N° 2072 - 21 al 27 de Mayo de 2020
Alguien puede considerar ocioso reiterarlo, pero los hechos demuestran que nunca es suficiente. La libertad de expresión constituye un pilar central en cualquier sociedad democrática. Es un derecho consagrado en la mayoría de las constituciones y en la nuestra surge del artículo 29, que reafirmó la ley de prensa Nº 16.099 de 1998.
En el ámbito internacional integra desde 1976 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se basa en los principios de las Naciones Unidas.
En síntesis: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y esta consiste en tener la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier índole. Para que no queden dudas, el artículo 19 del Pacto establece que no existe el límite de las fronteras y que la búsqueda, recepción o difusión puede ser oral, escrita, impresa o artística, así como por “cualquier otro procedimiento” a elección de las personas.
El ejercicio de este derecho puede estar sujeto a restricciones legales para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás y para la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Solo en esos casos.
La libertad de expresión y sus vertientes (entre las principales, las de prensa e información) han sido desde siempre limitadas por algunos gobiernos para evitar que se los cuestione públicamente. En esa triste vanguardia regional están Cuba, Nicaragua y Venezuela, líderes en colocar piedras en el camino de las libertades.
Por ello sorprende que el articulado del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) del gobierno proponga restricciones que afectan o condicionan la libertad de expresión y el acceso a la información pública, lo que afecta los derechos humanos.
Imagino que con la intención de proteger otros derechos los autores se distrajeron y provocaron un peligroso desbalance. Sobre esa situación el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) informó a la comisión especial del Senado que analiza el proyecto. Cainfo es una organización sin fines de lucro para la promoción y defensa del derecho a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana.
Señaló que los artículos 11, 14, 45, 491, 492 y 493 de la LUC “implican una violación de la obligación del Estado de garantizar la protesta pacífica”. Es una limitación a ese ejercicio legítimo e “incurre en una penalización que incumple los estándares universales de derechos humanos”.
Advierte que el artículo 11 podría llevar a la cárcel a las personas por “agraviar por palabras” a un policía. Para los periodistas, es un riesgo porque por criticar o cuestionar la acción de un policía puede ser sancionado y esto es creciente según el mayor rango del funcionario.
La reforma propuesta modifica el Código Penal y sanciona con entre tres y 12 meses de prisión a quien “obstaculice, menosprecie, agravie, atente, arroje objetos, amenace, menoscabe, insulte o afrente por palabras, escritos o hechos, a un funcionario policial”.
Cainfo remarca que el uso de la fuerza por parte de la policía “debe atenerse al principio de necesidad y proporcionalidad”, lo que no ampara el artículo 11. Esto “implica un riesgo de arbitrariedad muy alto, en especial en un contexto de protesta social”. Este artículo, de la forma en que está redactado, le otorga al funcionario “una inmunidad que se asemeja mucho a la impunidad, presuponiendo que todo el accionar policial es correcto y ajustado a derecho, y todo aquel que se le oponga por casi cualquier mecanismo se convierte en un criminal, pasible de encarcelamiento”, advierte.
El extenso informe cuestiona también el artículo 14 referido a la ocupación indebida de espacios públicos porque incluye todas las eventuales posibilidades de ocupación “atribuyéndoles por defecto una intención espuria, que linda con lo delictivo”. Cainfo también menciona como una amenaza al derecho a la protesta social pacífica los artículos 491, 492 y 493: “Librada a la arbitrariedad de los agentes de seguridad del Estado el uso de la fuerza, e incluso prevé el auxilio de otros organismos públicos”.
Destaca que el artículo 105 le da “total discrecionalidad” al Ministerio del Interior para solicitar a las empresas de telecomunicaciones “información detallada de la localización geográfica del terminal de llamadas, sin necesidad de que exista una orden judicial”, impidiendo una vez más “el imprescindible contralor entre los poderes de un Estado democrático”.
Para tener una clara noción del análisis de Cainfo es importante leer su detallado informe1.
La preocupación por el articulado no se limita a observadores locales. Esta semana el canciller Ernesto Talvi y el Senado recibieron objeciones del abogado y periodista Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La semana pasada en Búsqueda Lanza aseguró que varios artículos vulneran libertades fundamentales y destacó cambios que le preocupan, como por ejemplo el artículo 105, que permite al Ministerio del Interior solicitar a las empresas telefónicas la georreferenciación de los usuarios en el marco de investigaciones policiales. “Es una herramienta muy potente para esclarecer delitos, pero si no se utiliza bien” es peligrosa para la vida privada de cada persona. Es un mecanismo que requiere control judicial.
Cuestionó las limitaciones a las protestas bajo la denominación de “piquetes”, según lo define el artículo 492 del proyecto de ley. “En ningún instrumento internacional se denomina a una manifestación piquete, por lo que habría que definirlo en concreto”, dijo. “Y segundo, estamos hablando del ejercicio de expresar demandas reunidos, ya sean sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas o los vecinos, siempre que se haga pacíficamente y sin armas”.
La terminante opinión del relator es central porque entre sus funciones tiene la de asesorar a la Comisión Interamericana sobre casos en los que esta debe fallar. Esto permite llamar la atención sobre situaciones que afectan la libertad de pensamiento y expresión, y crear jurisprudencia aplicable tanto en el sistema interamericano de derechos humanos como para las autoridades nacionales.
Ante el Senado también se expidió el profesor de Derecho Penal Germán Aller con una serie de cuestionamientos sobre los cuales se comprometió a avanzar mediante un informe.
Quizá cuando este ejemplar llegue a los lectores el gobierno haya revisado el texto original de la LUC para aventar los riesgos planteados y establecer que los derechos de los ciudadanos y sus libertades están sobre lo político.
Si ocurre, bienvenido sea.
