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La urgencia de lo sustancial. El 30% del electorado votó a los sectores ubicados en el extremo izquierdo del FA (tupamaros, comunistas, socialistas ortodoxos y sus satélites), algo más del 10% lo hicieron por las opciones del extremo derecho (Cabildo Abierto, Partido de la Gente); entre ambos grupos, más del 40% del electorado se ubicó en los bordes del sistema republicano democrático.
La situación uruguaya es un peligroso cóctel compuesto por economía estancada, presión fiscal más elevada de América Latina, alto desempleo, obsolescencia creciente de la mano de obra, desempeño del sistema educativo caído a pique, crecimiento de la población en asentamientos irregulares, inseguridad generalizada con aumento de la violencia y del tráfico y consumo de drogas, emigración al alza, altas tasas de suicidios, señales (por ahora aisladas) de xenofobia y, lo dicho, ciudadanos que se vuelcan hacia las propuestas políticas de los extremos.
Los sucesos ocurridos en las últimas semanas en la región, como las manifestaciones callejeras en Chile apoyadas por centenares de miles de personas reclamando por transporte, educación, pensiones y vivienda; la victoria peronista en Argentina cimentada en la votación de las villas del conurbano de Buenos Aires y el resultado electoral de Cabildo Abierto en Uruguay con fuerte apoyo en los sectores de ingresos bajos del interior y del área perimetral de Montevideo (mientras cayeron las votaciones en todo el país de frenteamplistas, blancos y colorados respecto de 2014) tienen en común la insatisfacción de amplios sectores de la población que se sienten injustamente postergados en los resultados de la gestión de los gobiernos, en forma independiente de las diferentes ideologías que detentan los mismos.
La equidad no debe analizarse solo por el índice de Gini para determinar la mayor o menor desigualdad en la distribución del ingreso o la riqueza o por el porcentaje de pobreza estimado exclusivamente por los ingresos. La realidad regional pone en evidencia que para los ciudadanos es relevante el nivel de pobreza medido por la capacidad efectiva de acceder a servicios urbanos básicos de nivel decoroso (vivienda, movilidad, saneamiento, energía eléctrica, drenaje de aguas pluviales, pavimentos, caminería, calzadas, alumbrado público, recolección de residuos, etc.) y a servicios públicos esenciales (seguridad, educación, salud, justicia).
Esta realidad también enseña que, además de los factores materiales, en la percepción de equidad de las familias repercuten en forma relevante las perspectivas que perciben de movilidad social (que pueden ser tanto de ascenso como de caída) así como la incertidumbre que sienten sobre sus espaldas por circunstancias futuras que ven con probabilidad alta de ocurrencia (obsolescencia laboral, ingreso por jubilaciones y pensiones, acceso a asistencia médica de alto costo).
Distribución del ingreso, disminución de la pobreza tanto por los ingresos como por el acceso a servicios esenciales y básicos urbanos, la movilidad social y el atemperamento de las incertidumbres sobre sucesos futuros, son claves para dotar de mejor equidad a una sociedad, cualquiera sea la ideología de sus gobernantes. La inequidad proyecta segregación que conduce a la exclusión, con sus consecuencias sobre la inseguridad, la productividad, la competitividad, la inversión y, en definitiva, el nivel de actividad de la economía y de bienestar de las familias. Revertir este estado de cosas es indispensable.
El escenario electoral uruguayo apunta a un cambio en la conducción del gobierno en el próximo balotaje. Quienes asuman deben tener presentes las tendencias profundas; es necesario que encaren con rapidez y decisión modificaciones estructurales que remuevan las restricciones que tienen maniatado al país, suben la presión sobre la olla social y lo van dejando cada vez más retrasado frente a las sociedades que lideran el desarrollo. El tiempo del que se dispone no es mucho, los sucesos que estamos viendo en América Latina nos lo muestran.
