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Más de 30 organizaciones sociales y un número similar de personas solicitaron la renuncia de la Dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) debido a “graves violaciones” a los derechos humanos de los adolescentes infractores que están en las dependencias de esa institución.
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Las organizaciones y personalidades realizarán hoy miércoles 30 una conferencia de prensa en la que oficializarán el pedido de renuncia de la Dirección del Sirpa, compuesta por Ruben Villaverde, Jorge Gago y Carlos Manzor.
Quienes reclaman la remoción apoyaron el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que a comienzos de mes denunció en el Parlamento malos tratos a los adolescentes en conflicto con la ley y que están 23 horas al día encerrados, entre otras cosas.
Ese documento “corrobora el contenido de informes y recomendaciones que parte de la sociedad civil junto a organizaciones internacionales vienen desarrollando desde hace años”.
“Las situaciones visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio para disminuir la criminalidad adolescente”, dice un comunicado firmado por 32 organizaciones y 32 personalidades del periodismo, el ámbito universitario y del sistema judicial.
Entre ellos figura la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Anong), Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (Ielsur), la Organización Mundial Contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño Uruguay.
Quienes firman la carta sostienen que los “órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones”. Por eso creen que es “imperioso relevar a la actual Dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado”.
“Creemos también que todos los actores que operan dentro del Sistema Penal y Carcelario tienen cuotas de responsabilidades en su funcionamiento. En este sentido visualizamos la falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema”, sostienen quienes apoyan el comunicado.
A la vez, las organizaciones reclaman a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical promover “buenas prácticas de ejercicio de sus funciones” y “actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza dando una señal clara de que la tortura no se tolera y se persigue”.
Aunque las organizaciones piden la remoción, la semana pasada el gobierno respaldó a las autoridades del Sirpa. El presidente del INAU, Javier Salsamendi, afirmó al inaugurar nuevas instalaciones para adolescentes infractores, que en dos años de gestión se lograron cambios y que se está ante la “transformación más grande del sistema”. Por eso, pidió que se mirara “el medio vaso lleno”. “Si se mira el medio vaso vacío, se desmoraliza” y eso “conspira” contra los cambios. Salsamendi agregó que el organismo “combatirá” cualquier tipo de “desviación” o “problema”.
Además del apoyo de Mujica, la gestión que encabeza Villaverde tiene el respaldo del ex presidente y precandidato presidencial Tabaré Vázquez.
