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Entre los múltiples cambios que causó la llegada de la pandemia del Covid-19 está el que lógicamente provocó una pausa en el impulso de cambio que parecía querer implementar el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que 12 días después de asumir tuvo que dedicar todas sus energías a la atención de la crisis sanitaria.
El envío al Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración (LUC) y el comienzo de su discusión, parecen marcar el intento del gobierno por retomar la agenda que había presentado a la ciudadanía durante la campaña electoral, algo que las consecuencias que se han producido luego de la pandemia vuelve mucho más necesario y urgente.
Antes del shock del Covid-19, la situación del país ya era extraordinariamente complicada: un déficit fiscal bien medido superior al 5% del Producto Bruto Interno; el desempleo en los dos dígitos; la economía en recesión; la competitividad y rentabilidad de las empresas en caída desde hacía varios años; y un contexto regional que ya lucía muy desfavorable, particularmente por el lado de Argentina. Salvo el tema de la competitividad, que en parte se ha mitigado por la suba del dólar causada a partir de la crisis del coronavirus (aunque las monedas de todos nuestros principales competidores también se han depreciado, al tiempo que los precios de las materias primas han mostrado bajas bastante generalizadas), el shock recibido ha profundizado la tendencia a la caída del nivel de actividad y de empleo, al deterioro de las cuentas fiscales, así como el impacto negativo sobre el sector externo tanto en el ámbito regional como en el resto del mundo.
Si la dinámica que tenía el país hasta febrero era totalmente insostenible, mucho más lo es ahora teniendo que absorber este shock, tanto por sus costos de corto plazo como por el cambio en la situación de la economía mundial a mediano y largo plazo.
Es por ello que hace muy bien el gobierno en tratar de volver a impulsar su agenda de reformas, cuyos objetivos básicos son intentar desarrollar las condiciones para que la economía uruguaya retome la senda del crecimiento económico; que se recupere la inversión, el empleo y los ingresos reales de las familias de manera sostenida; que las cuentas fiscales y la deuda pública vuelvan a senderos sostenibles; y que la inflación se mantenga bajo control. Lamentablemente, es claro que nada de eso va a ocurrir en este año debido al impacto de la crisis sanitaria. Para colmo de males, el contexto internacional y regional va a ser mucho más complicado al menos hasta bien entrado el 2021 en materia de potenciales presiones proteccionistas, caídas en los volúmenes del comercio mundial, comportamiento de los precios de las materias primas, ritmo de crecimiento de la economía mundial y de flujos de capitales hacia los países emergentes.
El esfuerzo interno que habrá que hacer para retomar el ritmo de crecimiento de la economía y solucionar los múltiples desequilibrios existentes antes de la irrupción del Covid-19 será ahora mucho más monumental. La política de “austeridad” en el manejo del gasto público y la reforma a fondo de la seguridad social —imprescindibles para encarrilar la situación fiscal y de deuda pública antes de tener que asumir el costo de la crisis sanitaria— ahora deberán apuntar a objetivos mucho más ambiciosos. La búsqueda de mayor y mejor acceso a nuevos mercados para los productos uruguayos se enfrentará ahora a un mundo relativamente más hostil y proteccionista. El trade-off entre salario y empleo será mucho más complicado, y obligará a repensar el marco normativo de funcionamiento del mercado de trabajo. La reducción del “costo uruguayo” para mejorar de manera duradera la competitividad de las empresas también se vuelve más urgente y necesaria que nunca. Será difícil, por no decir imposible, pensar en un esquema de crecimiento “fácil” a partir de “atraso cambiario” y boom de consumo financiado con ingreso de capitales, y habrá que hacer el esfuerzo de producir condiciones para un fuerte aumento de la inversión y de las exportaciones para que se constituyan en motores de un crecimiento más duradero.
En definitiva, si la agenda que se había planteado el gobierno de la coalición multicolor era necesaria para promover condiciones mínimas para sacar al país del punto muerto en que había caído en el quinquenio 2015-2019, la llegada del Covid-19 la vuelve imprescindible y urgente para contener las consecuencias más negativas del shock y crear condiciones de salida más sustentables a mediano plazo. Más allá de que, como en todo el mundo, seguramente habrá que esperar varios años para volver a alcanzar el nivel de bienestar previo a la pandemia.
