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Al tiempo que participó de manera activa en la búsqueda de un crédito para que los funcionarios de la Intendencia de Salto cobren hoy jueves el sueldo y el aguinaldo, el futuro jefe comunal de ese departamento, Andrés Lima, se presentó como abogado ante la Justicia para pedir que se frenara el desalojo de una señora y su nieto discapacitado con la promesa de que una vez asumido el cargo buscará una solución definitiva para ellos.
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Un mes antes de asumir, Lima planteó ante la justicia local que prorrogue hasta mediados de julio el lanzamiento de una vivienda de una anciana y su nieto discapacitado. El Juzgado de Paz de Primer Turno de Salto, resolvió el lanzamiento de una mujer de 70 años y su nieto para el 3 de junio. Luego concedió un plazo hasta el 8 de junio a las 14.00 horas para que la mujer y su hijo abandonaran la vivienda.
Ese día Lima se presentó en el juzgado solicitando una prórroga de lanzamiento hasta el 15 de julio “con la intención de que la compareciente resuelva de manera definitiva su problema habitacional”.
“La compareciente tiene previsto una solución habitacional, una vez asumido el Dr. Andrés Lima como intendente de Salto, esto es luego del 9 de julio próximo. Es intención del intendente electo solucionar el problema habitacional de la compareciente, cuestión que puede resolver con posterioridad al 9 de julio”, dice el petitorio por Lima y la mujer afectada divulgado ayer miércoles por el diario “El País”.
Lima explicó a Búsqueda que la señora “buscó una solución en el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Vivienda y en la Intendencia en la actual administración. Y como no encontró solución por ningún lado fue a verme”.
“Resolvimos presentar un escrito pidiendo al juez para que prorrogase el lanzamiento para que pueda asumir como intendente y le busque una solución”, agregó.
El futuro intendente dijo que la solución en la que está pensando es primero alquilarle una habitación en una pensión. Sostuvo que la comuna salteña hace esto con frecuencia para atender “situaciones de emergencia”.
“Se paga uno o dos meses mientras se busca una solución. Nosotros le plantearíamos al Comité de Emergencia que busque una solución de fondo, mientras la Intendencia pagaría unos dos meses de alquiler”, dijo.
Lima recordó que ejerció como abogado cuando fue edil y ahora como diputado. “No hay incompatibilidad con lo que he hecho. No puedo ejercer en el sector público”, aclaró.
El artículo 122 de la Constitución indica que los senadores y diputados no podrán recibir empleos rentados de los poderes del Estado, gobiernos departamentales, de los entes autónomos, servicios descentralizados o de cualquier otro órgano público “ni prestar servicios retribuidos por ellos en cualquier forma, sin consentimiento de la Cámara a la que pertenezcan”.
Lima aclaró, además, que desde hace 15 años no cobra por sus actuaciones como abogado. “He ejercido honorariamente, es un camino que tomé hace muchos años”.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero calificó como “un disparate” lo que hizo Lima. “Este es un caso que debería recoger la peor historia jurídica”, dijo.
