Los jerarcas del Hospital Maciel dijeron que en ese centro había “rumores” de la presencia de un enfermero que asesinaba pacientes

Según las fuentes, Patritti expresó que había “comentarios” de que el enfermero Marcelo Pereira tenía un “mal relacionamiento” con sus colegas, lo que dificultaba seriamente el funcionamiento de la unidad. En ese marco algunos rumores que circulaban en ese momento apuntaban a que Pereira mataba a los pacientes, pero no existían pruebas concretas de que eso fuera así.

“Nunca se presentó una denuncia a la Dirección del Hospital Maciel por parte de una enfermera u otra funcionaria de la Unidad Cardiológica, y si lo hicieron a nivel policial, desconozco en absoluto”, señaló Gabús.

“Esto empieza cuando me llaman de Crimen Organizado, a las 23.20 del 12 de marzo, que le avisan a la guardia de Dirección que se retuviera el cuerpo de una paciente (Santa Gladys Lemos)”, agregó.

En ese momento, según Gabús, las medidas que se tomaron fueron “las que pautó la investigación judicial”: estricta reserva, proporcionar las historias clínicas fotocopiadas que se solicitaran, certificados de defunción y notificar a distintos funcionarios de la Unidad Cardiológica, también bajo estricta reserva, que concurrieran a declarar. “Eso hasta el día del procedimiento de detención del funcionario, el viernes 16 de marzo”, indicó.

Según fuentes de la investigación, luego de la declaración de estos funcionarios los magistrados tienen la convicción de que no estaban “en connivencia” con el enfermero procesado por matar a los pacientes, aunque aún resta determinar si les cabe algún tipo de responsabilidad.

De acuerdo con los informantes, se investiga si ambos jerarcas tienen algún tipo de “responsabilidad por omisión” y si eso amerita algún reproche penal.

Para determinar este aspecto, los magistrados esperan el resultado de la investigación administrativa que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) está llevando adelante.

La responsabilidad administrativa y eventualmente la política queda por fuera del ámbito de actuación de los magistrados.

Asimismo, las autoridades del Maciel fueron interrogadas acerca de un informe técnico encargado por Patritti en el que se constataba un incremento de la tasa de mortalidad en 2011 en comparación con años anteriores.

Adicionalmente, el juez Vomero informó a la prensa que se están estudiando cerca de 200 historias clínicas para determinar la causa de la muerte de los pacientes. Para ello, el magistrado designó a tres peritos forenses del Poder Judicial.

Entre esos casos, hay seis que fueron remitidos a la Justicia por el Ministerio de Salud Pública luego de haber recepcionado más de 300 denuncias en forma personal y telefónica.

Un comunicado de prensa del MSP del 9 de abril expresa que “el criterio seguido en los casos analizados y que se elevarán a la Justicia, refiere en primer término a que los hechos denunciados fueron producidos en el Centro de Tratamiento Neuro Quirúrgico de la Asociación Española y en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Maciel”.

“En segundo término, que las causas de fallecimiento no hayan sido claras o sospechosas según la historia clínica, el relato del familiar denunciante y la documentación aportada”, agrega.

“En tercer término, que las causas de fallecimiento no hayan sido claras o sospechosas según la historia clínica, el relato del familiar denunciante y de la documentación aportada”, concluye.

Otra denuncia.

Con ese mar de fondo, el Sindicato Médico del Uruguay presentó una denuncia para que la Justicia Penal investigue el testimonio de una enfermera y de un exempleado de un servicio de acompañantes, quienes dijeron en el programa “Santo y seña” de Canal 4 que es una práctica habitual que se “acelere” la muerte de pacientes a través de medicamentos para liberar camas en los hospitales.

A mediados de marzo, el procesamiento con prisión de dos enfermeros por el “homicidio especialmente agravado” de 15 pacientes generó un gran impacto en la opinión pública y la noticia dio la vuelta al mundo.

El conocimiento de los hechos sumió al sistema de salud en una grave crisis de credibilidad y obligó a las autoridades a replantear una serie de procedimientos.

En su declaración ante la Justicia ambos enfermeros justificaron su actuación en el móvil de la “piedad”, ya que argumentaron que no querían “ver sufrir” a los pacientes, por lo que les inyectaban morfina en uno de los casos y aire en otro.

Sin embargo, el magistrado advirtió que no se trataba en todos los casos de pacientes terminales, por lo que ese argumento es endeble.

La confesión de los propios enfermeros, producida sobre el filo del plazo constitucional para mantenerlos detenidos, fue clave para el procesamiento.