Más de 300 personas fueron trasladadas a los juzgados de faltas por ocupar los espacios públicos, pero ninguna fue procesada

De acuerdo a las fuentes consultadas, los jueces consideran en sus fallos que el Estado no cumple con la responsabilidad de garantizar una alternativa a las personas desalojadas, por lo cual resuelven no procesarlas.

Rodríguez aclaró que esta situación se da solo en esta falta en particular, y destacó que en otras faltas, como la de conducir bajo efectos del acohol, ha habido una muy buena aplicación.

Fuentes judiciales consultadas por Búsqueda reconocieron que existe una dificultad con este tema. Señalaron que se trata de un problema que “excede” al Poder Judicial y advirtieron que observan diferentes posturas en la interna del propio Poder Ejecutivo ya que —según afirman—el Ministerio del Interior es partidario de procesar a las personas que duermen en la calle mientras el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es más reacio a esa alternativa. Indicaron que la Justicia ha asumido un papel “flexible” por el momento, en el entendido de que se trata de una normativa “relativamente nueva” que requiere el “aprendizaje de todos los actores”. Sin embargo, señalaron que si esta situación se repite, en el futuro pueden llegar a intimar a dependencias del Poder Ejecutivo para que cumplan con la obligación de internar y brindar alternativas a las personas que habitan en la vía pública.

Reincidentes.

Según establece el artículo 14 de la ley de faltas, cuando una persona “fuera del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 57 de la Constitución de la República” (referido a la huelga), ocupare espacios públicos, “acampando o pernoctando en forma permanente en ellos, será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario, si habiendo sido intimado dos veces de que desista de su actitud por parte de la autoridad municipal o policial correspondiente persiste en la misma”.

De acuerdo a la norma, “siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada y se dé cuenta al juez competente”.

A partir de la aplicación de la ley la Policía llevó a cabo, entre el 20 de setiembre de 2013 y el 20 de febrero de 2014, 2.875 desalojos de personas de espacios públicos, según datos publicados por el Ministerio del Interior. Estos casos equivalen a 1.648 personas (ya que algunas son desalojadas más de una vez) que son trasladadas ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). De todas estas personas, 331 fueron trasladadas a los juzgados de faltas por reincidir dos o más veces en la falta.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Búsqueda que hasta el momento la ausencia de procesamientos se debe a tres motivos. El primero es que los jueces consideran que el Mides “no les ofrece una alternativa” a quienes son retirados de la calle.

Por otra parte, según las fuentes, los fiscales “no estaban acusando” porque consideraban que la ley era inconstitucional, o no concurrían a las audiencias, con lo que el proceso —que debe ocurrir en un plazo breve— quedaba sin efecto. La tercera circunstancia que impidió los procesamientos es el hecho de que varios defensores de oficio presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la ley, dijeron las fuentes.

La semana pasada Búsqueda informó que la mayoría de la Suprema Corte de Justicia considera que la ley es constitucional, aunque la resolución todavía no está escrita. Las autoridades del Ministerio del Interior consideran que una vez que eso ocurra la aplicación de la ley de faltas mejorará, dijeron fuentes de esa Secretaría de Estado. De hecho informaron que luego de conocer que la Corte declarará la constitucionalidad de la ley, el equipo del Ministerio encargado del seguimiento de su aplicación mantendrá una reunión para analizar cómo fortalecerla.

Reparos.

Cuando en setiembre de 2013 los equipos de la Intendencia y del Ministerio del Interior se preparaban para comenzar con la aplicación de la ley, Búsqueda informó que los operativos policiales debieron suspenderse por más de una semana, debido a reparos planteados al más alto nivel del gobierno por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. El titular del Mides envió el 10 de setiembre una carta al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, informando que el operativo para retirar personas que ocupan espacios públicos todavía no se podía aplicar porque faltaba solucionar temas logísticos vinculados a la aplicación de la medida.

Olesker explicó en la carta, que su ministerio no estaba en condiciones de recibir a este tipo de personas antes del 20 de setiembre. A pedido del Mides, la secretaría de Estado recibió un millón de dólares adicionales para instalar una puerta de ingreso, un hogar diurno y dos hogares nocturnos para atender a los que viven en la calle. La situación sorprendió a integrantes del Ministerio del Interior y de la Intendencia de Montevideo (Búsqueda Nº 1.730).