Las elecciones en la AUF reflejan la intención del gobierno de evitar involucrarse en el fútbol y tomar postura sobre Tenfield

Ferrari habló de una “crisis de confianza” de la sociedad hacia la AUF, al punto que dijo que en el futuro los hinchas tienen fundamentos para creer que sus equipos puedan ser “perjudicados” en un partido por “razones espurias”.

Directa jurisdicción

El jueves 16, un día después del descargo de Ferrari, Alonso fue reelecto en el Estadio Centenario como presidente de la AUF. Llegó al último día sin rival, tras una corta y durísima campaña que tomó todavía más fervor a partir del 26 de enero, cuando Ferrari se pidió licencia de su cargo de subsecretario para ser el líder opositor. Lo impulsaron principalmente un grupo de clubes que desde 2022 forman oficialmente la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo. Estas instituciones representan el interés de Tenfield por renovar en 2025 el contrato de televisión con la AUF, asociación a la que acusan de actuar irregularmente y repartir mal sus ingresos. Aseguran que las decisiones de la AUF terminan por zanjarse en su Consejo Ejecutivo, donde los clubes no están bien representados y crece la influencia de grupos como el gremio de futbolistas.

Más allá de la interna de la AUF, la postulación de Ferrari cayó mal en el Poder Ejecutivo. Tres semanas antes de que fuera inhabilitado, al menos dos jerarcas del gobierno ya especulaban con que la Conmebol iba a prohibir su candidatura ya que su función pública podía infringir el estatuto de la confederación sudamericana, que entre otras cosas obliga a sus asociaciones miembro a establecer el principio de no injerencia política. Esta posición sobre conjunción de intereses era compartida en la Torre Ejecutiva, donde creían incorrecto que Ferrari pretendiera ser candidato a una federación —la AUF— a la misma vez que integraba un organismo encargado de controlarla —la Secretaría Nacional del Deporte—. Pese a esto, la decisión desde Presidencia fue dejar que actuara con libertad y no obligarlo a renunciar a su cargo. “Que decida el Partido Colorado”, dijo entonces una fuente a Búsqueda, pasándole la pelota al sector político de la coalición al cual pertenece Ferrari.

Ferrari confiaba entonces en que el conflicto de intereses no era tal porque la resolución 166 de 2020 derogó potestades que la Secretaría Nacional del Deporte tenía por ley desde 2019 y estableció que toda denuncia y comunicación, procedimiento administrativo y resolución relativa a la policía administrativa sobre las entidades deportivas, sea tramitada exclusivamente por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

En base a su estatuto, la Conmebol le realizó el examen de integridad al que se someten todos los candidatos a presidente de las asociaciones miembro, que incluye conocer la foja de antecedentes penales y presentar un certificado de no estar en quiebra o interdicción. Ferrari no superó la prueba. “El órgano del cual es jerarca tiene directa jurisdicción sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por lo tanto, pudiera violentarse el principio de no injerencia política e independencia”, argumentó la Conmebol en una carta.

Ferrari analiza ahora si presenta algún reclamo ante el ente sudamericano; sostiene que no es funcionario público sino un cargo de particular confianza que estaba de licencia durante la campaña de la AUF. “Fui candidato a presidente y Alonso ganó. Lo de la Conmebol, inhabilitándome dos días antes de la elección citando normas derogadas, es algo que debo meditar muy seriamente porque son decisiones que involucran a mi familia y no quiero afectarla más. De todos de los documentos revisados no surge ningún impedimento para la postulación”, afirmó a Búsqueda.

El miércoles 22 retornó a la Secretaría Nacional del Deporte. Fuentes oficiales indicaron que el principal jerarca del organismo, Sebastián Bauzá, espera reunirse en las próximas horas con Ferrari para conversar sobre las declaraciones que realizó en la conferencia de prensa, al entender que, si integra un órgano de contralor de la AUF, no es conveniente que públicamente haga acusaciones sobre su actual directiva. En Presidencia el pensamiento es igual al de veinte días atrás: el Partido Colorado es quien debe resolver si corresponde que se vaya del gobierno.

Consultado al respecto, Bauzá se limitó a decir que “el gobierno no se tiene que meter en las elecciones de ninguna federación”. Algo similar dijo en 2020, entrevistado por Búsqueda sobre la negociación entre AUF y Tenfield por los derechos televisivos: “los contratos de privados los tienen que manejar los privados y el Estado no se tiene que meter. El presidente no se tiene que meter en contratos de privados. Ni ayuda para un lado ni para el otro”.

La postura del Poder Ejecutivo de no tomar medidas con Ferrari cuando decidió postularse a presidente no cayó bien en la AUF. “Miraron para el costado y se lo dije a Nacho Alonso: estás solo. No lo ayudaron. A mí me duele que nadie hizo nada”, afirmó Eduardo Ache, integrante del Consejo Ejecutivo de la asociación, entrevistado la semana pasada por el programa De Fútbol Se Habla Así en DirecTV. “La Conmebol fue quien hizo las cosas bien. Era clarísimo que no se puede ser juez y parte en la vida. Es el dos de la Secretaría de Deporte, que es la que regula a la AUF. ¿Por qué nuestro gobierno no actuó antes?”, cuestionó.

En esa entrevista Ache mencionó que desde 1998 Tenfield tiene interlocutores en cada gobierno nacional. En administraciones pasadas ese vínculo era palpable con la buena relación entre Francisco Casal y los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica. En la gestión actual el contacto no es tan llano. En Torre Ejecutiva quien conversa con representantes de Tenfield es Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, según las fuentes oficiales.

Luego de la inhabilitación de Ferrari, la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo presentó un recurso de amparo para impugnar las elecciones ante el Juzgado Letrado en lo Civil de primera instancia de 20º Turno. Ese recurso, al que la Justicia decidió no dar lugar, fue presentado por el estudio Posadas, Posadas y Vecino. El mismo estudio fue el que logró que el Ministerio de Educación y Cultura aprobara en noviembre del año pasado el estatuto y la personería jurídica de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo. La solicitud, originalmente encargada a otro despacho jurídico, había sido rechazada en julio por la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del ministerio, que observó técnicamente disposiciones en el estatuto que no se comparecían con los de una sociedad civil.

Esta decisión no fue una victoria completa, ya que el MEC se declaró incompetente para determinar que la Liga Profesional de Fútbol funcione oficialmente. Resolvió que en última instancia depende de la AUF, pues en el artículo 17 de su estatuto establece que los clubes, ligas, asociaciones, organizaciones y otras agrupaciones de clubes afiliadas a la AUF estarán subordinadas y serán reconocidas por la propia asociación.

Por el momento la aprobación del estatuto y de la personería jurídica de la Liga Profesional del Fútbol Uruguayo no parece haber dejado a nadie contento, porque la AUF presentó un reclamo ante el MEC para que revea su decisión.