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Las autoridades se resignan al uso de celulares en las cárceles
En las compañías telefónicas hay molestia con la responsabilidad que endilgó Bonomi; según la directora del INR muchos funcionarios “muerden coimas para subsistir”
imagen de Las autoridades se resignan al uso de celulares en las cárceles
Para el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) el trabajo nunca es suficiente: no importa la cantidad de requisas que realicen en módulos y celdas, los celulares siempre vuelven a aparecer. En 2018 encontraron cerca de 800, en los últimos cinco años 6.000, en un operativo de mediados de julio en la cárcel de Canelones, más de 10. Tampoco cambia el resultado si reciben el apoyo de la Guardia Republicana. Algunos operadores del sistema bromean desencantados que la única forma de evitar los celulares en las prisiones es que no haya presos. El mismo desencanto tienen las autoridades, quienes desde hace una década intentan infructuosamente al menos no prohibir, pero si controlar el uso de los teléfonos móviles por parte de reclusos.
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El resultado está a la vista. Públicamente está demostrado que hasta los presos más peligrosos del sistema usan celulares con albedrío: para hablar con sus familias, para tomarse fotos, para extorsionar a otros internos, para coordinar traslados de drogas, para ordenar asesinatos. Erwin Parentini es el último de una lista integrada, entre otros, por Luis Alberto Suárez, Carlos Correa y Jairo Sosa. Preso en el Penal de Libertad, Parentini fue imputado la semana pasada como autor intelectual del homicidio del hincha de Nacional Lucas Langhain. A través de mensajes y llamadas, consiguió que un sicario cumpliera su deseo a cambio de pasta base y unos pocos miles de pesos (Búsqueda Nº2052).
El ministro del Interior culpó de la situación a las compañías telefónicas. “Nosotros pusimos inhibidores de celular, pero no funcionó porque aumentaron la señal. Aumentaron la señal y rompieron los inhibidores”, explicó el 23 de diciembre a Informativo Sarandí. Los inhibidores de frecuencia son aparatos que emiten “ruido”, información inútil que satura la banda y no permite que la frecuencia opere normalmente, lo que evita el uso de celulares. En 2012 se colocaron en el Penal de Libertad y se agregaron en todos los pisos y sectores de esa cárcel teléfonos públicos para que los reclusos pudieran comunicarse con sus familias. “La recepción de señal de los celulares móviles en manos de privados de libertad ha sido anulada en su totalidad. El penal está en total calma”, destacaron en su momento en un comunicado de prensa el Ministerio del Interior y la Secretaría de Comunicación Institucional de la Presidencia de la República.
La medida se sumó a las otras prisiones más importantes del sistema, como Santiago Vázquez, pero el tiempo volvió todo el trabajo estéril. ¿Por qué? Según Bonomi por decisión de las telefónicas, según las telefónicas por decisión del ministerio. Fuentes del sector consultadas por Búsqueda indicaron que las palabras de Bonomi “no son correctas”.
“Las empresas telefónicas no aumentaron ningún nivel de señal, como dijeron. Es más, lo que se ha intentado hacer es ajustar los niveles, minimizar el impacto fuera de las cárceles al mínimo posible”, indicó uno de los informantes. Respecto a las causas para que estos aparatos no funcionen, la fuente explicó que depende de los procedimientos técnicos que determinan cómo y dónde están ubicados, procedimientos que están a cargo del gobierno. En cárceles como el Penal de Libertad y Santiago Vázquez sucedió que los inhibidores de frecuencia fueron vandalizados al estar colocados en zonas donde acceden los presos.
Desde dentro del sistema penitenciario consideran que la solución al problema va mucho más allá del debate técnico y el intercambio de culpas. “Necesitamos la lucha contra la corrupción”, dijo Ana Juanche, directora del INR, entrevistada por Búsqueda. “Hay que tener políticas de formación de recursos humanos en transparencia y ética pública muy sólidas. Hay, además, que garantizar que los funcionarios tengan unos salarios que les permitan no tener que morder coimas para subsistir. Los celulares entran con la visita, entran con funcionarios, entran en camiones de proveedores... ya lo sabemos. Nos ha pasado que sacás un celular pero en dos, tres días el preso consigue otro, es impresionante. La gente que teje redes es impresionante”, sostuvo.
Juanche considera que la política de permitir comunicaciones vía celular que tiene actualmente el INR es la adecuada, ya que la prohibición “genera unos mercados paralelos que son impresionantes”. El instructivo de la institución permite los móviles en las unidades de mínima seguridad siempre que los presos no tomen fotografías. “En esas unidades, donde las personas llevan una vida normalizada, lo más parecida posible al afuera, me parece una ridiculez prohibir el uso de los teléfonos”, argumentó. En las prisiones de máxima seguridad la jerarca es proclive a aplicar el mismo reglamento si se pudieran tener medios tecnológicos o medios humanos para hacer un uso controlado. “El problema es que no tenemos esa capacidad”.
