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    Los deudores en UR del BHU

    Sr. Director:

    Con fecha 23/10/2013 el Directorio del BHU resuelve autorizar a aproxidamente 22.500 deudores en UR (unidades reajustables) con créditos vigentes en la institución, a optar por pasar sus deudas a UI (unidad indexada). Como es sabido, la UR ajusta su valor en función del Indice Medio de Salarios y con este índice se reajusta anualmente el valor de las deudas pactadas en dicha unidad de cuenta, mientras que las deudas en UI, moneda cuyo valor se actualiza por IPC (Indice de Precios al Consumidor) reajusta las deudas mensualmente. Los deudores que hagan la opción firmarán un nuevo contrato que no contiene quita alguna y cuya tasa de interés pasa a ser del 6 u 8%, según el caso, que es la tasa equivalente a la tasa del 4,5% que se ha aplicado a la mayoría de los créditos otorgados en UR. Estos son los lineamientos básicos aprobados por el BHU —según información de prensa— en respuesta a lo planteado por el Movimiento de Deudores, que procuraba el cambio de UR a UI con una quita del 25% del valor actual de la UR, y que la tasa de interés pasara a ser del 3,7%: se sustenta dicha demanda, en que el período de gobierno del FA, el Indice Medio de Salarios de los trabajadores ha sido superior al del IPC (léase inflación) y por tanto ese escenario ha sido negativo por su calidad de deudores en UR.

    Hace más de un año, el diputado del Partido Independiente Iván Posada había presentado en Diputados un proyecto de ley planteando una quita en las deudas en UR, equivalente al porcentaje de diferencia de la evolución entre UR y UI en los últimos 7 años, y con el nuevo valor de las deudas se efectuaría el pasaje a UI, determinando tal demanda una megaquita que podría superar los 300 millones de dólares.

    Obviamente, ninguno de los planteos realizados tendría andamiento por razones varias, p.ej.: 1) La multimillonaria quita implicaría afectar seriamente el patrimonio del BHU, ya que la misma superaría la capitalización de éste (U$S 250 millones) prevista en la Ley Nº 18.046 que, junto a otras importantes medidas permitió que la institución saliera del “CTI” donde estuviera desde el 2002 al 2009 sin que pudiera cumplir con su función fundamental: otorgar crédito para la vivienda. Si las autoridades de Gobierno accedieran al planteo del PI, que ha estado actuando como vocero político de los deudores en UR, estarían decretando una nueva quiebra del BHU, cercenando de esa manera la esperanza de decenas de miles de ahorristas, o sea, de aquellos que hoy no tienen vivienda ni con cuotas en UR ni en UI. 2) En el año 2005, al asumir el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez tuvo que resolver la disyuntiva de cerrar un Banco que había dejado de serlo (no daba crédito, no tenía recursos y sí muchas deudas) o proceder a una radical reestructura del mismo en el marco de la creación de un nuevo Sistema Nacional de Vivienda: el BHU pasaba a ser un Banco especializado en el crédito hipotecario con destino a la vivienda, capitalizado, con carteras de crédito saneadas (la mora había llegado al 83%) y bajo el control estricto del Banco Central, desprendiéndose de numerosas funciones que pasaron a la Agencia Nacional de Vivienda, disminuyendo su presupuesto al suprimir los 2/3 de la red física y de los recursos humanos. Hoy el “nuevo BHU”, ha aumentado su patrimonio, registra utilidades año a año, ha bajado la morosidad de sus carteras, ya ha otorgado miles de créditos, capta a miles de nuevos ahorristas, proyecta emitir Obligaciones Hipotecarias Reajustables como forma de fondearse y así poder atender la creciente demanda de crédito para compra y refacción de vivienda, un BHU que al presente ocupa un 60% del mercado de crédito hipotecario del país.

    3) El otorgamiento de quitas más cambios de las unidades de cuenta (de UR a UI) implica modificación de decenas de miles de contratos que producen impactos negativos diversos: patrimoniales como ya se ha señalado, en la imagen de la institución ante los futuros ahorristas e inversores, en los propios deudores como futuros tomadores de crédito en sistema bancario (pasan a ser deudores Categoría 5) y también con el entorpecimiento de la gestión administrativa del BHU. El cambio de moneda en operaciones de largo polazo (25 años) no es un acto intrascendente como un cambio de camisa: si el valor de la UI se elevara en forma importante por efectos de un agudo proceso inflacionario (experiencia que los uruguayos hemos vivido y sufrido en más de una oportunidad), ¿se reclamaría nuevamente volver a la UR creada en los años 60 justamente como una protección en defensa de los deudores, ya que los pagos que éstos efectuarían estarían más en sintonía con el nivel del salario real percibido?

    4) No hay pruebas contundentes que demuestren que a lo largo de todo el período de los préstamos en UR (25 años o más), los tomadores de éstos hayan pagado más o vayan a pagar más en relación a los préstamos por el mismo monto y plazo en UI: quizás de la comparación resulte una suerte de empate o pagos mayores para los tomadores en UI. Sugerimos la lectura de un interesante informe al respecto de la Consultora Deloitte publicado en el sitio “Espectador.com” el 30.10.2013.

    Llama la atención el hecho de que, pese a que ya estamos viviendo en el país un clima preelectoral, casi ninguna fuerza política haya tomado orgánicamente la reclamación del movimiento de deudores del BHU, pese a que bien mirado, estos junto a sus familias representan un interesante universo electoral a captar. Pero, sí, como toda regla siempre tiene alguna excepción, esta fue la del Partido Independiente (PI), primera y única fuerza política que ha ocupado un cargo en el Directorio del BHU en representación de la oposición. Y lo que más llama la atención es que el PI levanta una bandera reclamando quitas multimillonarias que pueden significar la quiebra del BHU, cuando ese sector nunca creyó en la reestructura del BHU y votó en contra de la Ley Nº 18.127 del 27.4.2007 que justamente ha sido la gran herramienta jurídica que permitió que los uruguayos hayamos recuperado el BHU y con él, la esperanza de decenas de miles de trabajadores de poder acceder a la vivienda propia. El diputado Iván Posada en oportunidad de la discusión de la citada ley manifestó el 18.4.2007, que quienes votaban esa ley le otorgaban “el certificado de defunción al Banco Hipotecario” ya que era una propuesta que “se alineaba con las recomendaciones que tanta veces firmó nuestro país con el Fondo Monetario Internacional…

    Ahora el presidente del PI Sr. Pablo Mieres aparece con tronitosas declaraciones contra las autoridades del BHU y el Gobierno desde el diario “Correo de Punta del Este” el 29.19.10 acusando a éstos de “engaño lamentable”, “engaño infame”, y que “el gobierno no quiso hacerse cargo de esta propuesta (¿la del PI, la de los deudores?) y la descalificó de manera gruesa, injusta, falsa y equivocada.

    Señor Mieres, el Gobierno y el BHU al aprobar —como gesto de buena voluntad con los deudores reclamantes— el cambio de unidad de cuenta, ha otorgado lo máximo, su partido tiene un representante en el Directorio del BHU, es dable pensar que éste conoce en detalle la historia reciente del “viejo BHU”, los cientos de millones de dólares que fue necesario aportarle para reflotarlo, para evitar su cierre definitivo, para no extenderle la partida de defunción como manifestaba el diputado Posada. Efectivamente “el gobierno no quiso hacerse cargo de la propuesta” (de quitas), pero por estricto sentido de la responsabilidad en la defensa de los dineros públicos y pensando en el compromiso con los miles de ahorristas, especialmente los jóvenes. Ahora, correspondería que el PI se haga cargo de su irresponsable propuesta, de haber generado expectativas absolutamente falsas a decenas de miles de deudores y sus familias, sabiendo de antemano que las mismas no se cumplirían: es legítimo que un partido político quiera crecer, especialmente cuando se acercan las instancias electorales, pero no a cualquier precio.

    César Gómez Mello