Los presos y el dilema de considerarlos víctimas de la falta de “integración social” o personas irrecuperables a erradicar

En el último tiempo se instalaron dos maneras de atacar el problema. Por un lado están quienes ven en el prisionero a una víctima de la falta de “integración social” y por otro quienes lo ven como alguien irrecuperable que la sociedad debe mantener al margen. Aunque opuestas, ambas posturas parten de un mismo diagnóstico: así no se puede seguir.

Uruguay ocupa el lugar 28 entre los países del mundo con más cantidad de presos cada 100.000 habitantes. Hoy supera los 10.200 reclusos. Un 30% de los centros de reclusión están calificados como lugares de “trato cruel, inhumano o degradante”. Otro 44% presenta “insuficientes condiciones para la integración social”. Y solo en un 26% hay “oportunidades para la integración social”. Con casos paradojales, como que en la Unidad Nº 5, más conocida como el Comcar, los módulos 6, 7 y 9 están en la mejor categoría mientras que los 8, 11 y 12 están en la peor.

Luego de muchos años, el hacinamiento no parece ser un problema, ya que a raíz de la construcción de unas 2.000 plazas nuevas en la cárcel de Punta de Rieles y la caída en el número de presos se equilibró la situación. Sin embargo, la realidad en cada centro es dispar. En los penales de Salto y Artigas, así como en algunos módulos de los capitalinos, los presos llegan a duplicar las camas disponibles.

Hasta hace unos años, exigir educación en las cárceles parecía una utopía. Esto cambió, pero está lejos de que sea suficiente. El número de presos que hacen algún tipo de actividad educativa, sea primaria, secundaria o terciaria, es ínfimo. Solo uno de cada cinco accede a este tipo de aprendizajes y en algunos centros la situación es aún más compleja. En el Comcar son solo 293 de unos 3.800 presos (7,8%), en la cárcel de Canelones solo 182 de 1.105 (16,5%). Y así se podría seguir evaluando área por área para completar la radiografía de un sistema que no está logrando dar las respuestas a todos los reclusos que tienen a su cargo.

Implosionar todo

El ministro del Tribunal de Apelaciones de 4º turno y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Alberto Reyes, tiene claro cuál será el resultado si se continúa así. “En 2020 va a implosionar todo”, dijo a Búsqueda y explicó que “el sistema no puede ser más cárcel sí o cárcel no”. “Cárcel horrible, o una libertad que se interpreta y a veces termina siendo impunidad. Ningún sistema está pensado para eso”, aseguró.

Uno de los problemas clave en los centros penitenciarios, según Reyes, es que 70% de los presos son adictos a las drogas. La mayoría son jóvenes de entre 18 y 30 años, casi analfabetos, lo que complica aún más la posibilidad de rehabilitación. Pero para Reyes lo más preocupante es que no ve en las autoridades un interés real en lograrlo. “Es algo que se sabe, simplemente no se encara. Siempre ha sido así y termina en una cuestión electoral o para sacar rédito político, y lo que queda es una situación de parálisis”, afirmó.

Para el fiscal de Corte, Jorge Díaz, las adicciones son un “enorme desafío” porque son “la base del problema”. En diálogo con Búsqueda planteó que se debe trabajar en el tratamiento de los adictos si se quiere lograr una rehabilitación duradera.

Petit es la cara visible entre quienes se paran en la vereda del reclamo por mejores condiciones que permitan la rehabilitación. Incluso va más allá y en lugar de rehabilitar plantea que el objetivo del sistema penitenciario debe ser “la integración social”. Su rol como comisionado penitenciario es el de velar por los derechos humanos de los presos y lo ha defendido presentando recursos ante la Justicia reclamando desde alimento hasta educación.

“El principal problema del sistema penitenciario hoy es que la vida en prisión —más allá del hecho de que la privación de libertad siempre implica una ‘artificialidad’— está muy lejos de esa ‘normalidad’, lo que no hace otra cosa que aumentar la desintegración social y la reincidencia por imposibilidad de inserción social”, indicó el comisionado.

Para Petit, en el debate de cómo actuar “domina” el sentimiento punitivo. “Nos dañaron, nos hicieron sufrir, pues entonces ‘devolvemos’ el sufrimiento”, como si el daño hecho se pudiera superar con otro dolor. El resultado institucional son centros penitenciarios que —en su mayoría— hacen sufrir, devuelven dolor con la privación de libertad y otras penas añadidas de hecho, pero que no evitan ni previenen nuevas violencias”, afirmó.

Por eso, el comisionado parlamentario es claro al asegurar que “mientras no haya un cambio cultural en el cual se asuma que la función de la cárcel es educar y preparar proyectos de vida para evitar nuevos delitos y se reclame calidad de la gestión penitenciaria como un servicio público más, la cárcel seguirá siendo fuente de violencia, de desintegración y, paradojalmente, de nuevos delitos”.

Militares y “más plomo”

En la vereda de enfrente están quienes piensan que la solución pasa por más represión. Años atrás, la bandera la levantó el senador colorado devenido en presidente interino de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Pedro Bordaberry, quien lideró un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años que fracasó. En los últimos meses el senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga es quien lidera un nuevo plebiscito que pretende elevar las medidas contra los delincuentes y que alcanzó las firmas necesarias para convocarlo en las próximas elecciones.

El líder de Alianza Nacional parte de la base de que “los delincuentes sacan provecho” de la actual legislación y por eso propone cuatro iniciativas que apuntan a fortalecer la represión y el encierro en prisión. Larrañaga pretende que se cree una Guardia Nacional como “segunda fuerza”, que esté formada por militares para apoyar a la Policía en el control de la seguridad pública. También busca que para los delitos graves no corra la posibilidad de libertad anticipada, que se puedan realizar allanamientos nocturnos y que se cree la pena de “reclusión permanente revisable”, que en los hechos significa instalar la cadena perpetua. Y propone que a los 30 años de condena se pueda revisar si el preso demostró haberse rehabilitado.

Su competidor en la interna blanca, el senador Luis Lacalle Pou, y Bordaberry también han dado señales de estar dispuestos a analizar la cadena perpetua. El contexto regional impulsa las voces de quienes pretenden ser aún más inflexibles con el delito. El triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, con un discurso que celebra que policías maten a un delincuente en medio de un robo, es replicado por dirigentes locales.

Tal es el caso de Pablo Perna, asesor jurídico de la Junta Departamental de Salto, que impulsó su campaña apoyando al precandidato colorado José Amorín con dos polémicos eslóganes: “Mano dura y plomo” contra los delincuentes y “cero lumpen”. Inmediatamente pasó a ser considerado “el Bolsonaro salteño”. Su propuesta consiste en modificar el artículo 26 del Código Penal sobre legítima defensa para que, según dijo, “a aquella persona que entra a tu casa a robar, poder limpiarla, poder matarla”. Y además, que se cambie la Ley 18.315 sobre Procedimiento Policial para que el efectivo no deba esperar a que el delincuente tire primero para poder usar su arma.

La penitencia

Jaime Saavedra está al frente de la Dirección Nacional del Liberado. Dialoga a diario con los presos que salen en libertad y su norte está puesto en un modelo muy diferente al que existe. Lo planteó en su exposición en el marco del IX Espacio de Innovación Penitenciaria el miércoles 12. Saavedra considera que las penas deben ser más cortas porque “pensar que la privación de libertad va a solucionar los fenómenos que explican el delito es un error”. “Es como si los papás pensáramos que la penitencia es el mecanismo privilegiado para educar a nuestros hijos”, afirmó.

En su opinión ya está probado que más policías, más cárceles y más presos “agravaron los problemas de convivencia”, por lo que el camino debe ser otro. Lo mismo sostiene Luis Parodi, director de la Unidad de Punta de Rieles, una de las cárceles modelo. “Los militares nos van a pegar de vuelta”, afirmó en el mismo evento.

Otro de los factores que conspiran con la buena convivencia en las cárceles es que dos de cada tres presos, en promedio, no tienen sentencia, por lo que no existe un horizonte claro de cuándo podrán recuperar la libertad. “La incertidumbre procesal es un factor negativo en las perspectivas de reinserción, es un elemento de inseguridad para la convivencia y para conformar proyectos vitales, volviéndose de hecho un adelanto de pena que vulnera las normas básicas”, sostiene Petit. Y peor aún: quienes tienen condena y quienes no, aún comparten celdas.

En este sentido, el fiscal de Corte dijo que quienes están en prisión preventiva “deben estar completamente separados y en condiciones distintas a los que están cumpliendo pena”.

Díaz identifica a largo plazo dos grandes cambios que deberían concretarse. Por un lado, un verdadero control de las penas alternativas, ya que en su opinión hay “una ley maravillosa” que “no se puede cumplir”. “Firmar una vez por semana en la comisaría no es una pena alternativa, pero se termina en eso porque hay ausencia de otras vías. No existe o es muy reducida la posibilidad del trabajo comunitario”, afirmó Díaz.

Y por otro, crear un Ministerio de Justicia, una idea que también comparte el comisionado penitenciario. Para quienes se oponen, el principal reparo es que este organismo funcionó durante la dictadura militar. Pero tanto para Díaz como para Petit, el Ministerio del Interior tiene “un problema” para controlar las cárceles. Y colocarlas bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura no es la mejor opción.

Un ministerio específico para los casos judiciales permitiría que el centro de sus tareas sean justamente los presos y no estar compartiendo recursos con el ya complejo sistema educativo. Este paso debe verse acompañado también de un cambio cultural en la manera de trabajar de los jueces. Para Petit, los magistrados tienen que hacer seguimiento de las condenas y asegurar que los presos sean rehabilitados mientras estén en la cárcel.

Las distintas visiones parecen casi imposibles de compatibilizar, por lo que hasta que no se produzca un acuerdo entre los partidos políticos, como se logró en otros temas, el rumbo en 2020 lo marcará la posición de quien esté al frente del gobierno. Para unos, el camino será más represión y, para otros, más rehabilitación.