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La ley por la que se despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo y obliga a los prestadores de salud a brindar el servicio comenzó a ser aplicada el lunes 3, al tiempo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) evalúa “el impacto que el servicio tendrá en la cápita”.
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El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, explicó a Búsqueda que los “técnicos del MSP están calculando el impacto que puede tener el cambio”, por si es necesario hacer un “reajuste” del valor de la cápita —que el gobierno paga por cada usuario a las instituciones— en enero.
“Cuando se mete un servicio obligatorio dentro del PIAS (Plan Integral de Atención a la Salud), tiene que estar financiado. Por eso se está calculando cuándo va a ajustarse. Muchas cosas ya están pagas. Algunos exámenes clínicos ya están exonerados, el tique medicamento también está pago, pero hay etapas que no están contempladas y por eso se está evaluando”, agregó Gallo.
Fuentes médicas dijeron a Búsqueda que en los primeros días ya hubo consultas en las instituciones. El MSP monitoreará la demanda del servicio cuando se cumpla el primer mes y las mutualistas envíen datos sobre los procedimientos realizados.
“Inflexibles”.
Mientras tanto, continúa el plazo para que las instituciones presenten formalmente su “objeción de ideario”, por la que se niega a prestar el servicio y se compromete a tercerizarlo mediante otra institución.
El Hospital Evangélico ya definió que no realizará abortos pero que les dará a sus usuarias la posibilidad de hacerlo con otro prestador. Por su parte, la nueva presidenta del Círculo Católico, Cecilia Pérez, declaró al diario “El Observador” que aspira a buscar “otra” solución para “no tercerizar” el servicio. “Para quienes entendemos que el aborto es un crimen, es lo mismo a que lo haga yo. No queremos pagar para la realización de ese procedimiento”.
Ayer miércoles, Gallo expresó que el artículo 10 de la ley habla “de la obligatoriedad de las instituciones prestadoras” a brindar el servicio, por lo que “el Círculo Católico va a tener que declarar su objeción de conciencia y luego brindar el servicio con otra institución”.
“Seremos inflexibles en el cumplimiento de esta norma”, concluyó.