tiene el efecto positivo de ser un mercado disputable”, acota el documento.
