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La Comisión Permanente del Poder Legislativo resolvió “tomarse unos días” para estudiar “en detalle” los currículos de los jueces que fueron propuestos por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para acceder a un Tribunal de Apelaciones, informó a Búsqueda el diputado oficialista Carlos Gamou.
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El legislador expresó que no existe “ningún problema puntual” con los candidatos que propuso el máximo órgano judicial del país, pero que se trata de una potestad del Parlamento otorgar la venia.
“La venia la envió la Corte, pero nosotros debemos analizarlo porque nos corresponde y por una cuestión de respeto. No podemos ser únicamente un sello más”, razonó.
“A mí me pesa mucho en lo personal que los nombres sean enviados por la unanimidad de la Corte, pero vamos a verlo”, comentó, y añadió: “En ese sentido vamos a tomarnos unos días para estudiar los currículum, pedir ampliaciones y juntarnos con asesores que nos informen”.
Gamou sostuvo que el martes 22 se juntarán nuevamente los integrantes de la comisión para seguir discutiendo el tema. Los otros integrantes son el nacionalista Sergio Abreu y el colorado Fernando Amado.
Los candidatos que la Corte propuso para integrar los Tribunales de Apelaciones son las juezas civiles Loreley Opertti y Raquel Landeira, el juez de lo Contencioso Administrativo Adolfo Fernández de la Vega y el juez de familia Eduardo Martínez Calandria.
Si bien la solicitud de la Corte se hizo sin indicar a qué tribunales se dirigirán los candidatos, en conversaciones informales en el ámbito judicial se indica que —en caso de que se aprueben todas las venias— Opertti y Landeira pasarán a un tribunal civil, Fernández de la Vega se desempeñará en un tribunal de familia y Martínez Calandria puede quedar como ministro suplente.
Opertti es la jueza que en la actualidad dirige el proceso civil en el contencioso entre la Dirección General Impositiva (DGI) y el empresario futbolístico Francisco Casal.
En tanto, Fernández de la Vega se ha destacado en los últimos años por dictar fundadas sentencias en las que amparó el derecho de los pacientes a acceder a medicamentos de alto costo contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el derecho de los ciudadanos a acceder a información que la administración mantenía reservada.