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El abuso sexual a niñas, niños y adolescentes es una realidad altamente preocupante en Uruguay y en todo el mundo. En los últimos meses (pandemia incluida), los medios locales parecen repetir una misma historia de horror infinita: “Formalizaron a un hombre por abusar de sus cuatro hijastros. La Unidad de Violencia Doméstica comprobó que uno de los niños, una pequeña de seis años, había sido abusada”, decía un titular de Telenoche, el 14 de junio. “Será formalizado este fin de semana el hombre que abusó y dejó embarazada a su hijastra. La menor era víctima de violación desde que tenía ocho años”, anunciaba La República, el 13 de junio. “Dos hermanas adolescentes, de 15 y 12 años de edad eran abusadas por su padre, de profesión militar, desde que tenían cinco años de edad. La joven de 15 años filmó a su padre para probar la violación”, informaba el portal ReportesUy el 9 de mayo. “A través de una plataforma del Plan Ceibal, dos niñas denunciaron abuso sexual. Camuflaron sus pedidos de ayuda entre los deberes”, comunicaba Montevideo Portal el 27 de abril. “Una niña de 11 años internada en INAU, al intentar quitarse la vida luego de padecer el abuso sexual por parte de un familiar”, reportaba el 10 de marzo el portal Propuesta.com.uy. Así se podría seguir en una lista interminable, sabiendo que los casos que llegan a los titulares constituyen la excepción y no la regla, y que un alto porcentaje de los episodios de abuso sexual infantil no se conocen jamás.
Según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), durante 2019 se intervino en Uruguay en más de 1.100 situaciones de abuso sexual (más de dos por día). De este total de casos, 75% de las víctimas eran de sexo femenino. En cuanto a los agresores, 91% eran hombres (en su mayoría de entre 35 y 45 años de edad), a la vez que 75% eran familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia. En 24% de los casos el abusador es el padre de la víctima, y solo el 3% de los casos de abuso registrados son cometidos por la madre.
Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los mismos derechos que todas las personas, pero tienen además “derechos especiales de protección”, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Cuando la vulneración de derechos se da justamente dentro del contexto familiar, los deberes del Estado y de la sociedad se vuelven imprescindibles. Casos como el de la niña de 12 años embarazada por su padrastro explotan en la cara del Estado y de la sociedad: que el sistema de salud y el sistema educativo no hayan logrado en cuatro años identificar que la niña era víctima de abuso, parecería señalar la urgencia de reforzar los mecanismos institucionales de prevención y ampliar la formación en violencia de género del personal educativo y de salud. Que nadie del entorno comunitario haya percibido la situación de esa niña, habla también del silencio colectivo en torno a estos temas, aunque también es cierto que cuando las denuncias están, muchas veces pasan meses y hasta años antes de que se formalice a la persona denunciada (como en el caso de las hermanas abusadas desde los cinco años por su padre militar).
Todas las estadísticas sobre abuso sexual infantil confirman que las situaciones de violencia sexual afectan en mayor número a las niñas y las adolescentes, y por eso se hace imprescindible abordar la problemática teniendo en cuenta un enfoque de género. “Los deberes de protección son especialmente rigurosos en el caso de las niñas, que están expuestas a un mayor riesgo de vulneración de sus derechos”, dadas las desigualdades históricas que sufren las mujeres como grupo, explica un informe de la Fundación Justicia y Derecho (2017). Sin embargo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la legislación vigente en esa área, carece de un enfoque de género en el abordaje de la violencia (mientras que las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres, muchas veces carecen de un enfoque generacional que haga énfasis en infancia y adolescencia).
El enfoque de género obliga también a revisar una y otra vez la construcción de las masculinidades en nuestra sociedad, que se presenta como uno de los mayores desafíos para erradicar las violencias sexuales contra las mujeres. Son esos patrones culturales patriarcales con masculinidades nocivas los que perpetúan, como un común denominador subyacente y tolerado, la existencia cotidiana del abuso sexual infantil, las desapariciones constantes de niñas y adolescentes (como la reciente desaparición de Alison Fernández) o la explotación sexual de menores (evidenciada recientemente a través de la Operación Océano).
Es fundamental comprender que estos fenómenos son constitutivos de la sociedad y forman parte de la trama social: no se trata de fenómenos aislados propios “de sectores excluidos” o asociados “a comportamientos desviados” como con frecuencia se pretende presentarlos (RUDA, 2007). Se vuelve imprescindible una enseñanza y una cultura que fomenten la construcción consciente de masculinidades no violentas, y una educación sexual que permita a niñas, niños y adolescentes desnaturalizar cualquier tipo de violencia de la que puedan ser víctimas.
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