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Todos dijeron que no era lo que querían, pero con distintos argumentos. Para los senadores del Frente Amplio y el nacionalista Jorge Saravia, el proyecto de ley sobre despenalización del aborto aprobado el miércoles 17 no es el mejor pero significa un paso para que sea la mujer la que decida qué hacer con el hijo concebido. Para la mayoría de blancos y colorados, la iniciativa no respeta el derecho a la vida y se viola la Constitución y pactos internacionales.
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Sin embargo, pese a las diferencias desde los dos bandos y tras seis horas de debate, los senadores del oficialismo se felicitaban con un beso en la mejilla o un abrazo. Y más allá de las posiciones a favor o en contra, el momento era histórico: cuando hoy jueves 18 el presidente José Mujica promulgue la ley, Uruguay será el segundo país de Latinoamérica que permite el aborto, junto con Cuba. La interrupción del embarazo también es legal en ciudad de México, en Guyana y en Puerto Rico.
Con la sanción de este proyecto culminan varios años de debate sobre la polémica medida. Durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti, legisladores del Partido Colorado presentaron sin éxito una iniciativa sobre el aborto. Luego fue el Frente Amplio quien tomó esta bandera para plantear la intención de despenalizarlo. En el primer gobierno de izquierda, la iniciativa fue aprobada por el Parlamento pero fue vetada por el presidente Tabaré Vázquez. Precisamente este hecho fue utilizado en este período por dirigentes de la oposición para cuestionar que la izquierda volviera a presentar un proyecto de ley. El texto fue aprobado en el Senado pero fue objeto de grandes cambios en Diputados para alcanzar la mayoría necesaria: es que la izquierda no tenía todos los votos, por lo que realizó cambios para lograr el voto del diputado del Partido Independiente Iván Posada.
La iniciativa despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación y crea —este es el cambio más importante incluido en Diputados— un equipo multidisciplinario que asesorará a la mujer para definir si está convencida o no de interrumpir su embarazo.
A pesar de la polémica que provoca esta cuestión, la sesión del Senado fue seguida por poca gente. Al igual que en el plenario había gente a favor y en contra del proyecto. La nota la dio una mujer que en un momento del debate se arrodilló y se puso a rezar, lo que debió interrumpir luego de que la seguridad de la Cámara le dijera que eso está prohibido
A favor.
“No es la solución que pretendíamos, pero es un avance”, comentó Luis Gallo (Frente Líber Seregni) sobre la iniciativa. En el proyecto original se establecía que para ejercer el derecho al aborto “bastará que la mujer alegue ante el médico” las “circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevivido la concepción; situaciones de penuria económica; sociales; familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”.
Gallo pronosticó que se bajará la “morbimortalidad” por aborto inseguro y que se actuará contra la “discriminación de las mujeres que recurren” a la interrupción del embarazo de manera clandestina.
También aseguró que quienes apoyan el proyecto no están a favor del aborto y aseguró que la “sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta”. Además consideró que el proyecto “representa una reafirmación de carácter laico del Estado uruguayo”, ya que las “creencias religiosas no constituyen fuente de derecho”.
Por su parte, Mónica Xavier (Partido Socialista) también reconoció que organizaciones de la sociedad civil “tienen cierto grado de insatisfacción” con el proyecto aprobado, pero entendió que se estaba avanzando para que sea la mujer la que “resuelva” sobre la continuidad de su embarazo.
“La ley no va a obligar a nadie” a abortar, señaló, y agregó que se trata de “amparar a la mujer en un momento donde debe tomar una decisión que generalmente toma sola”; añadió que esta ley ayudará a “quien más lo necesite”.
Constanza Moreira (Espacio 609) apuntó que la aprobación de la iniciativa es “un primer paso”, ya que ahora se deberá trabajar en la reglamentación de la ley y la forma en que se dará el servicio. A su juicio, el objetivo es que este tema se transforme en una “política sanitaria”.
Además del Frente Amplio, el texto fue apoyado por Jorge Saravia del Partido Nacional, quien había firmado el proyecto original cuando todavía estaba en el Frente Amplio.
En su intervención remarcó que está a “favor de la vida” y en contra del aborto. Destacó que el Partido Nacional fuera una colectividad de “hombres libres” y que no haya mandatado a sus legisladores a que adoptaran una posición contraria al proyecto.
Por otra parte señaló que la iniciativa no es una herramienta perfecta y llamó la atención sobre las dificultades para crear equipos multidisciplinarios para atender a la mujer en el interior del país. Luego de recordar que su abuela se hizo once abortos, Saravia reclamó que el gobierno tome las medidas para que sea “legalizado” el Misoprostol, una pastilla para provocar un aborto.
En la sesión, quien también argumentó a favor de despenalizar pero votó en contra fue Ope Pasquet (Vamos Uruguay). El legislador colorado anunció que votaba en contra por disciplina partidaria, ya que su sector había resuelto oponerse al proyecto.
En su intervención, Pasquet opinó que “la mayoría de la sociedad uruguaya no cree que el aborto deba constituir delito” y que este punto debía ser el centro de la discusión. “Si no hay sanción social del aborto, ni demanda social de represión de esa conducta, no nos puede sorprender que sean tan escasos los procesamientos que cada año dispone, por esa causa, la Justicia”, indicó. “La consecuencia que tendrá la despenalización será hacer salir a la luz comportamientos que hoy se ocultan en las sombras de la clandestinidad. A la luz del día será posible informar, educar, apoyar a las mujeres que lo necesitan y, por esa vía, ir reduciendo con el paso del tiempo el número de abortos que se realizan en el país”, dijo Pasquet, quien además se mostró a favor de realizar una consulta a la población sobre el tema.
“Ofensa a Dios”.
Por su parte, el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, defendió la decisión tomada por su sector. “Entendemos que hay un interés superior en juego, ese interés es el derecho a la vida. Algunos dicen que es un tema de conciencia, yo no creo que el derecho a la vida es un tema de conciencia”, explicó.
Bordaberry sostuvo que el “camino” debe ser “ayudar a que esa vida” en gestación “salga adelante”, que se debe apoyar a la madre y que si ella no puede que tenga la posibilidad de darlo en adopción. “El aborto es un mal social que hay que evitar. En los países donde se legalizó, estos han aumentado. En Estados Unidos se triplicó y las cifras se mantienen. Lo mismo sucedió en España”, informó. Debido a que algunos legisladores del Frente Amplio negaban estos datos, Bordaberry les recordó que estaban incluidos en el veto que Vázquez interpuso a la iniciativa.
Alfredo Solari (Vamos Uruguay) opinó que el proyecto “afecta los derechos humanos de seres que hoy no están aquí”. Solari señaló que en sociedades “más civilizadas” los embarazos no deseados se resuelven con adopciones. Además dijo que desde el punto de vista de la “logística” el proyecto no se puede implementar. “Puede haber dificultades para acceder a un ginecólogo, demoras en los exámenes previos que determinen un embarazo, pueden haber otras demoras. Puede darse una embarazada que queriendo cumplir con la ley inicia la tramitación antes de las doce semanas y después no la pueda completar”, advirtió.
Sergio Abreu (Partido Nacional) manifestó que este tema tiene una discusión “blanco o negro, sí o no”. “Tenemos que definir si estamos a favor o no de la vida”, sostuvo. “Yo no entiendo eso de que la vida se puede cercenar después de determinado lapso, que es vida pero no es vida. A mí me hace acordar a algún émulo de algunas personas que hace mucho tiempo en el ámbito de la dictadura decían ‘bueno, vamos a torturar los primeros quince días, después no’. Pero los primeros días no rigen los derechos humanos”, ironizó Abreu.
El legislador afirmó que la situación del niño que aún no nació es peor que la de la persona que es juzgada, ya que esta tiene la posibilidad de defenderse. “El respeto a los derechos humanos es defender a los inocentes que no pueden hablar, que no pueden defenderse”, comparó.
En tanto, Jorge Larrañaga (Partido Nacional) anunció que si llega al gobierno enviará un proyecto de ley para derogar la iniciativa. Explicó que se está ante una cuestión sobre “derechos humanos” donde el “derecho a la vida está en el orden primero”. Indicó que con la medida se violan la Constitución y pactos internacionales, al tiempo que también señaló que en los países donde se despenalizaron, los abortos aumentaron.
Luis Alberto Heber (Unidad Nacional) adelantó que planteará que se haga una consulta popular para saber la opinión de la ciudadanía. A la vez Francisco Gallinal, del mismo sector, informó que presentará un proyecto de ley para que en el derecho civil quede claro que una persona es “sujeto de derecho desde el momento de la concepción”.
Gustavo Penadés, en tanto, rechazó “toda afirmación que asocie a quienes” están en contra del proyecto de ley “con cualquier tipo de posición de religión”. “Llego aquí —subrayó— con la más absoluta convicción de carácter personal, intelectual, mi obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”.
Ayer miércoles 17, la vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo calificó como un “día triste para el Uruguay” la aprobación del proyecto, que es, además, una “herida a la nación“ y a las “más nobles tradiciones” del país. En un comunicado, consideró que es una “agresión al ser humano más inocente” y una “ofensa a Dios Creador”.