Los pedidos de acceso a la información pública presentados por Búsqueda a cada uno de los ministerios aportaron algunos datos —aunque notoriamente incompletos— sobre sus tercerizaciones. Varios no contestaron hasta esta semana (ya vencido el plazo y la prórroga) y algunos respondieron pero no en específico a lo solicitado; unos pocos cumplieron de forma cabal.
En concreto, las solicitudes, presentadas en simultáneo el 19 de enero, requirieron un “listado de todos los servicio básicos permanentes (limpieza, mantenimiento edilicio, vigilancia, publicitarios y otros) que hayan sido prestados” al ministerio durante 2022 “por proveedores externos —tercerizados— contratados por el inciso a tal efecto, identificando en cada caso la empresa proveedora, el tipo de servicio provisto, la cantidad de personal asignada y el costo” imputable a ese año. Dada la dispar calidad de las respuestas, para ninguna de esas variables es posible calcular cifras totales.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Contratos diversos
Entre los que dieron información acorde a lo pedido, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es de los que en 2022 tuvo más personas por fuera de su estructura que le prestaron servicios básicos de funcionamiento, un total de 233. Eran empleados de cuatro empresas; el contrato más grande por su monto (unos $ 50 millones) fue con Prodomus S.R.L. por el servicio de vigilancia que prestó con 130 personas. De la limpieza se encargaron 41 operarios de MYM Servicios S.R.L., hubo 30 de la Cooperativa Social de Mantenimiento Integral que trabajaron en el edificio sede en el Centro y 32 de otra cooperativa —Coochofa— que le brindó servicio de transporte al ministerio conducido por Martín Lema.
A modo de referencia para dimensionar esos números, a fin del año pasado el Mides tenía 1.862 vínculos laborales —funcionarios y no funcionarios—, según la ONSC.
En su respuesta, Desarrollo Social informó también de otras adquisiciones realizadas el año pasado, en general relacionadas con la comunicación y el soporte en ciertos eventos (indicando para estos casos que “no aplica” especificar una cantidad de personal). El contrato por mayor monto, de $ 390.400, fue para que le elaborasen “productos de difusión institucional”.
El año pasado, unas 90 personas externas prestaron servicios de vigilancia, limpieza y soporte informático al Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Bajo un contrato con Convi S.A. por unos $ 14 millones, alrededor de 20 personas estuvieron abocadas a la vigilancia. Duodyn S.R.L. le dio asistencia informática a esa secretaría de Estado con cinco técnicos. Por su parte, Teregal S.A. le facturó casi $ 14 millones por el servicio integral de limpieza que fue brindado con 25 trabajadores. En 38 ciudades y localidades del interior, de esa tarea se ocupó una persona por oficina, dos o tres días a la semana.
El Ministerio de Ambiente entregó información amplia y más allá de lo solicitado en cuanto a su contratación —indicó algunas que no serían permanentes sino ocasionales, como la “reparación de cortina metálica”, la “apertura de cerradura” o la “colocación de piso”—, pero incompleta: no detalló la cantidad de personas involucradas en los trabajos tercerizados básicos permanentes, como se pidió.
En sus planillas, Ambiente listó más de 40 adquisiciones, identificando el rubro, el proveedor, el tipo y número de compra (en general directa), y los montos de cada una. Uno de los contratos más onerosos ($ 9.395.972) fue el servicio integral de limpieza de locales y vidrios adquirido a la Cooperativa Norte Verde.
Contrató vigilancia con Tepeyo S.R.L. (casi $ 3.295.000), así como transportes con chofer y fletes en camión y camioneta y “servicios de publicidad y difusión” al Impo, a la Organización de la Prensa del Interior, a El País y a la Sociedad Rural de Durazno.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) respondió que trabaja “una limpiadora” en cada oficina regional de su Dirección Nacional de Transporte, dependientes de la empresa contratista Franquez Fitipaldi. Fueron 15 en total.
Entre enero y junio dos guardias de la firma Subi Chagas vigilaron el Departamento de Tesorería, un servicio de seguridad que después se discontinuó.
El MTOP adjuntó otra planilla con “servicios tercerizados contratados” en 2022 que incluyó, en el Área Financiero Contable, a tres personas asignadas al “mantenimiento y la mejora de la facturación de amarre”, 13 que realizan el “control de la Ley de Tercerizaciones” y una que vigiló la oficina central.
En el área Hidráulica tres guardias de Belenus S.A. rotaron en turnos de ocho horas. En Administrativa y Mantenimiento Portuario las contrataciones detallaron en algunos casos la cantidad de personal y en otros la cartera aclaró que fue “variable” o informó rangos (de tres a cuatro en mantenimiento eléctrico u ocho a 14 funcionarios en limpieza, por ejemplo). La cifra aproximada que surge es de al menos 108 y 122 si se toman los máximos.
Otra planilla consignó tres limpiadores tercerizados que cumplieron tareas en las oficinas regionales de Paysandú, Salto y Rivera.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de cuatro contratos de empresas, incluyendo el número de personas asignadas a servicios permanentes.
Por un lado, fueron hasta 10 dependientes de Elemany que durante todo 2022 estuvieron a disposición en el contact center para el Departamento de Residencias; con un máximo de seis empleados, la misma empresa proveyó un “servicio de cadetería y mozos”. Por ambos contratos le facturó a la Cancillería por $ 11.501.217.
Con hasta 10 personas, Desa Limitada prestó servicios de apoyo técnico a tareas contables y del sistema informático GRP todo el año pasado. Igual cantidad de empleados trabajaron para el Centro de Atención Ciudadana. La empresa facturó por ambos contratos $ 12.225.392.
Otros “servicios básicos” contratados por Relaciones Exteriores informados refieren a la fumigación de su sede, al mantenimiento mensual de los equipos de aire acondicionado y de la flota de autos o el envío y recepción de valijas diplomáticas, entre varios más.
En el caso del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), los contratos de limpieza incluidos en su respuesta abarcaron distintos períodos, algunos por unos meses de 2022 y otros que llegarán hasta setiembre de 2023. Considerándolos todos, fueron 18 personas dependientes de ocho empresas. Del “mantenimiento edilicio” se encargan otras tres firmas, pero la cartera no detalló con cuántos trabajadores. Una de esas, Taym S.A., también le hizo la recolección de residuos durante el segundo semestre del año pasado, aunque tampoco indicó el número de personas asignadas a esa tarea.
Adicionalmente, cinco empresas prestaron servicios de vigilancia al MEC, pero solo para dos se especificó el personal a cargo (un par en ambos casos).
Sin apegarse estrictamente a lo solicitado, el Ministerio del Interior entregó 10 páginas listando sus licitaciones y compras directas en rubros variados (mantenimiento del sitio web, de vehículos, de la central telefónica, de ascensores y de aires acondicionados; compras de papel higiénico, carne, pollo y merluza; un servicio de televisión por cable; licencias informáticas; un servicio anual de taxímetro, etc.), y lo “facturado” por eso durante 2022. Pero en ningún caso indicó la cantidad de personas dependientes de las empresas adjudicatarias que estuvieron involucradas.
De esas planillas surge que la cartera que encabeza Luis Alberto Heber tuvo contrato con un servicio mensual de limpieza de oficinas y del hangar de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía con la Cooperativa de Trabajo Atenea por $ 51.000. A Corsur S.A. le pagó $ 143.960 por encargarse de la limpieza en un local del ministerio en la avenida General Flores.
Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS
Estado bajo derecho privado
En 2013 el PIT-CNT creó una comisión sobre tercerizaciones. El fenómeno ya había tenido un crecimiento bastante antes, durante la última dictadura, y después registró un aumento “exponencial” en la primera década de 1990, repasó Recalde. No paró en los períodos de gobierno del Frente Amplio, aunque entonces hubo regularizaciones en las que se presupuestaron trabajadores y se aprobaron normas que “ayudaron a ordenar”, al mismo tiempo —lamentó— generaron una suerte de legalización de las tercerizaciones en el Estado. “Ahora estamos en una vuelta” al crecimiento “como en los 90”, sostuvo el dirigente del PIT-CNT. Dijo que ha habido diálogo por estos temas con autoridades de la ONSC y del MTSS, pero hasta el momento no se avanzó en nada concreto.
Años atrás un funcionario de gobierno frentista manejó una estimación de 120.000 trabajadores tercerizados en todo el Estado. Buscando datos más precisos, en 2016 el PIT-CNT realizó pedidos de acceso a la información a todos los entes y servicios descentralizados, además de a la administración central, pero salvo excepciones no sacó nada en limpio.
A partir de relevamientos que hacen los propios sindicatos y de información que surge de las licitaciones, Recalde aseguró que, hoy, el 100% de los organismos tiene alguna tarea tercerizada. En las áreas de seguridad y limpieza “todo el Estado está tercerizado”, lo que suma más de 10.000 trabajadores, afirmó.
Según el dirigente, actualmente en UTE es más el personal externo que le presta servicios que la propia plantilla del ente (6.221 a fin de 2021), y en la salud pública las únicas áreas no tercerizadas son aquellas “muy delicadas”. Mencionó como un caso particular que en OSE se pasó de una tercerización primero a una privatización total del servicio de toma del consumo de agua en Montevideo.
Con el apoyo de su Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT pretende empezar a elaborar un análisis más sistemático, también en el sector privado, para cubrir el vacío de información.
“Con estos procesos de tercerizaciones, es el Estado pero (funcionando) bajo derecho privado”, sostuvo. Planteó esto como un problema con distintas aristas: salarios bajos, menos beneficios e inestabilidad laboral para el trabajador; peor calidad de ciertos servicios públicos para el ciudadano; y una carga en impuestos mayor para el contribuyente porque, aseguró, al Estado estos contratos le terminan saliendo más caros que cumplir sus cometidos con funcionarios públicos, ya que el privado le suma en lo facturado las cargas sociales de sus empleados y una tasa de ganancia. “Se está disfrazando el gasto público”, aseveró. Otra erogación no menor, según el dirigente, deriva de los “millones de dólares largos, largos, perdidos por el Estado” en juicios por situaciones “grotescas” que ocurren en el marco de las tercerizaciones.