Marset, el pecado original

Lo que quedará o debería quedar es la pregunta de cuáles son las fortalezas no solo éticas sino funcionales y políticas que existen en Uruguay para enfrentar al narcotráfico.

En Uruguay todo demora menos, al parecer, la concesión del pasaporte a Marset. El gobierno logró instalar el discurso, admitido antes incluso por la oposición, de que la entrega del pasaporte estuvo dentro de la legalidad. Sin embargo, el decreto que establece las condiciones de entrega también fija excepciones, mientras que la acción oficial fue en línea contraria a esas excepciones: el pasaporte se le concedió por una vía rápida. Y fueron funcionarios de Cancillería los que sugirieron demorar la entrega en vez de acelerarla. La cónsul uruguaya en Dubái, Fiorella Prado, dijo que nunca vio un pasaporte concedido con esa velocidad. ¿Coincidencia? Además, un documento de la embajada en Dubái, donde estaba detenido Marset, estableció que se le podía haber concedido el pasaporte por un solo viaje que debía tener como destino Montevideo. ¿Por qué no se apeló a cualquiera de estos caminos en vez de acelerar su entrega? ¿Fue porque no sabían quién era Marset o porque sí sabían? Si sabían, como parece que lo indican conversaciones entre los jerarcas involucrados, entonces, ¿por qué apelaron a la vía rápida?

Mensajes entre la exvicecanciller y el exsubsecretario de Interior dan cuenta de que el 3 de noviembre sabían quién era Marset. El 17 de noviembre el abogado del narco se reunió con la vicecanciller y una semana después el pasaporte estaba concedido. En el juzgado la exviceministra de Relaciones Exteriores y el abogado del delincuente dijeron que no hablaron acerca de para quién se realizaba la gestión, a lo que el fiscal del caso señaló que eso agredía el sentido común y que todo se parece a “una comedia venezolana”.

Si tenían claro quién era Marset, el problema para aclarar es si hubo algún elemento de corrupción en el medio, sabiendo, como se sabe, el enorme poder corruptor del narco. Si no se sabía, entonces demuestra una imperdonable negligencia e incapacidad para detectar amenazas que afectan al país y no solo a su imagen.

Buena parte de la violencia que deja un tendal de muertos en la periferia la protagonizan bandas vinculadas al poderoso narco.

Desde 2018 Marset está en los archivos públicos registrado como narcotraficante. Ya ni hablo de que se debió informar a los gobiernos regionales, ya que la lucha al narcotráfico exige estas coordinaciones. Si lo hubiesen hecho, se habrían enterado de que Marset era indagado como uno de los personajes centrales en el mayor caso de narcotráfico nada menos que en la historia de Paraguay.

Las autoridades que actuaron con esta liviandad a la hora de liberar a un narco poderoso parece que desconocen la geografía, la historia y la actualidad del fenómeno del narcotráfico. Estamos a pocos kilómetros de donde se produce toda la cocaína del mundo y buena parte de la marihuana, en el barrio del Primer Comando de la Capital y del segundo mercado de consumo del mundo. Somos el país con mayor consumo de cocaína per cápita de la región y convertido ya en un país de acopio.

Somos el país donde ya en los años 90 operaban los lavadores de dinero de los carteles de Cali y Medellín. El país donde el famoso narco israelí Yehoram Halal y el mafioso Rocco Morabito se fugaron gracias a la corrupción policial. Somos el país cuyas autoridades encargadas de combatir el narco parece que desconocen qué pasó en aquellas naciones que anunciaron una “lucha frontal al narcotráfico”, como México, con el resultado de 120.000 muertos, y lo que hacen es repetir la consigna. Es al revés: hay que evitar que alguien plantee en los hechos una lucha frontal con más violencia y más muertos. Si no fuese por las enormes suspicacias que genera el “caso Marset”, la entrega del pasaporte bien podría agregarse a la larga lista de errores conceptuales y de acción que este gobierno cometió en torno al narcotráfico.

Somos el país donde se afirma, sin fundamento para tal afirmación, en el Parlamento que los partidos políticos no están infiltrados por el narco y con una ley de financiación de partidos políticos en el debe, que es ya una afrenta no solo a la transparencia sino al sentido común. Somos el país donde el escaner del puerto (señalado por los organismos internacionales como uno de los puertos de “segunda generación” elegidos por el narco para sus envíos a Europa) se rompe cuando quiere o cuando quieren algunos.

Somos el país que no advierte a mirar que, mientras otras naciones están analizando cómo volver sobre sus pasos y reducir la población carcelaria en asuntos de drogas, sancionó a mujeres jefas de hogar en estado de esclavitud al servicio de los narcos por entrar drogas a las cárceles. Ahora enmendaron el error, pero es apenas un error de los tantos que se han venido cometiendo en torno a este complejo y grave asunto.

Somos el país del oportunismo político en temas que deberían ser ya un asunto de Estado. El país que ridiculizó a funcionarios honestos que advirtieron que pasaría lo que está pasando. El país donde Marset nació, creció, se desarrolló como narco. El país que lo liberó, extrañamente, a las apuradas. Somos el país que señala a los vecinos como los maestros de la corrupción, mientras damos clases de cómo vestir de renuncias lo que deberían ser evidentes remociones de funcionarios quemados que dejan la duda de qué habría ocurrido si no renunciaban. Una pena no saber con qué grado de firmeza habría actuado el presidente, ya que al renunciar le evitaron ese trago amargo.

Somos el país donde casi nadie parece advertir que las cosas en esta materia van a empeorar en caso de que no se hagan cosas para que luego mejoren. El país donde no se está haciendo casi nada para que en algún momento las cosas mejoren, más bien todo lo contrario. Lo del principio era evidente que tarde o temprano algo así podía pasar, y justamente en un tema como el del narcotráfico. Grave si sabían quién era Marset, grave si no lo sabían. En este caso, para el gobierno, no hay respuesta correcta.