Los costos de personal y las regulaciones laborales están entre los mayores obstáculos para la competitividad, según empresarios

Si bien usualmente se suele asociar el concepto de competitividad a la relación de precios de una economía respecto a otras expresados en una misma moneda —a través del índice de tipo de cambio real—, se trata en realidad de “un fenómeno complejo con múltiples dimensiones y variables, y que involucra relaciones de causalidad muchas veces difíciles de definir”, sostienen los autores. Y asimilan tal concepto a la “capacidad para alcanzar aumentos de productividad que se mantengan en el tiempo”.

Cuatro de cada diez ejecutivos (40,5%) opinan que el entorno económico para los negocios en Uruguay se encuentra “igual” que en “años anteriores”, 32,4% piensa que está “peor” y algo más de 20% sostiene que mejoró. Al imaginarse la situación en un “futuro lejano”, algo más de la mitad (51,4%) vaticina un deterioro.

El 33,8% de los empresarios considera que los costos laborales son un obstáculo “mayor” para la competitividad y otro 20,3% lo visualiza como una restricción “muy severa”. Los que asignan esos juicios a las regulaciones laborales suman 47,3%, y casi un tercio (31,1%) en el caso de la conflictividad.

Aproximadamente cuatro de cada diez encuestados también identifican como obstáculos importantes (“mayor” o “muy severo”) la falta de preparación de la fuerza laboral, la ausencia de una “cultura de cooperación” y el reducido tamaño del mercado uruguayo.

En referencia a la los recursos humanos, la mayoría hace un juicio negativo sobre la calidad de la educación en todos sus niveles, y también son más de la mitad los que aseguran que es difícil encontrar empleados con destrezas. Los investigadores de la UCU afirman que “entre las estrategias clave para el desarrollo económico competitivo se destaca claramente la necesidad de encarar procesos de mejora sustancial en el área educativa. El país ha visto deteriorar en forma apreciable, en los últimos tiempos, la calidad de la educación (...)”.

Casi ocho de cada diez ejecutivos entiende que el “costo total de hacer negocios es alto”. Son minoría los que están conformes con la disponibilidad de infraestructura física en el país, y las opiniones están divididas en cuanto a las comunicaciones, los servicios de Internet y telecomunicaciones, y el financiamiento de inversiones de corto y largo plazo.

Desequilibrios macroeconómicos

Los autores afirman que como “un efecto de los desequilibrios macroeconómicos” el tipo de cambio real “cae”. Señalan que la inflación en dólares en Uruguay aumentó 180% en los últimos 10 años, pero remarcan: “(...) No sólo importa a qué ritmo nos encarecemos nosotros, sino también importa no quedar rezagados a la evolución de los costos de los demás países, donde muchos de ellos están adoptando medidas de mejora de la productividad para abaratarlos”.

En el corto plazo, las “necesidades de financiamiento del sector público y privado, así como la política monetaria contractiva para controlar la inflación, inciden en la apreciación de la moneda” local, explican.

Si a la mayor inflación y consecuentemente caída del tipo de cambio real “se la mira además vinculada a los costos de producción, aparecen otros problemas del ‘lado de la oferta agregada’”, sostienen los técnicos de la UCU. Como ejemplo mencionan que los costos de la energía y combustibles en Uruguay “son muy elevados en relación a los estándares internacionales”, y “muchas veces lo que reflejan” las tarifas son “necesidades fiscales”.

También son ejemplos, afirman, “políticas de recuperación e incrementos de salario real” que “ponen un piso al costo de producción en la medida que no necesariamente responden a aumentos de productividad”, así como “una tasa de inversión que, habiendo crecido mucho en los últimos años”, aún resulta insuficiente para cubrir la demanda de infraestructura.

“Queda como reflexión, que el problema no es estrictamente uno de tipo cambiario/monetario, sino que en tanto sistema complejo, la pérdida de competitividad refleja los diferentes desequilibrios macroeconómicos y un esquema de incentivos no del todo alineados hacia una mejora de la productividad”, sentencian los investigadores. Por tanto, dicen, se debe “seguir avanzando en materia de políticas de corto plazo (fiscal, monetaria y de ingresos), y en políticas públicas y privadas de largo plazo (reformas que promuevan una mayor productividad) para dejar de encarecernos y apuntar a una mejora sostenible de la competitividad de la economía uruguaya”.

El país dio “pasos importantes en el comportamiento de sus exportaciones en la última década. Las ventas al exterior han crecido fuertemente, los mercados se han expandido, aunque se han concentrado en términos de productos comercializados, con un porcentaje elevado perteneciente a sectores con menor incorporación de valor agregado”, evalúan los técnicos de la UCU.

En su opinión, “Uruguay ha progresado en diversas acciones y políticas orientadas a la mejora de la productividad y los aspectos que la condicionan, pero no se visualiza una estrategia clara de construcción competitiva en los términos definidos en este informe, con una adecuada coordinación y participación de los actores involucrados”.