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El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, dijo en el juzgado de crimen organizado que le resultó difícil contratar a un experto en materia tributaria porque la mayoría de los que hay en el país ya trabajaban o habían asesorado al menos una vez al contratista de fútbol Francisco Casal, informaron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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La Justicia en crimen organizado investiga una denuncia del penalista Gustavo Salle, quien solicitó que se indague por qué el Estado contrató al abogado Juan Manuel Albacete —del estudio Guyer & Regules— cuando tiene profesionales en sus filas que podían asesorarlo acerca de si Casal debía impuestos —y por cuánto dinero— por la transferencia de jugadores. Sobre ese punto, fuentes oficiales informaron a Búsqueda que Casal planteó semanas atrás un pedido formal ante la Presidencia para que reconsidere su caso.
Lorenzo declaró el martes 28 en calidad de indagado, asistido por el abogado José Luis González, frente al fiscal Juan Gómez y al juez Néstor Valetti. También declaró el fiscal de gobierno Miguel Toma, quien fue asistido por el abogado Alejandro Balbi.
Según las fuentes, Lorenzo declaró que cuando Casal interpuso un recurso de revocación y jerárquico contra resoluciones que la Dirección General Impositiva (DGI) había aprobado para cobrarle impuestos, fue a consultar al jefe de tributación de la cartera, el contador Nelson Hernández.
En ese momento —comentó— se percató de que Hernández ejercía como director general de Rentas cuando surgió el diferendo con Casal.
De acuerdo con los informantes, Lorenzo sostuvo que de inmediato se dirigió a la sala de abogados del Ministerio de Economía para que lo asesoraran, pero que allí advirtió otra dificultad: no había un tributarista de prestigio para afrontar un caso tan complejo. Según relató, uno de los abogados del Ministerio le recomendó que recurriera a Albacete por su experiencia en el área y al ver su currículum lo consideró una persona idónea, agregó el ministro.
Según la resolución, firmada por el presidente José Mujica y fechada el 27 de diciembre, se contrató a Albacete “en régimen de arrendamiento de obra” por el plazo de un mes para que el profesional realice una “consulta jurídico-tributaria”.
El juez Valetti le preguntó al ministro de Economía por qué no recurrió al Instituto de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República para hacer la consulta, a lo que Lorenzo respondió que no se le había ocurrido esa posibilidad. De todos modos, agregó que le hubiera “pasado lo mismo?, porque la mayoría de los especialistas hubieran estado impedidos porque estaban o fueron al menos una vez contratados por Casal.
Minutos más tarde el juez interrogó al ministro acerca de quién tiene el expediente en la actualidad. Lorenzo respondió que después de que intervino en el asunto se lo “pidieron” de la Presidencia de la República. Y de inmediato el magistrado repreguntó: “Si quiero verlo, ¿a quién se lo tengo que pedir?”,“Supongo que a mí y yo se lo pido a Presidencia”, contestó el ministro.
De acuerdo con las fuentes, Toma declaró que su intervención en el caso fue “técnica”, ya que se trataba de un expediente muy “intrincado” de más de 6.500 fojas y con gran repercusión mediática.
Aclaró que debido a que existía una “confrontación procesal” en el tema entendió que lo mejor era que se contratara a un especialista para actuar de modo más “diligente y responsable”, aunque precisó que no sugirió nombre en particular alguno.
