Más de 100 presos piden salir de la cárcel ante riesgo de contagio

En Uruguay, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, envió una nota al Poder Judicial y al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que se ocupa de la gestión de las cárceles, recomendando que en los casos en que sea posible se otorgue la prisión domiciliaria o se impongan penas alternativas. La Suprema Corte de Justicia divulgó el escrito entre los jueces a modo informativo, pero la ministra Elena Martínez dijo a Búsqueda que no se impartirá ninguna directiva general. Los magistrados deberán evaluar la conveniencia de imponer una pena alternativa de acuerdo a las características de cada caso.

Agregó que la gran mayoría no han sido resueltos y todavía están en trámite. La demora se debe a que como se argumentan razones de salud, el expediente se deriva a los médicos del Instituto Técnico Forense para que examinen la historia clínica del prisionero y evalúen la gravedad de la situación. Luego de eso también se le da intervención a la Fiscalía para que manifieste su posición.

“Todo eso lleva unos cuantos días”, explicó Gesto, quien contó que mientras estuvo de turno en abril durante la feria sanitaria decretada por el Poder Judicial, a cargo de los cinco juzgados de Ejecución, llegó a dar trámite a hasta 15 pedidos de prisión domiciliaria por día.

El magistrado cree que en los próximos días comenzarán a resolverse las solicitudes.

“En algunos casos hay argumentos más sólidos, en otros son más flojos, no hay enfermedades preexistentes y solo se apoyan en la alerta general y en la cárcel como foco peligroso para el contagio”, explicó. Gesto dijo que los pedidos han sido presentados tanto por abogados de oficio como por privados, aunque los primeros son los más numerosos porque defienden a la enorme mayoría de los presos.

Adriana Berezán, de la Defensoría de Ejecución Penal, dijo que solo esa oficina —que asiste a unos 3.000 reclusos— ha presentado en el entorno de 100 pedidos de prisión domiciliara en las últimas semanas.

Hasta ahora ninguno ha sido resuelto, dijo, aunque sí se concedió la prisión domiciliaria en unos pocos casos en el interior del país.

“Mayor vulnerabilidad”

“Dada la naturaleza de la pandemia provocada por el Covid-19, que vulnera múltiples derechos de los individuos y de la sociedad toda, fundamentalmente los derechos a la vida y a la salud, resulta fundamental que los mismos sean garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado, y en especial a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas privadas de libertad”. Así argumentó una defensora el pedido de que se conceda una prisión domiciliaria a un recluso cuya pena vencería tan solo 20 días después.

Es que en la mayoría de los casos en los que se solicitó la salida de la cárcel los condenados están cerca de cumplir sus penas, dijo Berezán. Por lo cual de concederse el arresto domiciliario se adelantaría solo semanas o meses la salida de la prisión.

De todos modos, la defensora no es optimista. Mencionó como ejemplo la reacción que hubo en Argentina y la indiferencia que la situación de los presos genera en la sociedad. La Defensoría está trabajando junto con el comisionado penitenciario para tratar de acelerar los procesos y concientizar sobre el riesgo que representa el contagio del coronavirus en las cárceles.

A pedido de Petit, el INR elaboró una lista de los prisioneros mayores de 60 años que sufren patologías. En total, dijo Berezán, son unas 150 personas las incluidas en el relevamiento, aunque considera que ese número es demasiado bajo para una población carcelaria que, si bien es mayormente joven, supera los 11.000 reclusos.

La Defensoría de Ejecución Penal se apoyó en ese insumo para detectar los casos más urgentes, pese a que duda de que el control sanitario de las cárceles sea lo suficientemente frecuente y exhaustivo para poder hacer un buen relevamiento. Según informó El País el 12 de abril, las cifras que maneja el Sistema de Atención Integral de Personas Privadas de Libertad de la Administración de Servicios de Salud del Estado son mayores. Los reclusos de más de 65 años que tienen patologías y presentan mayor riesgo si contraen el coronavirus ascienden a 500, según esa oficina.

Consultado por Búsqueda, Petit dijo que está al tanto de que hay al menos 100 pedidos de prisión domiciliaria en trámite y coincidió en que “no será fácil” obtener decisiones favorables. “No es rápido el proceso. Se han otorgado algunas, pero no más de cinco”, estimó.

El ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 2º turno, Ricardo Míguez, dijo a Búsqueda que cuando esa sede estuvo de turno, durante la segunda quincena de abril, recibió varias apelaciones contra medidas cautelares de prisión en las que los abogados alegaban la situación de pandemia para reclamar una medida alternativa. Dijo que “en muy pocos casos” (dos o tres) el tribunal resolvió acceder a lo solicitado por las defensas y disponer la prisión domiciliaria atendiendo al riesgo sanitario. Se trataba, aclaró, de primarios que habían cometido delitos de “poca monta”.