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El análisis de la excesiva discrecionalidad en las políticas y la reivindicación de reglas en Uruguay fue abordado por Martín Rama en su recordado artículo El país de los vivos: un enfoque económico, publicado en 1991, como una de las causas relevantes detrás del estancamiento y posterior declive económico del país de mediados del siglo XX. El consultor Aldo Lema lo evocó en su columna en El País del lunes 1º, aludiendo a algún episodio de actualidad.
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“Si bien respecto a esa época, Uruguay moderó esas prácticas socialmente costosas, aún están lejos de desaparecer. El manejo discrecional ‘vive y lucha’. Se podrían citar muchos casos, pero hay al menos tres muy emblemáticos: las tarifas de combustibles, la política monetaria y la gestión fiscal”, enumeró Lema, director de Vixion y profesor en la Universidad de Montevideo.
“Justamente algunos de los avances de la nueva institucionalidad en la fijación de los precios de los combustibles son/eran la menor discrecionalidad del proceso y la aproximación a las tarifas de referencia internacional, junto con la mayor transparencia y la búsqueda de eficiencia en Ancap y el resto de los eslabones de la cadena. Como es bien sabido, en Uruguay han sido fijados con alta arbitrariedad e incluso prociclicidad, registrándose discrepancias prolongadas entre los valores locales y los internacionales relevantes. No han reflejado así tarifas de eficiencia, ni generado una rentabilidad sobre activos o patrimonio acorde al costo de oportunidad de los recursos que la sociedad le destinó a Ancap”, observó el economista en su columna, titulada “¿Reglas versus discrecionalidad?”.
“Uno de los riesgos evidentes sobre el nuevo esquema era el retorno a cierto manejo discrecional, como los acontecimientos recientes parecen evidenciarlo. Por supuesto que esto no solo tiene costos a la larga para la empresa y la sociedad por nuevas divergencias entre precios y costos, sino también podría tenerlos en términos de credibilidad y reputación de esta y otras políticas”, añadió.
Su columna se publicó días después de que el Poder Ejecutivo confirmara la decisión de mantener para noviembre las tarifas de los combustibles, desestimando el cálculo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) que indicaba una suba para reflejar el incremento del precio del petróleo. Al igual que el mes anterior, el gobierno entendió conveniente usar los “resultados extraordinarios de Ancap a favorecer la reactivación económica en la etapa pospandemia”.
Según las estadísticas divulgadas por el Ministerio de Economía a fin del mes pasado, Ancap dio una ganancia de caja de US$ 105,1 millones en los nueve primeros meses del año, un resultado en esa moneda levemente inferior al obtenido en enero-setiembre de 2020 (un período que refleja el impacto más duro sobre la actividad económica a raíz de la emergencia sanitaria), analizó Búsqueda. Tanto Antel y UTE mejoraron su desempeño este año (ambas ganaron US$ 153,9 millones a setiembre).
En conjunto, los cinco principales entes comerciales e industriales —los tres mencionados, más AFE, OSE y la ANP— dieron utilidades de caja por US$ 418 millones en enero-setiembre, cuando en el mismo lapso de 2020 habían ganado US$ 251 millones.
La decisión de mantener las tarifas de Ancap fue interpretada por dirigentes del Frente Amplio como una jugada política de cara al eventual referéndum por la Ley de Urgente Consideración. Señalaron que el nuevo esquema de fijación de las tarifas de los combustibles —instaurado a través de varios de los artículos cuestionados de esa norma— es impopular y que, al no aplicarlo a rajatabla, el gobierno lo está admitiendo.
También desde la calificadora FitchRatings observan con cierto excepticismo la reforma en torno a las tarifas de los combustibles. “Vemos difícil que haya grandes cambios en el mercado de combustibles, que ha sido el caso en la LUC y hasta ahora no está del todo claro el plan para eliminar los subsidios cruzados detrás del factor X” —un concepto que engloba los sobrecostos de Ancap—, dijo la semana pasada en Búsquedasu analista a cargo de Uruguay, Todd Martínez.
“Señales”.
“Del mismo modo en las finanzas públicas, el actual gobierno ha impulsado un ‘enfoque de reglas’, guiando la política fiscal por metas (decrecientes) de déficit estructural —el resultado efectivo cíclicamente ajustado—, techo en el crecimiento potencial para la expansión del gasto público y límites al endeudamiento. ¿Se sostendrá esa institucionalidad o también enfrenta riesgos de revertirse por el ciclo político-electoral?”, pregunta Lema, quien hace pocas semanas fue designado como miembro del Consejo Asesor Fiscal, un órgano creado como parte de esa reforma.
Agregó que las “señales respecto a la ejecución monetaria podrían ser similares”. Indicó que, para avanzar hacia una inflación más baja y estable, el Banco Central se propuso mejorar la institucionalidad de esa política por la vía de lograr “mayor autonomía en su gestión, al menos en los hechos, aunque sería deseable también en ‘derecho’; y una regla monetaria que —condicional a la brecha del PIB— minimice los desvíos inflacionarios respecto a las metas fijadas. ¿Se sostendrán esos cambios o podría quedar latente la idea de que —con cierta recuperación de credibilidad en el compromiso antiinflacionario— se prolongue la expansividad monetaria más allá de lo justificado para privilegiar en el corto plazo otros objetivos que no puede afectar a la larga?”, interrogó el consultor.
Y cerró su columna con una advertencia: “Si en atención a las señales prevalecientes en la fijación de las tarifas de combustibles se extrapola discrecionalidad fiscal y/o monetaria, la consolidación fiscal y la moderación inflacionaria no se percibirán como duraderas, ni creíbles. Y tampoco la reactivación”.
El economista Javier de Haedo, quien también publica análisis en El País, apoyó a Lema en Twitter por su “muy oportuna columna” sobre “el incumplimiento de una regla (sobre fijación de precios de los combustibles), y qué puede pasar con las otras reglas en vigencia”.
