Los vertederos irregulares de basura están dominados por “mafias” del narcotráfico, advierte jerarca de la Intendencia

“Es un mundo particular, no es fácil entrar a romper esa lógica. Los vertederos más grandes están manejados por mafias de la droga, que son las mismas personas que tienen el control y ayudan a los vecinos. Por eso nadie denuncia nada”, dijo a Búsqueda Fernando Puntigliano, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), y aseguró que en muchas ocasiones los clasificadores reciben estupefacientes como pago.

En la capital los desechos se dividen parejo en residuos domiciliarios y no domiciliarios. Hasta ahí llegan las similitudes entre ambos tipos de desechos. Es que los residuos no domiciliarios (generados por emprendimientos comerciales o industriales) suelen tener mayor valor económico y su eliminación tiene que cumplir requisitos más estrictos: un servicio de recolección privado, una declaración jurada sobre sus características y el pago por tonelada de su disposición final.

Los costos abren el juego a un mercado irregular y a la existencia de vertederos clandestinos. Esos lugares facilitan una enorme cantidad de actividades ilegales, opinó Puntigliano, y señaló que una de las principales consecuencias es que al ser una fuente de recursos, se traspasa la frontera entre la economía formal y la informal.

“Existe toda una economía en América Latina alrededor de la clasificación ilegal de residuos, que se presta sobre todo para el blanqueo de capitales y el lavado de dinero, principalmente al narcotráfico”, expresó.

Esos vertederos también tienen un impacto negativo sobre la limpieza. En los sitios de procesamiento ilegal de basura no se produce una clasificación real, sino que se lleva adelante un cherry picking, una selección de lo que mejor se puede vender. “Esa selección tiene naturalmente un menor volumen que una clasificación obligatoria, lo que se selecciona es poco. Entonces se genera un descarte muy grande y eso produce una plataforma donde la gente opera”, afirmó Puntigliano.

Negocio millonario.

La problemática de los lugares de procesamiento ilícito de residuos tiene importantes consecuencias ambientales, explicó a Búsqueda el director Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Alejandro Nario.

La contaminación de las aguas es cada vez más dramática y ha provocado crecidas debido a la obstrucción de los cursos, advirtió.

Para Nario, los lugares de procesamiento irregulares son un problema “multicausal, que ha resultado relativamente difícil” de gestionar para las intendencias. Si bien no precisó cifras exactas, aseguró que es una industria que mueve cientos de miles de dólares al año.

Medidas.

Pese a los esfuerzos y las distintas estrategias aplicadas en los últimos años, las autoridades están lejos de so­lu­cionar el problema.

Puntigliano sostuvo que ahora van por el camino correcto. El director de Desarrollo Ambiental explicó que trabajan en coordinación con los departamentos de Desarrollo Urbano y Desarrollo Social de la intendencia. “Se están armando planes, aunque todavía no es momento de anunciar ninguna medida. Pero se están haciendo cada vez más acciones y me parece que vamos bien”, expresó. “Estamos viendo cómo podemos trazar y mejorar la situación, poniendo, por ejemplo, bastantes sanciones”, agregó.

En diálogo con Búsqueda, la directora de la División Limpieza de la IMM, Gabriela Monestier, reconoció que en esos vertederos irregulares “todavía no se aplicaron concretamente medidas de vigilancia”, al ser algo “muy complejo” que requiere la participación de diferentes actores.

“Aún se esta viendo cómo actuar, se está estudiando el tema. Pero no tenemos ninguna medida de acción específica o planes concretos todavía para estos sitios. No hay nada listo para bajar a tierra”, explicó. Esto se debe, según argumentó, a la dificultad que conlleva detectar los casos en el momento en que ocurren, dado que para poder aplicar una sanción económica, es necesario identificar el delito mientras se desarrolla. La tarea se vuelve más complicada, añadió, porque muchas veces las infracciones ocurren en predios privados.

“En los casos en que detectamos, ya sea por información aportada por vecinos o por un funcionario, que hay un vehículo tirando basura en un lugar que no es el sitio de disposición final, se avisa a Inspección General. Ellos van hasta el lugar acompañados por policías, y si todavía están ahí se procesa la multa correspondiente. Pero es muy difícil actuar”, dijo.

La intendencia apuesta a la “corresponsabilidad”, pretende que los vecinos tengan una participación activa en el mantenimiento de los espacios que son recuperados por el gobierno departamental. “La única manera de que la ciudad llegue a estar limpia es mediante la colaboración de todos”, comentó Monestier.

Las autoridades nacionales, por su parte, quieren aprobar una nueva ley de residuos a comienzos del 2018 que permita regular las distintas actividades del rubro, informó Nario. El Poder Ejecutivo abrió a consulta pública un borrador del proyecto de ley para incorporar sugerencias y luego darle una redacción final.

El gobierno prevé que la nueva ley cree un registro en la Dinama para quienes deseen comprar y vender residuos, dijo el jerarca. La idea es impedir así que las empresas compren a los clasificadores de manera informal y que luego facturen por ventas basadas en insumos adquiridos irregularmente. Asimismo, se elaborará un mapeo de todos los lugares de disposición final habilitados.