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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los jerarcas del Ministerio del Interior están molestos con algunos jueces de familia especializados en violencia doméstica por su oposición a la implementación de las pulseras electrónicas, dijeron a Búsqueda integrantes de ambas instituciones.
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Luego de años de reclamo por parte de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, ayer miércoles 10 fue presentado en el hotel Four Points el sistema de “Tecnologías de verificación de presencia y localización para monitorizar personas con situaciones de alto riesgo en violencia doméstica”.
Según la página web de Presidencia el sistema consiste en una pulsera electrónica con GPS que la Policía instala al agresor por orden judicial y que reporta cuando éste se acerca a la víctima.
En la reunión, en la que participaron ministros de la SCJ, el ministro del Interior Eduardo Bonomi, magistrados, técnicos del Poder Judicial, del Instituto Nacional de las Mujeres y del Instituto de Salud Pública, algunos jueces de familia especializados en violencia doméstica plantearon reparos.
Según las fuentes, estos jueces dijeron que si bien es cierto que se trata de agresores, es necesario tener cuidado con este tipo de métodos invasivos en la privacidad, ya que la Policía va a saber dónde se encuentra el sujeto las 24 horas del día. Otro manifestó que como la pulsera es visible, esa persona va a estar estigmatizada por la sociedad.
De acuerdo con los informantes, este comentario molestó a Bonomi y a los miembros de la Corte. El ministro Ricardo Pérez Manrique dijo en ese encuentro que la postura de la corporación es favorable a la implementación de este tipo de instrumentos.
De hecho, una comisión integrada por jueces penales, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, la Bancada Bicameral Femenina, la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y la Policía se manifestó a favor del uso de las pulseras.
“La violencia doméstica se caracteriza por una marcada desigualdad en la relación entre el agresor y la víctima, una alta reincidencia y continuidad a lo largo del tiempo y por tanto las estrategias preventivas y de protección son vitales”, sostiene el documento aprobado por la comisión.
“El alto número de muerte de mujeres en situaciones de violencia doméstica, la cantidad de denuncias recibidas y el bajo cumplimiento de las medidas cautelares registradas en Uruguay hace imprescindible que el Estado adopte medidas efectivas de prevención de forma integral, estando atento a factores de riesgo y a la vez fortalecer a las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos”, agrega.
Señalan que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que los Estados no solo deben abstenerse de violar los derechos, sino que además deben implementar “medidas positivas” para proteger a las personas.
