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Una carta de la Cámara de Empresas y Agentes Culturales del Uruguay (Ceacu), fechada el lunes 23, denuncia las graves irregularidades en el manejo de los Fondos de Incentivo Cultural (FIC) que derivaron en la no habilitación del espacio fiscal para 2020, decidida en los últimos días por el Ministerio de Economía. Los firmantes señalan que esta situación impide “la ejecución de más de 300 proyectos culturales, afecta a más de 10.000 trabajadores en empleos directos e indirectos y obstaculiza el acceso de la sociedad a bienes culturales”. En tanto, basada en la gravedad de la situación, una de las empresas culturales afectadas reactivó una denuncia penal presentada en 2017, por el faltante de varios millones de pesos en el fideicomiso bancario al que estaban asignados, con el fin de financiar varios proyectos.
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La Ceacu se creó en agosto de 2019 a instancias de la Cámara de Comercio en respuesta a la inoperancia y desacuerdos entre los ministerios de Educación y Cultura (MEC) y de Economía y Finanzas (MEF) para resolver “momentos de gran incertidumbre durante los años 2017 y 2018”, según la carta. Ambos ministerios son los principales responsables del Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artísticos Culturales (Conaef), que administra los FIC.
Mediante estos fondos, que fueron creados por ley en 2005 y comenzaron a funcionar en 2009, las empresas privadas pueden financiar proyectos culturales y a cambio obtener del Estado beneficios fiscales. Todos los años, el MEF habilita un espacio fiscal con ese propósito, con un monto que en las últimas ediciones fue de unos cien millones de pesos. Ese espacio es el que está en suspenso a la espera de un balance financiero. La Conaef está presidida por el MEC y la integran los ministerios de Economía, Trabajo, Industria y Turismo, además del Congreso de Intendentes y las cámaras empresariales.
Como informó Búsqueda (Nº 2.018 y 2.032), ante denuncias de gestores y empresas culturales, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, pidió en 2017 una investigación administrativa y la actuación de la Contaduría General de la Nación (CGN), que detectó severas irregularidades en la gestión de los FIC. A comienzos de 2018, Muñoz removió de sus funciones en el Conaef a Claudia Mera, encargada de administrar los fondos, y a Sergio Mautone, director nacional de Cultura, quien presidía el consejo y fue sustituido por Alejandro Denes, también funcionario de la Dirección Nacional de Cultura.
La investigación continuó durante un año y medio en la órbita de la Auditoría General de la Nación (AGN), que identificó nueve hallazgos “de extrema o alta criticidad” y recomendó pasos a seguir. Algunos de esos “hallazgos” consistieron en inasistencias permanentes o prolongadas de representantes públicos al Conaef, falta de registro en el Libro de Actas, falta de garantías en cuanto al destino final de los fondos y carencias de confiabilidad en la información financiera y contable.
La carta de la Ceacu, firmada por Diego Barnabé (presidente) y William Rey (secretario) cuestiona especialmente al MEF y sobre todo la actuación de su representante, la contadora Magdalena Terra, quien en ocho años no solicitó ningún balance de los fondos. “¿Cuál es la función que el legislador asignó al MEF en el Consejo sino disponer de los controles financieros y administrativos necesarios, rendir cuentas a las autoridades y velar por la buena y transparente gestión de los fondos públicos?”, se preguntan los firmantes.
La no habilitación del espacio fiscal supone que proyectos culturales de todo el país, entre ellos los festivales Música de la Tierra, Jazz a la Calle o Jazz de Punta del Este, corran serios riesgos de realizarse.
Denuncia penal
Toda esta situación llevó a la productora de contenidos culturales BMR, que integra la Ceacu y es beneficiaria de los FIC, a presentar una denuncia penal por “hechos con apariencia delictiva” en la administración de los FIC. “En 2017 BMR y dos empresas más teníamos en nuestro poder depósitos de nuestros sponsors por más o menos ocho millones y medio de pesos. Los FIC son un fideicomiso que se alimenta con los depósitos de los sponsors en una cuenta corriente del BROU, que es única. Por lo tanto tendría que haber estado por lo menos esa suma, pero había solo $ 450.000”, explica a Búsqueda el contador Martín Colombo, representante de los denunciantes.
Ante esta situación, pidieron una reunión urgente a la ministra Muñoz que derivó en las investigaciones administrativas y en las posteriores auditorías. En ese momento, la ministra le solicitó un informe a Mautone, quien por mail corroboró que la cuenta corriente tenía solo $ 450.000. “En ese mail también decía que en otra cuenta del BROU había cuatro millones y medio de pesos. Con el contenido de este mensaje presentamos una denuncia penal porque nuestro dinero no estaba. Aunque sumáramos las dos cuentas, y supongamos que fuera un error y hubieran pasado dinero de una cuenta para otra, cosa que no pueden hacer, cuatro millones y medio, más $ 450.000 no suman los ocho millones y medio de pesos que los sponsors habían depositado y por los que teníamos comprobantes”.
La denuncia penal que BMR presentó en noviembre de 2017 quedó sin efecto, pero luego de los informes de las auditorías se reabrió el caso. “Nosotros hicimos la denuncia ante el MEC, ante la Justicia y también ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)”, dice Colombo. La Jutep ha estado investigando la gestión de los FIC y recabó información de otras empresas, por eso los responsables de BMR no descartan que también presente una denuncia penal. “Si a nosotros nos debían, podemos suponer que también a otros. Eso no lo puedo comprobar, pero sí que a nosotros no nos liberaron el dinero que estaba depositado. Tal vez lo destinaron a otros usos, lo jinetearon, pero al ser un fideicomiso ese dinero no se puede tocar”, señala Colombo.
La denuncia penal es contra el Conaef, integrado por 17 miembros. Para Colombo hay una responsabilidad grande entre quienes firmaban los cheques, que fueron Mautone, durante 2017, y Terra, la delegada del MEF.
En los últimos meses los gestores y empresarios han asistido al enfrentamiento entre el MEC y el MEF por la gestión de los fondos. Afirma Colombo: “Se culpan uno al otro y en esa pelea nosotros estamos de rehenes”. En tanto, la Ceacu ha tenido contactos informales con las futuras autoridades del gobierno electo que mostraron su preocupación por encontrar una salida. Hay unanimidad en todos quienes participan de los FIC en que son una herramienta poderosa para el impulso de la cultura.
