Días atrás ingresaron al Parlamento dos proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo que, en caso de aprobarse, implicarían grandes transformaciones en los negocios de Antel. En distintos artículos del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) y de la nueva propuesta de “ley de medios”, se propone habilitar a terceros a desarrollar servicios de telecomunicaciones utilizando la red de fibra óptica de la empresa estatal. Por otro lado, se permite que los operadores de televisión por cable ofrezcan servicios de Internet por banda ancha, un negocio que hasta ahora está exclusivamente en manos de Antel.
Los cambios propuestos han causado controversia. Han sido elogiados por el sector privado y han recibido críticas desde la anterior administración del Frente Amplio. La coalición de gobierno, mientras tanto, defiende sus proyectos. El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo el lunes 4 en el programa En Perspectiva que los artículos de ambas leyes fueron pensados “mirando a un gran ecosistema, no hacia un monopolio donde Antel hace todo con fondos públicos”.
“Esto no se hace, como piensa la oposición, para desguazar, desmantelar o privatizar a la estatal”, aseguró. “Lejos de privatizar, esto es darle alas a las telecomunicaciones en el país”, dijo el ministro.
Una de las más críticas sobre los cambios propuestos ha sido la senadora Carolina Cosse, exministra de Industria y expresidenta de Antel. En el Parlamento, Cosse afirmó que la estatal llevó adelante el proyecto de fibra óptica al hogar con inversión propia y sostuvo que hoy no hay una realidad objetiva que justifique abrir a la competencia esa infraestructura.
“En el mundo se abre la competencia por razones de falta de cobertura, que no es el caso de Uruguay. Acá la cobertura es del 78% y por eso estaríamos obligando a Antel a compartir la infraestructura, lo que es un desestímulo a la inversión privada y a la pública. Es incomprensible”, cuestionó.
En el sector de las telecomunicaciones, las opiniones están divididas. Mientras algunos especialistas desconfían de las intenciones que hay detrás de este nuevo modelo de liberalización de las redes estatales para convertirse en mayoristas, otros ven la medida con buenos ojos.
El exdirector nacional de Telecomunicaciones Sergio De Cola dijo a Búsqueda que en su opinión es difícil comprender cuál es el objetivo real de la reforma. En ese sentido, cuestionó las afirmaciones de Paganini en cuanto a que los cambios facilitarán el futuro desarrollo de la tecnología 5G, ya que “va a requerir inversiones que posiblemente no estén al alcance de Antel”.
“Coincido con la visión del ministro de que posiblemente se necesite inversión tanto del sector privado como del público para el correcto despliegue de la red. Pero eso es el futuro y este artículo habla de lo que ya está hecho. Si ese es el objetivo perseguido, si refiere a una red que aún no existe, no queda claro para qué se precisa este artículo y hablar de servicios mayoristas”, afirmó el ingeniero.
El director del Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe (Lacnic), Oscar Robles, consideró que la apertura de la red de fibra de Antel puede ser positiva para mejorar la cobertura. A su juicio, la principal preocupación del Estado debe ser buscar la cobertura total de las redes de telecomunicaciones y velar porque los usuarios tengan distintas opciones a la hora de elegir un prestador.
“Para todos los países siempre va a ser desafiante llegar al 100% de cobertura. La forma en que han atendido ese desafío es justamente teniendo la posibilidad de que múltiples actores, tanto comerciales como comunitarios o estatales, puedan participar de diferentes formas en la conectividad. Y eso se da compartiendo infraestructura u obligando al titular a compartirla”, afirmó.
De todas formas, aseguró que compartir la infraestructura no es lo mismo que regalarla. Quien hizo la inversión debe necesariamente obtener algún beneficio, subrayó. No obstante, en este caso, el objetivo iría más allá del lucro.
“Cuál es el objetivo de Antel es una parte clave, es decir, cuál es el modelo de Estado que se busca en Uruguay. Cuando se tiene el 100% de cobertura todo es justificado, pero si no se tiene, es una falencia”, explicó. Para Robles, si el Estado “con esa visión de no lucro” logra llegar a la cobertura total, es justificado que se abran las redes.
Casos de éxito
La ingeniera Maryleana Méndez fue presidenta del ente regulador de telecomunicaciones de Costa Rica cuando, 10 años atrás, el país caribeño atravesó un proceso de apertura del mercado, muy similar al que se plantea hoy en Uruguay.
En diálogo con Búsqueda, la actual secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones dijo que hay dos aspectos importantes para realizar un proceso exitoso. El primero radica en el fortalecimiento e independencia del regulador, lo que permite garantizar que las decisiones estén técnicamente fundamentadas y que se respeten y protejan las inversiones en un mercado en competencia abierta. Eso, aseguró, fue clave en la apertura de las telecomunicaciones en su país.
En segundo lugar, en cuanto a la apertura de redes mayoristas, el regulador debe necesariamente implementar metodologías apropiadas, con plazos establecidos. “Esto no ha sido sencillo en ningún país del mundo, por eso es importante que el regulador sea muy consistente en sus decisiones”, sostuvo Méndez. Para la especialista, la competencia de mercado favorece la innovación de la oferta, lo cual es bueno para todos los usuarios, porque tendrían diferentes opciones para encontrar la que más se ajuste a sus necesidades.
Consultada sobre la experiencia en Costa Rica, Méndez sostuvo que hasta hoy mantienen un operador público, que lidera ampliamente el mercado. Y que si bien está en competencia, también tiene un negocio mayorista.
“Aquí la empresa del Estado sigue siendo la que tiene más usuarios. Con respecto a 10 años atrás, es una empresa mucho más eficiente, más competitiva. La apertura de telecomunicaciones, que en Costa Rica se hizo simultáneamente en fijo y móvil, fue muy exitosa, sobre todo de cara al usuario final”, aseguró. Según dijo, actualmente las cableras tienen enlaces fijos a los hogares y hay otros operadores mayoristas de fibra óptica, tanto locales y estatales como regionales.
Inversiones
“Si haces una inversión como hizo Antel, con una planificación de recuperación determinada, y viene otro y te quita un pedazo del ingreso, obviamente estás demorando el retorno de esa inversión”, planteó De Cola.
El argumento del gobierno es que la reforma permitirá a la empresa estatal contar con nuevos ingresos —a través del cobro por el uso de sus redes—, algo que fue cuestionado por el exjerarca. “Lo que va a terminar pasando es que venga un privado y le quite clientes a Antel con una estrategia comercial. Y que además le pague un precio mayorista a la estatal. Va a ser como quitarle esa parte de los ingresos a Antel para que sea una renta para los privados”, opinó.
De Cola también criticó que la reforma no sea simétrica, es decir, que solo implique la apertura de redes para la empresa estatal y no de las privadas, como ocurre en la mayoría de los países que cuentan con esa regulación.
Respecto a si el cambio en la legislación beneficiará a los usuarios, el ingeniero sostuvo que el monopolio es una herramienta para conseguir objetivos y que existen situaciones donde puede resultar razonable tener una empresa pública con ese régimen. A su juicio, si bien la apertura a la competencia puede mejorar los servicios, en Uruguay no hay problemas de precios o de calidad que la justifiquen.
“Esto se hace por una razón más filosófica o ideológica, porque para este gobierno la competencia per se es un objetivo, y no es un medio para. Lo que puede ser perverso es que esto no estimule la competencia del mercado, sino que fomente una pelea por quedarse con una tajada de los ingresos de Antel, canibalizando el mercado”, cerró.
Información Nacional
2020-05-07T00:00:00
2020-05-07T00:00:00
