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    Las empresas públicas ajustaron presupuestos, como ordenó Vázquez

    El déficit fiscal anual fue 3,5% del PBI a junio, el mayor en el inicio de un período desde el gobierno de Batlle

    “Las empresas públicas son autónomas. Y eso lo tenemos todos claro. Pero ustedes también tiene que tener claro que no son autónomos. A ustedes los colocó el Poder Ejecutivo y si no se alinean, tienen que dejar el cargo”, les dijo el presidente Tabaré Vázquez a los presidentes de cinco entes cuando a mediados de mayo los recibió en la residencia de Suárez y Reyes para entregarles un instructivo con medidas de austeridad. Los proyectos de presupuesto para 2015 y 2016 presentados por diez empresas estatales reflejan que el mensaje del mandatario llegó claramente.

    Los planes presupuestales de Ancap, UTE, OSE, la Administración Nacional de Puertos, la Agencia Nacional de Vivienda, El Correo y los bancos de Previsión Social, Hipotecario, de Seguros del Estado, República (BROU) y Central entraron a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) así como al Tribunal de Cuentas antes del 31 de julio, en consonancia con las disposiciones constitucionales. AFE no lo entregó porque la empresa pasa por una etapa de transición en el marco de un intento de reforma del modo ferroviario, explicaron a Búsqueda fuentes oficiales.

    “Salvo algunos apartamientos puntuales, en inversiones más que nada”, los proyectos de los 10 entes “están alineados” con el ajuste que Vázquez pidió en la reunión efectuada en mayo, a la que asistieron también el ministro de Economía, Danilo Astori, y el director de Pleneamiento y Presupuesto —OPP—, Álvaro García (ver Búsqueda Nº 1.816 y 1.823). Según el instructivo entregado, en 2015 el gasto deberá reducirse en un 5% sobre lo ejecutado en 2014 y en un 3% adicional para 2016. En cuanto a los recursos humanos, la instrucción fue que recortaran 25% de las vacantes al 1º de junio de 2015, y que redujeran las horas extras. En materia de inversiones, el Ejecutivo pidió que mantuvieron el mismo nivel que en el promedio de los últimos 10 años.

    En general, esos parámetros fueron incorporados por las empresas al elaborar sus proyectos presupuestales, aseguraron los informantes. Incluyen la supresión de algunos cargos que quedan vacantes, la moderación del ritmo de las inversiones —si bien el BROU mantiene el plan relacionado con modernización de su core informático—, así como recortes “sensibles” en los gastos en publicidad, en algunos casos también en mercados en que los entes están en competencia. También incluyen reducciones en las horas extras, pero según las fuentes, allí pueden presentarse dificultades con la medida, ya que en ciertas empresas, como UTE o Ancap, algunas tareas requieren de trabajos fuera del horario normal. Y en otras, porque las horas extras operan como un “sistema” para mejorar las remuneraciones tolerado por las autoridades de los entes. “Una cosa es el papel y otra la realidad”, remarcaron las fuentes.

    Después de su análisis por la OPP y del Tribunal de Cuentas, la aprobación de los planes presupuestales de cada empresa pública se formaliza mediante decretos del Poder Ejecutivo. Se estima que ese proceso se completaría antes de fin de año.

    Los gobiernos departamentales tienen autonomía en materia presupuestal, aunque están ligados a la administración central. El jueves 30 de julio, el Ejecutivo acordó con una comisión del Congreso de Intendentes los criterios para la asignación de recursos que otorga a las diferentes comunas. La transferencia se mantiene en el equivalente a 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), a la vez que recibirán $ 7.000 millones en el quinquenio para caminería departamental.

    El lunes 3, García informó en conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, que el acuerdo compromete a las intendencias a proporicionar “toda la información” para permitir un “mejor análisis y para que no se produzcan desvíos” respecto a lo planificado. Según el titular de la OPP, de esta forma se apunta a incorporar la “variable de la sostenibilidad fiscal” en los gobiernos departamentales. “En algunos casos es necesario un equilibrio en las finanzas”, remarcó.

    Cuando todavía no cumplen un mes en sus cargos, varios de los nuevos intendentes anunciaron recortes de personal, medidas de ahorro y solicitaron créditos al Banco República.

    Más déficit

    La situación financiera de las empresas estatales —y también de las intendencias— es monitoreada con atención por el gobierno de Vázquez, ante un déficit del conjunto del sector público que ya venía siendo abultado en el final de la administración encabezada por José Mujica.

    Según las cifras difundidas a fin de la semana pasada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en los 12 meses cerrados en junio los gastos superaron los ingresos en casi U$S 1.991 millones, lo que expresado en relación al PBI es un 3,5%. Ello representó un ligero aumento del déficit —de un punto del Producto— frente al año terminado en marzo.

    Este resultado fiscal es el peor al inicio de un gobierno desde que Jorge Batlle era el presidente (2000-2005).

    Considerando los 12 meses cerrados en junio de cada primer año de gobierno, el déficit rondaba el 4,5% del PBI en el 2000, el 1,2% bajo la primera administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) y el 1,1% durante el mandato de José Mujica (2010-2015).

    El equipo económico de Vázquez tiene como meta reducir el déficit global al equivalente a 2,5% del PBI en 2019, a la vez que espera que en ese año el resultado descontados los pagos de intereses de la deuda (primario) se ubique en 1%. Eso, según las autoridades, permitiría consolidar la relación de la deuda y el Producto en niveles confortables.

    Junio.

    El ligero incremento del resultado en rojo en las finanzas públicas en junio se debió básicamente al peor desempeño de Ancap y UTE, y en menor medida de OSE, al comparar con el mismo mes de 2014. En conjunto, las principales empresas estatales dieron una pérdida de U$S 191,4 millones, frente al saldo negativo de U$S 140,2 millones de un año atrás.

    Por su parte, el gobierno central tuvo un déficit de U$S 353,7 millones en junio, que resultó algo menor al del mismo mes de 2014 (U$S 364,8 millones). Ello obedeció a que sus ingresos medidos en términos reales —descontado el efecto de la inflación— se incrementaron 12,5%, mientras que los gastos lo hicieron menos (10,4%).