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Las políticas de la Policía están marcadas por jerarcas que “se formaron en la dictadura”
Para Rafael Paternain, senador suplente y exasesor del Ministerio del Interior, el control de los derechos humanos se interpreta desde las instituciones como un “capricho que obstaculiza”
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Los reclamos que en el mes de mayo Mario Layera realizó al accionar del gobierno en materia de seguridad reavivaron un debate continuo en la izquierda sobre cómo solucionar la violencia. Layera, director nacional de Policía, simbolizó con sus comentarios a El Observador, a una parte del oficialismo que reclama combatir a delincuentes y grupos de criminales sin especulaciones políticas ni electorales, encarado como un problema de seguridad nacional. Del otro lado se ubica un sector que considera erróneo el abordaje represivo y el crecimiento del aparato policial por encima de los recursos sociales y educativos.
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En esa línea está el sociólogo Rafael Paternain, actual senador suplente de Casa Grande. Con una carrera de casi veinte años en el Ministerio del Interior, Paternain ha sido muy crítico con el gobierno desde que se fue de la cartera a inicios de 2011 luego de renunciar como director del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad por diferencias en la forma que se contabilizan los delitos. Volvió a serlo el jueves 6 durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales.
“A nivel de la Policía como una de las instituciones emblemáticas responsable de las políticas de seguridad hay una continuidad muy interesante que podemos llamarla continuidad generacional. Los cuadros policiales que hoy mandan se formaron en la época de la dictadura, tuvieron un proceso de formación policial en la década del 70”, dijo. “Cuando uno repasa los discursos, por ejemplo del actual director nacional de la Policía, se va a encontrar con claves de referencia cultural que algo marcan en el sentido de esa formación. Hablo de una continuidad institucional que marca las formas de mirar, de pensar las políticas, de tener ciertos esquemas que permean a las instituciones”, agregó en una charla en el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Paternain se refirió a la formación de los jerarcas policiales como uno de tres elementos que, hasta el día de hoy, ha permitido una “relación de inercia” entre derechos humanos y seguridad. “La institucionalidad estatal encargada de la seguridad en un sentido amplio ha sido, y en parte es, a lo largo del proceso histórico, una unidad de violación de los derechos humanos. Basta reconstruir el proceso de la doctrina de la seguridad nacional, previo o dictadura mediante, hasta ahora, incluyendo el ciclo democrático, para confirmar que las políticas de represión y de tortura, han sido parte de un derrotero, de una identidad”, indicó.
Paternain se refirió a la formación de los jerarcas policiales como uno de tres elementos que, hasta el día de hoy, ha permitido una “relación de inercia” entre derechos humanos y seguridad.
Otro de los elementos que según el sociólogo avalan esa continuidad histórica de violación de los derechos humanos es el encarcelamiento masivo en el país, “algo que impuso la dictadura” mediante la persecución política y que desde el retorno de la democracia en 1985 tiene a Uruguay “con altas tasas” de personas privadas de libertad “y una cárcel como un emblema, una institución más vigente que nunca, claramente más funcional que nunca”.
La última razón que esgrimió Paternain es un proceso de varios años de militarización de la seguridad que “capaz pasó inadvertido”, “una militarización 2.0” que empezó dentro de la Policía a partir de la década del 60, “se profundizó en la dictadura” y desde el 2010 “tuvo una clara confluencia de desarrollo institucional en la Guardia Republicana”, que se creó como Dirección Nacional en el inicio del segundo gobierno del Frente Amplio con la fusión entre la Guardia de Coraceros y la Metropolitana. En su discurso Paternain ejemplificó esta militarización de la seguridad con los allanamientos que últimamente el Ministerio del Interior desplegó en el barrio Los Palomares, pues “operan sobre la base de la inteligencia policial aplicada al territorio”.
La Policía atada de manos.
A Paternain, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, lo acompañaron en la charla Clara Musto, también docente del Departamento de Sociología, y Leticia Pérez, docente del Departamento de Trabajo Social. Fueron invitados a hablar sobre seguridad y derechos humanos durante las XVII Jornadas de Investigación Científica de la Facultad.
Otro de los elementos que según el sociólogo avalan esa continuidad histórica de violación de los derechos humanos es el encarcelamiento masivo en el país.
Paternain sostuvo que desde el 2005 los gobiernos frenteamplistas han modificado su discurso sobre los derechos humanos, que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez “implicó un cambio de paradigma” en el Ministerio del Interior, donde “operaba como una suerte de freno a una serie de prácticas muy arraigadas”.
“Hoy aquella idea de los derechos humanos como un freno a los excesos de las instituciones estatales encargadas de la seguridad en algún punto está deslegitimado socialmente”, apuntó. “La fuente más importante de deslegitimación es que en realidad el discurso de los derechos humanos opera de obstáculo para metas realistas. Es la línea de deslegitimación que opera dentro de las instituciones, la que no se ve. Cualquier cosa que uno haga en términos de control de los derechos humanos es un problema, es la Policía atada de manos, se interpreta como una especie de capricho que obstaculiza los objetivos de la lógica interna de desarrollo institucional”.