Al presentar, la semana pasada, su balance de los números fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso la economía en el debate electoral. Para algunos dirigentes políticos y economistas vinculados al Frente Amplio, varios indicadores muestran una mala gestión del gobierno. Desde el oficialismo, en tanto, defienden los resultados de sus políticas. La directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, lo hace señalando las mejoras que hubo en los “indicadores macroeconómicos centrales” expuestos en esa conferencia y atribuyéndoles a los críticos hablar dejando por fuera el impacto de factores como la pandemia, la sequía o la compleja realidad argentina. “Es un juego político que (se) está haciendo, claramente. A veces es un juego político vestido de argumentos técnicos” que “lamentablemente poco tiene que ver con los indicadores y datos que muestra la realidad”, afirma.
Acá se está olvidando lo que vivimos en estos tres, cuatro años, y lo voy a repetir por enésima vez: no es posible contextualizar determinadas problemáticas sin considerar la situación de pandemia que afectó los indicadores sociales de todo el mundo; la situación de precios que vivimos en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania; la situación compleja de Argentina, que también implicó un cimbronazo económico, y ni que hablar la sequía.
Los indicadores que se mostraron son los que hacen a gran parte de la población: el empleo, el salario, la baja de impuestos. Son indicadores macroeconómicos centrales, lo sabe cualquier economista. Eso no quita que, obviamente, muchos otros indicadores no se mostraron porque en la conferencia había un tiempo acotado.
No podemos ver los indicadores sociales separados de lo que es el crecimiento económico, la generación de empleo, el incremento de los ingresos por la política salarial, por reducción de la inflación –que fue una forma distinta de hacer política respecto al gobierno anterior– y reducción de impuestos. Eso tiene un derrame y un impacto, mayoritariamente, en los trabajadores. La masa salarial creció más que el Producto Interno Bruto en estos cuatro años. Además, traccionó el haber destinado más recursos a transferencias sociales a los hogares vulnerables –que aumentaron entre un 30% y 40% respecto a los gobiernos del Frente Amplio– y se está invirtiendo en saneamiento y en la erradicación de asentamientos, lo que no sale en la medición de la pobreza por ingresos.
—Entonces, ¿cree injusta la valoración que hace la oposición sobre la gestión económica del gobierno?
—Sin duda. Pero es un juego político que está haciendo, claramente. A veces es un juego político vestido de argumentos técnicos; lo que hay detrás es una intencionalidad política que lamentablemente poco tiene que ver con los indicadores y datos que muestra la realidad.
Esto lo podemos ver en el tema fiscal: la mayoría de los analistas independientes –por no decir todos– son muy positivos respecto de la nueva institucionalidad fiscal que se implementó. Tendrán matices, y nosotros decimos que hay aspectos a mejorar. En cambio, los comentarios de analistas más asociados al partido de la oposición son aseveraciones negativas; en lo personal, tiendo a pensar que no tiene que ver con aspectos técnicos sino políticos.
—Más allá de esas discusiones, lo que siente la gente, según una reciente encuesta de Equipos, es que, después de la “inseguridad” –mencionada por el 43%–, el “desempleo” (29%) y la “situación económica” (23%) son los principales problemas del país. ¿A qué lo atribuye?
—Siempre hay margen para mejorar.
—¿La mejora económica que señala no llega a todos?
—No soy analista político y desconozco los detalles de esa encuesta. Lo que puedo decir es que, objetivamente, los datos demuestran que hay una mejoría en estos cuatro años, ni que hablar respecto a los picos de pandemia, pero particularmente respecto a la situación de prepandemia, que fue el último gobierno del Frente Amplio. Y esa no es una valoración del Ministerio de Economía, del gobierno de coalición, de la ministra o de la directora de Política Económica. ¡Son hechos de la realidad, son datos incuestionables! La mejora es incuestionable. ¿Que aquí se terminó la mejora y no hay más margen? No, sin duda que queremos seguir mejorando. Por supuesto que aspiramos a que Uruguay alcance los niveles de desarrollo de los países avanzados, y para eso sin duda que hay margen para mejorar en el mercado laboral y en el nivel de ingresos de los uruguayos, y en ese camino estamos. Pero esas cosas no se obtienen de un año para el otro, ni siquiera de un gobierno para el otro; lo que hay que mirar es que el camino recorrido claramente es mejor a la situación en que nos dejó el gobierno anterior.
—Según el Instituto Cuesta Duarte, si bien creció el empleo, también lo hizo en 2023 la proporción de trabajadores no registrados en la seguridad social, de los subempleados y también aumentaron los salarios sumergidos; los asalariados que ganan menos de $ 25.000 líquidos al mes por 40 horas de trabajo semanal fueron 549.000 en 2022, un incremento de casi 100.000 respecto a los observados antes de la pandemia. ¿Qué lectura hacen desde el ministerio de estas otras dimensiones del mercado laboral?
—Voy a reiterar las palabras del ministro (de Trabajo, Pablo) Mieres, que no son solo sus palabras, sino que están apoyadas en datos objetivos. La informalidad bajó en este período tres puntos porcentuales respecto al 24% que había en el anterior.
Para el año 2023, no sé qué información está mirando el Cuesta Duarte; la que nosotros tenemos es que de las 37.000 personas más que hay trabajando, 14.000 eran informales y las otras veintipico eran formales; se siguieron creando más puestos formales que informales. Como decía el ministro Mieres: hablar sin mostrar los datos de la realidad es como un diálogo de sordos.
Todavía queda un 20% de informalidad y hay que ocuparse de eso. Los salarios sumergidos son un problema de siempre y de todas las economías emergentes, y este gobierno lo que ha intentado hacer es traccionar el empleo para que esa persona, primero, consiga un trabajo, y luego pueda mejorar el salario real. Ese camino se emprendió con éxito. Si se miran los salarios en la región, son sensiblemente inferiores; ¿esto quiere decir que tenemos que estar conformes con salarios de $ 25.000? ¡Por supuesto que no! Pero estamos en el camino de mejorarlos. La forma de lograrlo es que cada vez más empresas tengan condiciones para producir y competir en el mundo, y que generen empleos de calidad y mejores salarios. ¡No hay otra forma genuina de hacerlo!
—¿Se mejoraron las condiciones para el sector productivo?
—Sin duda que mejoraron. Y voy a dar un dato que los inversores miran a la hora de venir a invertir: la calificación de riesgo, que es sinónimo de cuán estable es un país. Hoy Uruguay tiene la calificación más alta de su historia y el riesgo país más bajo de su historia. El costo de endeudamiento es el más bajo de la región.
También atrae la estabilidad social e institucional del país, que es de larga data, además de los indicadores económicos sanos.
—Habiendo dado alivios en el IRPF, el IASS y a pequeñas empresas, ¿entiende que está cumplida la promesa de campaña de “aflojar la cincha” al sector privado?
—Como gobierno, estas rebajas fueron las hechas en nuestro período; ahora estamos en el último año... Sin dudas (se cumplió), con creces esa promesa, a la vez que se cuidaba la prudencia fiscal; son US$ 150 millones resignados por año y a partir de este año se agregan US$ 25 millones más de IASS y el año que viene otros US$ 20 millones. Se terminan bajando impuestos por US$ 190 millones, un monto muy importante que libera dinero del bolsillo de los uruguayos y marca los incentivos correctos, como el permitir mayores deducciones (al IRPF) por hijo. Desde el punto de vista de la política económica, incentivar a aquellas familias con hijos, en un país con una población que crece tan poco, son señales muy potentes. Ni que hablar de los beneficios que se dieron a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son los sectores que se quiso y se pudo apoyar por las restricciones presupuestarias.
—En radio El Espectador, Arbeleche dijo la semana pasada que la mirada del ministerio es optimista pero no “autocomplaciente”. ¿En qué aspectos hace autocrítica?
—Es difícil la pregunta porque realmente hicimos lo humanamente posible y más en esta gestión. Es muy difícil ser autocrítico con indicadores que, de alguna manera, están mostrando una evolución muy favorable. La ministra dijo desde el principio: “A nosotros que se nos mida por la generación de empleo”. Que los indicadores muestren que los uruguayos tienen más trabajo –y tener trabajo es tener un poquito más de libertad para decidir su destino– es lo que más nos da satisfacción sobre el camino recorrido.
¿Autocomplacencia? No. Pero autocrítica parece que fuera decir “esto no nos salió tan bien”. Diría, sí, que hay temas en que quisiéramos continuar profundizando. Uno es la institucionalidad fiscal; avanzamos un montón, pero nos queda camino por recorrer. Le pedimos al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que nos haga una consultoría este año para definir esa hoja de ruta para el futuro. Menciono un aspecto a mejorar e incorporar: ¿cuál es el nivel de deuda prudente para la economía uruguaya? ¡Es el ancla de toda la regla fiscal! Estamos trabajando tras bambalinas muy activamente para ver cómo la medimos, si cíclica, si corregida por brecha (de Producto), si corregida por tipo de cambio real. En esto nos queda camino por recorrer y quisiéramos avanzar algo más.
Segundo, el tema de los precios es un desafío enorme en el que hace dos años estamos trabajando, junto con el Ministerio de Industria, Salud Pública, con el Latu. Es bien árido y tiene que ver con regulaciones y con cómo equilibrar el riesgo sanitario con el bolsillo de los uruguayos para facilitar la competencia en determinados productos, sobre todo en los que tenemos más desalineados con la región. Ahí hay un camino para recorrer y confiamos en este último año poder avanzar algunos pasitos más.
Más que autocrítica, son desafíos o pendientes que nos quedan para avanzar.