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    Lorenzo fustigó quejas de empresarios en un foro al que faltaron sus referentes; Cámara de Industrias hará “nota de respuesta”

    Los directivos de las principales cámaras empresariales no esperaban tener “novedades positivas” en la exposición de las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central, en la mañana del martes 19, en el tradicional foro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Seguramente por eso decidieron priorizar otras actividades en su agenda y no asistieron al complejo Punta Cala, donde se realizó el evento.

    En gobiernos anteriores, dicho foro era utilizado por los jerarcas para hacer balances, difundir proyecciones macroeconómicas y eventualmente hacer anuncios. Pero su tónica cambió con la llegada al poder del Frente Amplio.

    Javier Carrau

    El título de esta edición fue “Incentivos productivos, cambios estructurales y desarrollo económico y social”. La Presidencia de la República publicó detalles el lunes 18 en su sitio web: dijo que el equipo económico evaluaría “en profundidad” el apoyo que da el Estado a las empresas, la inversión y la producción, incluyendo estimaciones de su costo fiscal. También los jerarcas hablarían de la situación de la competitividad comercial, los costos salariales y la rentabilidad, anticipó.

    En torno a estos últimos temas giró un documento difundido en agosto por las principales cámaras empresariales, en las que se acusó al gobierno de hacer una gestión fiscal que termina perjudicando al sector privado con mayores costos, entre otras críticas. Ese manifiesto había tenido una primera respuesta del ministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien le atribuyó intencionalidad política a las gremiales firmantes, y en el foro de ACDE volvió al asunto —aunque sin aludir al documento del empresariado— manejando cifras actualizadas y ampliadas de estimaciones presentadas por su cartera en junio pasado. “Estamos combatiendo el debate sin fundamentos”, dijo.

    El ministro dijo en el evento de Punta Cala, que “la sociedad” destina apoyos al sector productivo por U$S 1.674 millones anuales y que ese monto representa “nada más ni nada menos” que cerca del 11% del gasto público total.

    Señaló que la “contribución” que las empresas hacen a través de impuestos son menores a las exoneraciones y transferencias que reciben del Estado.

    Por la tarde del martes, algunos empresarios vinculados a las mayores cámaras intercambiaron opiniones acerca de lo dicho por las autoridades de gobierno y en algunos casos se reunieron con los asesores económicos de sus gremiales y comenzaron a trabajar en una nota de respuesta. Así lo informó a Búsqueda el presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau, quien dijo que no comparte el diagnóstico que el equipo económico realizó sobre el buen momento en términos de competitividad (ver recuadro).

    “Él forma parte de un Estado que es pesado, y para ser competitivos tenemos que serlo internamente, tener un costo país razonable, cosa que no tenemos”, agregó ese empresario.

    Sobre los apoyos recibidos, Carrau señaló que “muchos se dieron a grandes empresas para proyectos de inversión y no a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas que son el 85%” de las firmas en Uruguay.

    La “caja de herramientas”.

    Durante el foro organizado por ACDE Lorenzo se refirió a los diferentes mecanismos de estímulo a la producción como una “caja de herramientas”. Explicitó sus costos y los resultados.

    En su análisis destacó los logros del régimen de promoción de inversiones tras su reformulación en 2007, y bajo el cual —apuntó— se promovieron 3.900 proyectos por más de U$S 10.000 millones.

    También se mostró satisfecho con el impacto del régimen de zonas francas bajo el cual actúan empresas sin pagar impuestos nacionales; estimó inversiones por U$S 3.983 millones para 2013.

    Asimismo señaló la trayectoria virtuosa que tuvieron rubros como el software, amparados en regímenes de promoción sectorial, los que hoy benefician a la industria naval, maquinaria agrícola, biotecnología, hoteles, condominios, POS, residuos industriales, energías renovables, electrónica, etc.

    También resaltó la importancia de la promoción de la vivienda de interés social y el régimen de free shops.

    En cuanto a la actividad exportadora, el ministro mencionó la devolución de IVA y de otros impuestos indirectos, así como la prefinanciación de los negocios. Apuntó que el costo fiscal anual por estos sistemas ronda los U$S 178 millones. “Son transferencias monetarias específicas realizadas desde el sector público al sector exportador todos los años”, remarcó.

    Luego aludió a los subsidios específicos vigentes para el sector textil-vestimenta y automotriz. Sobre el primero, que recibe un “enorme apoyo” de más de U$S 16 millones anuales, comentó ante una pregunta del público acerca del futuro de esos regímenes: “Acompañar a un sector en problemas es muy de uruguayo, es uno de los pecados que tenemos que tratar de ir cambiando”.

    En el mismo sentido, al hablar del subsidio que “hace más de 20 años” reciben los armadores de automóviles y partes—que según las estimaciones de Economía tiene un costo anual de U$S 50 millones—, Lorenzo afirmó que es un incentivo con “necesidades de rediseño”. Alegó que el rubro perdió participación en las exportaciones totales, que “tiene bajísimo aporte al valor agregado” y no logró “transformar en nada” su realidad.

    “Un mismo rasero”.

    Tras el repaso de los instrumentos, el titular de Economía comparó los apoyos recibidos por los sectores empresariales con su aporte al fisco como contribuyentes.

    Señaló que el costo para el Estado de todos esos estímulos es de 3,3 puntos del Producto Bruto Interno, lo que a cifras del año 2012 —afirmó— equivalen a U$S 1.674 millones y 11% del gasto público global.

    “(...) Tenemos sectores como el automotriz, de curtiembres, donde los apoyos triplican (...) las contribuciones que realizan a la sociedad”, señaló. “En tops de lana es más de tres veces el apoyo por encima de la carga tributaria, y hay algunos como la industria química donde la situación es diferente”, agregó.

    Apeló a medir todo con rigurosa igualdad: “Cuando se habla de utilización adecuada de recursos tenemos que medir con un mismo rasero. (...) Lo que no corresponde es hacer valoraciones muy negativas del gasto público cuando el gasto va dirigido de un sector del que yo no soy parte y cuando va orientado a uno del que yo soy parte”.

    “Los apoyos son superiores a la carga tributaria” que pesa sobre el sector exportador de bienes. “Si estuviéramos en una zona franca ambos serían cero”, apuntó.

    El discurso de Lorenzo fue escuchado por un público compuesto por algunos empresarios, integrantes de consultoras, jerarcas del gobierno, políticos y medios de prensa. También llegó con el evento empezado el presidente José Mujica.

    “Algunos (directivos) no querían asistir y yo tenía otros compromisos”, justificó Carrau. Añadió: “No es un evento donde fuéramos a tener novedades, dado que desde febrero las autoridades están prometiendo medidas paliativas y no han llegado”.

    Tampoco asistieron las principales autoridades de la Cámara de Comercio y Servicios, de la Unión de Exportadores, la Cámara de la Construcción o la Asociación de Promotores Privados de la Construcción. También hubo una escasa representación del sector ruralista.