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La Dirección General de Casinos (DGC), que a diferencia de lo que muchos creen no supervisa ni controla el juego, gestiona 5.350 slots en todo el país. Diez de ellos, ubicados en Atlántida (Canelones), llevaron ante la Justicia penal de crimen organizado al director Javier Cha. La defensa de Cha argumentó que haber rematado diez máquinas cuya admisión temporal había vencido es una falta administrativa y no un delito. El propio Cha había querido vincular la investigación de la Justicia a una “campaña” contra el Frente Líber Seregni (FLS) por la coincidencia con el pedido de procesamiento del ex ministro de Economía Fernando Lorenzo, ambos expedientes a cargo del fiscal Juan Gómez.
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Más allá de las interpretaciones judiciales y políticas, Cha se defendió con un informe enviado el 18 de marzo pasado a la escribana del Poder Judicial Mariella Zamboni en el cual el área comercial de la DGC informa que los slots adquiridos por Cha fueron “un buen negocio” para el Estado.