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Una auditoría interna de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) sobre los gastos de funcionamiento de los hospitales públicos reveló un alto porcentaje de montos observados por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). El estudio analizó las compras de todas las unidades ejecutoras durante el período que va de enero a julio de 2016 y concluyó que en promedio hubo observaciones al 66,1% de los gastos en servicios tercerizados efectuados por los hospitales de todo el Uruguay.
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Las principales observaciones están dirigidas a servicios médicos, traslados, alimentos, medicamentos, servicios de limpieza, aseo, fumigación, servicios de vigilancia y custodia. Se trata de gastos de funcionamiento. Si las compras se discriminan por centro asistencial, los porcentajes de observaciones trepan bastante más alto que el promedio de todos los hospitales.
Según el informe —al que tuvo acceso Búsqueda— en el Hospital de Colonia el 97% de las compras fueron observadas. El nosocomio gastó $ 68.976.330 en distintos servicios durante el primer semestre de 2016 y $ 66.640.854 fueron intervenidos con observaciones del TCR. En el Hospital de Rivera se gastaron $ 89.569.099 y se observaron $ 79.554.404, el 89%. En hospitales de Montevideo también hubo montos observados. En el Maciel se observó el 92% del gasto. De los $ 110.788.800 que se gastaron de enero a julio de 2016, $ 119.914.180 fueron observados, de acuerdo al informe. En el Pasteur se observó el 90%: $ 80.741.765 de los $ 89.365.629 que se ejecutaron. Hay más ejemplos: en el Hospital Vilardebó se observó el 96% de las compras de servicios; en el Hospital de Las Piedras el 88%; en el Centro Geriátrico Luis Piñeyro del Campo el 87%; en el Hospital de Carmelo el 86%; en el Hospital de Artigas el 81%; en el Centro Hospitalario Gustavo Saint-Bois el 78%; en el Hospital Español el 77%.
Si bien la mayoría de los centros de salud supera la media de gastos cuestionados, hay otros con observaciones marginales. Por ejemplo: la Red de Atención Primaria de Flores, que gastó $ 1.005.410, tiene solo un 4% del monto con observaciones ($ 41.870); la Red de Atención Primaria de Río Negro tiene un 11% y el Hospital de Tacuarembó un 18%. Por lo general, las observaciones del TCR remiten a cuestiones que se apartan de lo establecido por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Los gastos en servicios tercerizados en hospitales de ASSE están bajo la lupa y forman parte central de la comisión investigadora sobre la gestión del organismo que se podría votar finalmente el miércoles 9 en el Parlamento. El diputado blanco Martín Lema interpeló en febrero al ministro de Salud, Jorge Basso, por este tema. Lema denunció que en los últimos años se incrementó en varios millones de dólares la compra de servicios a terceros. Dijo que en traslados se pasó de gastar US$ 1,2 millones en 2008 a US$ 12 millones en 2016. Y que en servicios de CTI las cifras subieron de unos US$ 7,5 millones en 2008 a US$ 23 millones en 2016. El diputado cuestionó que hay “amiguismo” detrás de muchas de las decisiones en ASSE y apuntó especialmente a la contratación del servicio de ambulancias Siemm, propiedad de tres directores de hospitales públicos, en el centro de salud de Bella Unión. El miércoles 2, la presidenta del directorio de ASSE, Susana Muñiz reconoció que a esa contratación —que fue en el período anterior— ella no la hubiera autorizado.
“Hay que ser muy cuidadosos en el tema conflicto de intereses”, señaló Muñiz en diálogo con Telenoche. Pero, asimismo, apuntó que le “llamó la atención” las denuncias por este tema, pues “miembros del Partido Nacional estaban sentados en el directorio” cuando se tomaron las decisiones. El exrepresentante de la oposición en el directorio, el blanco Marcelo Sosa, respondió a través de su cuenta de Twitter que la licitación de las ambulancias de Bella Unión “no pasó por el directorio de la época”. “Surge de auditorías que pedimos”, tuiteó, y agregó que los resultados llegaron cuando ya no estaba en ASSE. En este período de gobierno se eliminó la representación de la oposición en el organismo estatal.
Intervención, debate y carroña.
El diputado Lema presentó el miércoles 2 al Ministerio de Salud Pública una exposición escrita donde hace un recuento de “irregularidades y hechos de corrupción” en la gestión de ASSE desde el año 2014 hasta la fecha. Y recuerda el “lamentable y vergonzoso procesamiento penal” del exdirector Alfredo Silva, representante de los trabajadores en el directorio. “Los resultados de auditorías internas y externas realizadas en 2013, 2014, 2015, resultaron alarmantes, y son de conocimiento del Ministerio de Salud. Las irregularidades detectadas son diversas y entre otras se concentran en los procesos de adjudicaciones de contratos, en los controles sobre empresas tercerizadas, en laboratorios, farmacias, obras de arquitectura, colonias psiquiátricas, aportes de suplentes, etc.”, señala en su escrito. Lema pone esos antecedentes para reclamar al ministerio que “asuma su responsabilidad e intervenga con carácter urgente en la mala gestión de ASSE”.
En los últimos días Muñiz ha trancado fuerte a los cuestionamientos. “Acá hay carroñeros de varios pelos y de distintos colores, que se disfrazan de periodistas y políticos”, descargó durante la inauguración de obras en el Hospital de Florida.
“Les duele muchísimo que ASSE sea el prestador más importante del país; que tenga 1.300.000 afiliados, que tengamos 500.000 Fonasa, que cada vez nos eligen más. Es plata que no va para sus bolsillos, es plata que no va para los poderosos”, dijo, según informó Radio Uruguay esta semana.
El miércoles 2, el diputado Lema le envió una carta a Muñiz para invitarla a un “intercambio público de posiciones”. En la misiva argumenta que considera “inciertas e incorrectas” algunas declaraciones de Muñiz a la prensa. Muñiz respondió al legislador el miércoles mismo. Dijo que acepta la invitación, aunque “el ámbito natural para ese intercambio es el Parlamento nacional”.