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En el año 2006 el entonces diputado oficialista Esteban Pérez acompañó a los empresarios Gabriel Pérez Morgan y Alfredo Correa en sus gestiones para proponer una planta de bioetanol en el departamento de Canelones.
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Luego, cuando la sociedad anónima estatal Alur invitó a otras empresas a ofertar por una obra similar en Paysandú, esos empresarios cuestionaron el procedimiento y los precios manejados, e intentaron que se les diera la posibilidad de participar.
A su vez, en el 2012 el senador blanco Jorge Saravia dijo que no le cerraban los números del emprendimiento de Alur y que sospechaba de una “maniobra” por la cual alguien “se lleva 50 palos verdes” (Búsqueda Nº 1.665).
Este año Alur denunció a Pérez Morgan y Correa por difamación, luego de que hablaran de una “monstruosa sobrefacturación” del proyecto ante la Comisión de Industria del Senado.
Pero tanto Pérez como Saravia, a pesar de estar vinculados de distintas formas al caso de las acusaciones contra el emprendimiento que Alur terminó adjudicando a la empresa Abengoa (Teyma), declararon ante la Justicia que no tienen elementos que indiquen un manejo “turbio” del llamado, según las actas judiciales a las que accedió Búsqueda.
El 11 de julio Saravia respondió un cuestionario por escrito. En él afirmó que no obtuvo respuesta a su pedido de informes, dijo que “la argumentación esgrimida para no tomar en cuenta una oferta más conveniente cuando aún no estaba adjudicada la obra resulta muy endeble” y recordó que el proceso de adjudicación terminó “más de un año después de que el señor presidente de la República (en palabras del señor Sendic) le pidiera al presidente de Alur y Ancap tener en cuenta la nueva oferta”.
Saravia también enumeró algunas declaraciones discordantes entre sí de autoridades de Ancap y Alur sobre el costo total del emprendimiento. Dijo que en el 2012 su cuestionamiento “se hacía en base al costo de 110 millones que costaría la planta, según declaraciones públicas”, pero “desde entonces a la fecha esta brecha en los valores se ensancha considerablemente”. Sostuvo que “el costo ahora está en 147 millones de dólares americanos” y “en cambio los valores internacionales han disminuido”.
“Por otro lado es desconcertante la discrepancia de valores en los medios por parte de autoridades de Ancap y Alur”, afirmó.
Sin embargo, consultado sobre si “en algún momento le manifestaron los denunciados de la existencia de corrupción, monstruosa sobrefacturación” o “claro direccionamiento” en el marco del proceso, contestó que no, que tomó conocimiento de la denuncia en las actas de la Comisión de Industria del Senado del 5 de marzo de 2014, en la que comparecieron Pérez Morgan y Correa.
Además dijo que no le correspondía hacer una denuncia ante la Justicia “por no tener los elementos concretos”.
Cuando compareció el ex diputado Esteban Pérez, el 29 de julio, la abogada Hebe Martínez Burlé, patrocinante de Alur, le preguntó si “sospechó que hubiera algo turbio” en el llamado “cuando vienen a decirle que eligieron a otras personas”.
“No. (...) Si hubiese tenido la convicción de que hubiera algo turbio hubiese hecho la denuncia correspondiente. Entiendo que si se hizo una licitación se hizo dentro de los parámetros correctos”, respondió el ex legislador, que renunció a su banca en 2013.
“Solo me llamó la atención que el costo de la empresa del Sr. Pérez fuera tan bajo con respecto a la cifra que fue pública, pero no conocía los pliegos de lo que ofrecía el Sr. Pérez, ni tampoco lo que contrató Alur, para opinar”, agregó.
Tras esa declaración, Martínez Burlé sostuvo —según consta en las actas— que “si hubieran considerado que existían cosas turbias, que no lo entendió así el senador Saravia cuando le fue manifestado, ni el ex legislador Esteban Pérez, así como ningún otro actor político ni los miembros de la oposición de Ancap, (...) antes de salir a decirse todas las cosas que se dijeron (...) debería haberse presentado una denuncia ante Crimen Organizado”.
