Los impuestos y el gasto social reducen de 24 a siete veces la brecha entre “pobres” y “ricos”

Además, unos 33.700 individuos del grupo más acaudalado (1% de la población) acumulan casi los mismos ingresos —7,5% del total— que el millón de personas con menos recursos. La “intervención del Estado” con sus políticas impositivas y de gasto reducen a 6,4% lo que se apropia ese 1%.

Allí se indica que en 2011 el gasto público social representó 24% del Producto Bruto Interno, un nivel relativamente alto en la región y similar al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cerca de la mitad del dinero se destinó a transferencias contributivas a la seguridad social, 25% a la salud y 18% a educación.

Impacto distributivo

Este “ejercicio de equidad fiscal” hecho por los economistas de la OPP considera los principales impuestos (directos e indirectos) y transferencias monetarias (asignaciones familiares, pensiones no contributivas, planes específicos, etc.) y en especie (salud, educación y alimentación).

Según la investigación, las políticas aplicadas en Uruguay —tributarias y transferencias— logran reducir el índice de Gini desde 0,4595 a 0,3774 (8%). Cuando este indicador se aproxima a cero supone niveles menores de desigualdad en los ingresos en una sociedad y a la inversa cuando es uno.

El impacto es superior al logrado por México y Bolivia, pero es menor al resultado de las políticas de este tipo aplicadas en Argentina y Brasil. Además, se encuentra “muy por debajo” del efecto distributivo que consiguen los países desarrollados, “incluso en tiempos de crisis y de ajustes fiscales”, contextualiza la OPP.

Considerados en conjunto, los tributos tienen un impacto “levemente concentrador” producto de dos fuerzas opuestas: por un lado, la elevada regresividad de los impuestos indirectos analizados (IVA e Imesi) y, por otro lado, la progresividad de aquellos directos (IRPF sobre las rentas del trabajo e IASS).

Quienes resultan “perdedores” —aquellos cuya participación en el ingreso total cae después de impuestos— están en los extremos de la pirámide de la distribución: por un lado, los tres deciles “más pobres”, como consecuencia del IVA que soportan (casi tres veces el correspondiente al decil “más rico”). Por otro, también es perdedor el decil de ingresos más altos, en este caso como consecuencia del IRPF.

“(...) Un mayor peso de la imposición directa (progresiva y redistributiva) junto con una reducción de la imposición indirecta (regresiva y concentradora)” debe ser “fortalecido”, se plantea en el documento.

Mientras, el gasto público social (transferencias monetarias y en especie) logra disminuir la desigualdad “significativamente” según el análisis: el índice de Gini baja de 0,4595 a 0,3859. Su progresividad es “muy marcada”, y mientras que los primeros seis deciles (el 60% de la población de menores ingresos) se apropian de poco más del 27% del ingreso total en ausencia de políticas, son beneficiarios de aproximadamente el 80% del total de las transferencias monetarias y en especie que otorga el Estado. En términos monetarios, el acceso a la educación y la salud significa entre $ 2.000 y $ 2.500 mensuales para el 20% de la población con menores ingresos (deciles uno y dos).

La investigación constata que la tasa media de la transferencia neta decrece a medida que el nivel de ingresos aumenta: representa 140% del ingreso de los “más pobres” (cerca de $ 3.000) y –13% entre los “más ricos” (se les quitan $ 6.000). Estos últimos se apropian del 34% del total de ingresos de los hogares en un escenario de ausencia de políticas, una apropiación que se reduce a 30% luego de esta intervención.

Pero entre los 335.000 “más ricos” se presentan heterogeneidades mayores que en los otros deciles de la distribución, y hay individuos con ingresos que varían entre $ 30.000 y por encima de $ 700.000 mensuales. Los técnicos de la OPP recuerdan que existe evidencia tanto a nivel nacional como internacional de una subcaptación de ingresos muy altos en las encuestas de hogares y en particular de los ingresos de capital.

La metodología utilizada presenta ciertas limitaciones, se aclara en el estudio. Primero, el monto de las transferencias en especie —salud y educación— imputado a cada individuo es el costo promedio en que el Estado incurre para la provisión del servicio y, por ende, muchas veces puede incluir costos originados en ineficiencias de gestión. A su vez, el costo unitario de proveer un servicio puede no tener una relación directa con el beneficio económico que les reporta a las personas, por ejemplo.

Otro factor que también puede incidir en la distribución del gasto y que no responde al diseño o voluntad de la política es la calidad del gasto, que no se considera en la investigación. La “ausencia del análisis de la calidad puede derivar en conclusiones erróneas, como por ejemplo entender que la progresividad está dada por una buena focalización cuando podría estar determinada por la capacidad del usuario de poder acceder o no un servicio de mejor calidad en el mercado, fenómeno particularmente importante en el caso de salud y educación”, señalan los técnicos de la OPP entre otras limitaciones. Agregan que, más aún, puede darse un proceso de “selección natural” que “estaría indicando un problema —quienes tienen posibilidades eluden la educación pública por ser de inferior calidad— antes que un correcto destino del gasto público”.