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“Se está achicando”, murmuró uno de los asistentes mientras sostenía una gran pancarta de lona escrita en rojo y negro: “PPP = Privatización”. Acababa de hablar el rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, el martes 13, durante la sesión del Consejo Directivo Central (CDC), en una Sala Maggiolo caldeada. En el primer punto del orden del día figuraba, por enésima vez, la reforma del Hospital de Clínicas, y así se reabría la discusión de construir la obra bajo el régimen de participación público-privada (PPP) o no.
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Tras una hora de intercambios del CDC, en los que se trataron otras posibilidades de financiación para la proyectada obra, Markarian negó haber respaldado la modalidad PPP.
“Si alguien no se ha jugado por la PPP (para el Hospital de Clínicas) ha sido el rector de la Universidad de la República”, dijo Markarian.
A fines de 2015, el rector recriminó duramente el rechazo de la Udelar al proyecto para reformar el Hospital de Clínicas con participación privada (Búsqueda n.º 1.847).
“Mi posición es que tenemos que intentar hacerlo por esa ley, y si los estudios dicen que es imposible, pareremos”, dijo Markarian en una entrevista con Búsqueda en marzo pasado (n.º 1.910).
Vocinglerío.
En la sesión del martes, el rector dedicó varios minutos de su intervención a defenderse de quienes le acusan de “privatizador”, y explicó que planteó la modalidad de las PPP para el Clínicas como “una opción de financiación”, de acuerdo a “pautas fijadas por el Poder Ejecutivo, en cartas firmadas por dos ministros”, que expresaron que la alternativa viable es esa.
Markarian hacía referencia a un informe de CPA Ferrere y Globesalud adjunto con una carta firmada en 2015 por los ministros de Economía y Salud, Danilo Astori y Jorge Basso.
La propuesta fue planteada por el gobierno, remarcó Markarian. “Empezamos el trámite porque estaba expresamente establecido, no por un vocinglerío o por un bolazo que andaba por ahí”.
PPP o nada.
Al comenzar la discusión en el CDC, el consejero de los egresados de la Udelar, Federico Kreimerman, cuestionó que todo el estudio de factibilidad de la PPP en el Hospital de Clínicas esté centrado en la “disyuntiva” sobre la opción entre “PPP o nada”.
Kreimerman cuestionó que en el mejor de los escenarios, la obra le costará al Estado uruguayo “más de 1.000 millones de dólares”, cuando por el método tradicional son “unos U$S 120 millones”, más los costos de los servicios por la duración del contrato (que en la PPP se incluyen en el monto global). Pero la cifra igual es mucho menor, añadió.
Esto lleva a considerar las obras desde la necesidad de asegurar rentabilidad durante 25 o 30 años a una inversión , lo cual “colide” con la forma en que se pensó el proyecto de refuncionalización aprobado por el CDC, afirmó.
Valeria Sánchez, consejera del orden estudiantil, en representación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), también planteó “grandes dudas” sobre el mecanismo de PPP, y expresó su “enojo” por tener que discutir el tema sobre la base de que “la obra se hace así o se deja caer el hospital a pedazos”.
El decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, quien integra el Comité por el Clínicas, señaló que el mecanismo de la PPP le resulta “extremadamente costoso y complejo”, y advirtió que su implementación comprometerá a varios gobiernos y generaciones.
En su intervención, Markarian no se limitó a explicar su postura sobre el proyecto PPP en la Universidad. Dijo que su propósito es “mejorar el Hospital de Clínicas en serio”, y que su costo mínimo ya supera los U$S 120 millones.
Según el rector, el edificio está en condiciones de “soportar” la obra, y también dijo haber recibido “complejas ofertas” de organismos financiadores y constructores para estudiar otras opciones.
Fundamentó además los U$S 44 millones —sujetos a la próxima Rendición de Cuentas— para invertir en la llamada “área crítica” del Clínicas, que incluye los primeros cinco pisos del ala derecha del hospital.
La Udelar pidió para el próximo presupuesto del 2018 y 2019 unos $ 8.059 millones —U$S 276 millones de dólares— para salarios, calidad académica, infraestructura e investigación.