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    miércoles 12 de junio de 2024

    Las políticas de Estado “a la uruguaya” y sus riesgos

    Nº 2240 - 31 de Agosto al 6 de Setiembre de 2023

    ¿Debe haber políticas de Estado? ¿Puede haberlas? El planteo va y viene desde hace varias décadas. Algunos ejemplos recientes ilustran la actualidad de la discusión. Mario Bergara, que ha sido recientemente proclamado precandidato a la presidencia por un conjunto de sectores autoidentificados como “seregnistas”, argumentó que Uruguay precisa políticas de Estado al menos en tres áreas: seguridad, educación y exclusión social. La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg logró el apoyo unánime del Parlamento para mejorar la coordinación de las políticas de infancia como primer paso hacia políticas de Estado en esa área. Desde el gobierno, Diego Sanjurjo, con el apoyo del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, llevó adelante una extensa serie de reuniones con representantes de todos los partidos para acordar bases de una política de Estado en temas cruciales para la seguridad ciudadana. Desde la sociedad civil, mientras tanto, Investiga.uy, la “asociación de investigadoras e investigadores del Uruguay”, ha propuesto que la política de “investigación, desarrollo e innovación” sea una “política de Estado”.

    A nadie se le escapa que la elaboración de acuerdos interpartidarios sobre políticas públicas “ex ante”, explícitos, no es ni fácil ni frecuente. Esto puede ocurrir por muchas razones distintas. A veces, los gobiernos no tienen interés en convocar a la oposición a dialogar. Otras veces, aunque podrían estar interesados en hacerlo, o no lo consideran políticamente viable, o piensan que no es conveniente desde el punto de vista de sus estrategias de supervivencia política. Otras veces, pocas, los astros quedan alineados: un gobierno ofrece dialogar de buena fe y la oposición acepta participar lealmente. Hay algunos ejemplos interesantes. Hace algo más de una década, al comienzo de la presidencia de José Mujica, funcionaron cuatro comisiones multipartidarias que llegaron a acuerdos en políticas públicas de incuestionable trascendencia: educación, seguridad, energía y medio ambiente. Pero cualquiera que siga de cerca la dinámica de las políticas públicas en este país podrá comprobar que hay muchas, realmente muchas, políticas de Estado de otro tipo. Las llamaré “ex post”. Son políticas de Estado “a la uruguaya”.

    El camino recorrido por este tipo de políticas es fácil de reconocer. En determinado momento, el gobierno A decide impulsar la política α. La oposición B decide que no le conviene apoyar la política pública α, y encuentra argumentos para cuestionarla. Mientras el gobierno A sigue a cargo, la política pública α se mantiene. Como Uruguay es una buena democracia, tarde o temprano se verifica la alternancia de roles: A pasa a ejercer la oposición y B a ocuparse del gobierno. En ese momento, B decide dejar de lado los argumentos que lo llevaron oponerse a la política pública α, y encuentra alguna forma más o menos ingeniosa de sostener su cambio de posición ante la opinión. Al mismo tiempo, como B tiene su propia agenda, propone la política pública ß. Por su lado, A decide que le pagará a B con la misma moneda, y se apresura a encontrar la forma de tomar distancia de la política ß, sin tomar en cuenta que, alternancia mediante, un día podrá volver al gobierno y tendrá que admitir que esa política pública no estaba tan mal. Ex ante no hubo acuerdos, ni sobre la política a ni sobre la política ß. Lo que la ciudadanía hubiera esperado es que las políticas públicas α y ß permanecieran solamente durante los mandatos respectivos de A y B. De hecho, sin embargo, cuando se alternan en los roles, α y ß quedan firmes, convertidas en políticas de Estado.

    Una política de Estado ex post, por tanto, es una convergencia interpartidaria que se verifica por la vía de los hechos, tácitamente, sin que se haya registrado previamente un acuerdo explícito. Esta forma de hacer política tiene un lado saludable. Es bueno que las políticas públicas que han demostrado funcionar durante una administración dada se mantengan cuando cambia el partido de gobierno. Una de las razones por las cuales la democracia uruguaya ha merecido el elogio internacional es, precisamente, que un amplio conjunto de políticas públicas, de hecho, funcionan como políticas de Estado. Cuando un país tiene políticas públicas estables, se vuelve previsible y atractivo para su propia gente, pero también para migrantes e inversores de afuera. Es un hecho que Uruguay ha construido una parte importante de su prestigio internacional, precisamente, gracias a que predomina la estabilidad sobre el cambio. Es visto, de lejos, como un país creíble.

    La reflexión sobre la credibilidad conduce, inevitablemente, a la pregunta siguiente. ¿En qué medida la práctica de olvidar en el gobierno las críticas que se hicieron desde la oposición afecta la credibilidad de los partidos políticos? No tengo cómo responder de modo inequívoco esta pregunta. Pero arriesgo una respuesta. Pienso que esta forma de hacer política, tarde o temprano, erosiona la confianza de la ciudadanía en los partidos y en la democracia. Este efecto negativo opera a través de dos canales, directa e indirectamente. El público más informado no puede sino tomar directamente nota de estos cambios de postura e interrogarse acerca de la honestidad intelectual de las críticas. El público menos informado, mientras tanto, pierde interés y confianza en la política indirectamente, es decir, a través de las acusaciones entre los distintos partidos. La ciudadanía termina escuchando una sucesión de reproches mutuos y concluyendo, otra vez, “son todos iguales”.

    Las políticas de Estado ex post son relativamente frecuentes y tienen un punto de partida elemental. Nuestros partidos parecen pensar que hay una y solamente una forma de hacer oposición: oponerse a todo. Temo que, a menudo, desde el análisis político hayamos contribuido a legitimar esta práctica. En lo personal, por ejemplo, recuerdo haber escrito más de una vez que la estrategia de campaña de Luis Lacalle Pou en 2014, que tenía como eje central el concepto de “la positiva”, no era la mejor para captar votantes. Acaso no lo fuera. En todo caso, no perdió esa elección por haber adoptado ese enfoque, y tuvo el mérito de alejarse de una práctica que merece ser corregida para que la ciudadanía no termine perdiendo confianza en las instituciones políticas. Desde luego, para ganar la elección B tiene que tomar distancia de las políticas de A. Pero B debería hacer el esfuerzo político e intelectual de criticar solamente aquello que honestamente considera cuestionable. Debería tomar en cuenta que, en el día de mañana, puede tocarle asumir la delicada tarea de gobernar y que, llegado ese momento, terminará validando lo que antes criticó. La ciudadanía demanda sinceridad y honestidad. Cada día que pasa, un poco más.