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En 48 horas comenzó a suceder en Uruguay y en Argentina lo que tiempo atrás el presidente José Mujica había temido: dos veteranos militares que tuvieron roles protagónicos en dictadura murieron presos y con ellos se cerraron fuentes de información clave sobre violaciones de derechos humanos.
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El viernes 17, a los 87 años de edad, murió en su celda el ex dictador Jorge Rafael Videla; cumplía condena por delitos cometidos en la dictadura de su país (1976-1983). Dos días antes, el miércoles 15, falleció el coronel retirado Carlos Calcagno en prisión domiciliaria a los 72 años de edad. Ambos casos despertaron la reflexión de algunos dirigentes y jerarcas oficialistas —y también de la oposición— que saben que los militares uruguayos que están presos por crímenes de la dictadura (1973-1985) seguirán el mismo camino por la extensa condena que recibieron. Para el ex tupamaro Víctor Semproni es tiempo de negociar.
“Estoy totalmente dispuesto a ir a negociar con los militares que están en (la cárcel de) Domingo Arena. Acá lo fundamental es el objetivo, y ese es conocer el destino de las víctimas para cerrar una etapa. No es solo una demanda de los familiares: es una demanda de toda la población. Tenemos que averiguar el destino de las víctimas”, dijo el diputado del Frente Amplio en diálogo con Búsqueda.
Tiempo atrás, el legislador le transmitió —de forma personal— esta idea al presidente José Mujica. El mandatario y ex guerrillero le dijo que “lo iba a pensar”, pero nunca le dio respuesta. Semproni entiende que los tiempos se van acortando, y que la muerte de Videla tiene que llevar a que toda la sociedad uruguaya reflexione. “Deberíamos reflexionar si no sería mucho más útil Videla vivo y preso en la casa, y habiendo brindado la información que hoy se llevó al cajón”, remarcó.
Mujica tiene una posición muy similar a la del diputado. Antes de ser electo como presidente dijo el miércoles 18 de febrero de 2009 al diario “El Observador”, que si ganaba la elección estaba dispuesto a promover un perdón a los militares “que asuman la verdad” sobre las muertes y desapariciones durante la dictadura.
Esta semana, ante una consulta de Búsqueda a raíz de la muerte de Videla en Argentina y del coronel retirado Carlos Calcagno en Uruguay, el jefe de Estado declaró que su postura permanece incambiada: “Sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Creo que no tiene gollete tener gente anciana presa, salvo en casos marcadamente patológicos. Creo que no tiene ningún sentido. Eso lo digo en general, para todos los ancianos (presos)”, afirmó.
Semproni remarcó que la negociación debe ser clara: “Usted me da el dato, yo lo confirmo y usted se va para su casa con prisión domiciliaria”, subrayó. A pesar de entender que es la mejor forma de conseguir a tiempo información certera y concreta, opinó que el Frente Amplio “es posible que aún no esté maduro” para una movida de ese tipo. “Creo que (el Frente) debería de reflexionar sobre esto. Sería mucho más importante que se diera con el destino de las víctimas, aunque estos tipos estuvieran en la casa”, opinó Semproni, quien argumentó que se trataría de un beneficio para toda la sociedad uruguaya y permitiría cerrar hechos que de otra forma quedarían inconclusos.
La muerte de Videla despertó reacciones en las redes sociales. Si bien varios manifestaron su “alegría” por el hecho, para otros el hecho no puede ser visto como positivo porque se perdió la posibilidad de obtener detalles de los procedimientos militares en dictadura.
Uno de los políticos uruguayos que opinaron en este sentido fue el diputado frenteamplista Sebastián Sabini. “Se murió Videla y se llevó mucha información sobre dónde están. Se murió justificando todas sus atrocidades. No hay nada de qué alegrarse”, escribió el viernes 17 el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) en su cuenta de Twitter.
El lunes 20, como todos los años, la organización de familiares de desaparecidos realizó la tradicional “Marcha del Silencio” por la avenida 18 de Julio. Este año la consigna apuntó contra la Suprema Corte de Justicia por su dictamen de inconstitucionalidad de la norma que eliminó la “ley de caducidad”. “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables?”, decía la pancarta principal.
Horas antes de esta manifestación el diputado de la oposición Fernando Amado (Vamos Uruguay) pidió a los militares que tienen información que den datos sobre el paradero de las víctimas.
“El silencio de los responsables de desapariciones nos condena a cargar con sus aberraciones para siempre. No nos condenen a eso, por favor”, escribió el diputado colorado en su perfil de la red social Facebook. Su padre llegó a ser comandante en jefe del Ejército en la década de los 1990, y si bien no estuvo vinculado al combate a la guerrilla tupamara, sí fue oficial de esa fuerza durante el gobierno militar. Desde que llegó al Parlamento, el joven legislador de 30 años intentó en varias oportunidades promover el debate sobre esa etapa de la historia reciente.
Amado declaró a Búsqueda que apoya “todo lo que vaya en la línea de lograr cerrar la herida” y encontrar el paradero de los desaparecidos. “Creo que hay que agotar todos los esfuerzos y poder devolverle a la familia la historia y los restos de sus familiares. Tengo ese sentimiento, pero sé que es muy complejo por las actitudes de las personas que puedan tener información. Nos están cargando con esto para siempre. No se dan cuenta de eso”, enfatizó.
Amado consideró que “sería muy importante que los que tienen información hablen”. “Sé que es un deseo que cae en saco roto seguramente; es necesario para que esto no siga recayendo en personas que ni siquiera vivieron ese período”, explicó.
En un sentido similar, el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, reafirmó su idea de que es necesario “cerrar con los silogismos” sobre quién comenzó el conflicto que derivó en la dictadura de 1973. “Un conflicto que es parte de nuestra historia reciente y del que ninguno de nosotros es ajeno, ya que enfrentó a padres e hijos, a hermanos, amigos, vecinos, a familias enteras”, expresó en su discurso por el 202 aniversario del Ejército el 18 de mayo en Melo.
En ese sentido remarcó que no se puede “buscar de uno u otro (lado) culpables”. Es la “hora de abandonar las posturas maniqueístas y, fundamentalmente, es la hora de usar el intelecto, calidad humana que nos aleja de la intolerancia, sacándonos de la oscuridad y las tinieblas”, dijo. Luego agregó: “Señores, nuestros hijos merecen una mejor circunstancia, y nosotros, sus padres, debemos actuar con coraje, valor, hidalguía y coherencia”.