Marihuana legal

Carlos Tanco toca tres temas de suma importancia: la venta en farmacias, la prohibición de venta a turistas y la falta de atractivo que tiene la vía de acceso “estatal” para los consumidores. A tres años de la creación del sistema regulado, el Estado no ha sido capaz de implementar una de las tres vías de acceso al cannabis, justamente la que lo tiene como “responsable” directo. Si comparamos con el sistema del estado de Colorado, veremos que en apenas meses de ocurrido el plebiscito que permitió la regulación ya se había comenzado a vender el producto por medio de dispensadores privados. El “Estado”, limitado a la acotada e imprescindible tarea de controlar, se ve beneficiado con millones de dólares en impuestos. En Uruguay no parece haber “voluntad política” para implementar la venta en las farmacias, a pesar de que el Ircca estima que cerca de la mitad de los consumidores estarían dispuestos a registrarse para acceder al cannabis por esta vía. ¿Cuáles son los verdaderos motivos por los que aún no se ha implementado esta vía de acceso? ¿No podría esta ser una vía “digna” de tributación?

En Uruguay, la aparición de este mercado intermedio o gris puede obedecer tanto a estos consumidores exentos del acceso al cannabis legal, como así también producto de la demora en la implementación del sistema de venta en farmacias. ¿Es preferible aceptar la existencia de un mercado gris al que se beneficia con la política de prohibición de venta al turista que aceptar que de la venta de cannabis puede existir un objetivo de recaudación? ¿No sería esta una forma “digna” de disminuir la carga tributaria de los ciudadanos uruguayos? Hasta tanto no se decida el tema de la venta “estatal” del cannabis (y de los objetivos de la misma), una posible solución para intentar una reducción del mercado gris es modificar la política respecto a los turistas, tal como lo propuse el 15/11/16 en la Facultad de Ciencias Sociales en el evento “Evaluación y monitoreo de la regulación del cannabis: a tres años de su aprobación” (http://www.elpais.com.uy/informacion/mayoria-rechaza-marihuana-farmacias-venta.html).

Si descartamos una posición ideológica determinada contraria a la recaudación de impuestos de la venta de cannabis, en realidad no se entiende el motivo por el cual no se podría registrar a los turistas que visitan Uruguay con la intención de consumir cannabis, mediante un cálculo que considere la cantidad de días de permanencia en el país para poder calcular la cantidad de gramos a los que podrían tener acceso para consumo recreativo por persona. La compra podría realizarse en el sistema de farmacias ya implementado o en aquel que se designe a tales efectos. Así, por ejemplo, si consideramos que los residentes uruguayos inscriptos en el sistema de farmacias pueden recibir hasta 40 gramos al mes, el mismo cálculo se podría extender a los turistas según el número de días que permanezcan en Uruguay. Un turista que estará una semana en el país se podría registrar en el registro público que funciona en las oficinas del correo estatal y recibir hasta 10 gramos de cannabis del mercado legal y así evitar que adquiera el producto en los mercados negro y/o gris. Esta sería una política inteligente que cuidaría al turismo cannábico del mismo modo que protegería la salud de los ciudadanos uruguayos, máxime si detrás de la argumentación uruguaya se encuentra el respeto a los derechos humanos. Una política de derechos humanos no puede diferenciar por cuestiones legales de ciudadanía o residencia entre las personas. De modo que no se debería diferenciar entre residentes y no residentes si se argumenta que dicha política está basada en la protección de la salud pública y en los derechos de todas las personas de tener acceso seguro a un producto de consumo legal, según una política de reducción de daños.

Como toda política pública, ella puede ser modificada si se observa de forma prospectiva que no cumplirá con los objetivos para los que fue diseñada e implementada: luchar contra los mercados ilegales, mejorar la seguridad y la convivencia y afiliarse a una política de drogas basada en la reducción de daños.

Más allá de la venta por medio de farmacias que se sigue “demorando” en el tiempo y de la prohibición de venta a los turistas, quizás deba abrirse la discusión sobre lo que sostiene Tanco en cuanto a que “el porro del Estado NO PEGA”, lo que implica analizar si es tarea del Estado la venta directa o indirecta de cannabis con THC de alta pureza y calidad, o si de lo que debería tratarse, posiblemente, es de permitir la venta del cannabis por medio de “patentes” o “concesiones” de un modo férreamente regulado. Un tema que Tanco en su columna de reflexión no ha tocado, cuando sostiene que el Uruguay es un país con mentalidad de “almacenero”, pero que reforzaría mucho más la premisa de la que parte, es todo lo relativo al desarrollo de la industria medicinal, farmacéutica e industrial ligada al cannabis. A partir de la “regulación” el Uruguay estaría en una inmejorable posición respecto a otros países para desarrollar estas industrias y recibir cuantiosas inversiones que fomenten no solo la investigación, sino los emprendimientos industriales a gran escala (Canadá se encuentra un paso adelante, pero países que no han regulado el cannabis recreativo, como Chile e Israel, ya nos sacan ventaja). El porqué de la “desidia” o “lentitud” de acción-reacción de los uruguayos en relación a todas las posibilidades que brinda un mercado regulado de cannabis en lo medicinal, industrial y, por último, recreativo, es un tema que tiene que ser analizado con mayor detenimiento. Porque si todo el “esfuerzo diplomático” de enfrentarse al sistema internacional de ONU en materia de políticas de drogas solo se ha debido a una cuestión “ideológica” o de moda en tiempos de apogeo de lo “políticamente correcto”, habrá que darle —una vez más— la razón a Carlos Tanco.

Dr. Pablo Galain Palermo