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En la Suprema Corte de Justicia existe mayoría para rechazar por “aspectos formales” la acción de inconstitucionalidad presentada por un contribuyente contra la ley de patente única aprobada por el Parlamento casi dos años atrás, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Judicial.
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Los ministros no llegaron siquiera a analizar “el fondo de la ley”, según indicaron los informantes, porque consideran que el particular que presentó el recurso carece de “legitimación” para iniciar la acción. La Constitución establece que para presentar un recurso de inconstitucionalidad el promotor debe tener un “interés directo, personal y legítimo”, lo que en este caso no se cumple.
A juicio de los magistrados las intendencias son las que cumplirían con la condición de un “interés directo, personal y legítimo”. Sin embargo, los informantes agregaron que las intendencias, lejos de presentar acciones de inconstitucionalidad, están de acuerdo y aplicando la nueva legislación.
A fines de 2011 el gobierno logró poner fin a la “guerra de las patentes”, un eterno conflicto que hacía medio siglo mantenían las intendencias departamentales, que cobraban distintas patentes a los dueños de autos, generando empadronamientos en lugares donde los automovilistas no residían, lo que a su vez provocaba feroces fiscalizaciones.
La ley 18.860 de diciembre de 2011 creó el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), para gestionar el cobro del tributo de patente de rodados en todo el país. La ley prevé un subsidio para las intendencias que, como consecuencia de los nuevos precios del tributo, recauden menos de lo que recaudaron en 2010. A través de un Fondo Nacional de Unificación del Tributo de Patente de Rodados, Rentas Generales distribuye recursos entre los gobiernos departamentales “de forma tal de asegurar que la recaudación total de cada gobierno por concepto del impuesto a los vehículos no sea inferior al correspondiente al ejercicio 2010”.
El proyecto de ley tuvo en la Cámara de Diputados el apoyo de 65 legisladores oficialistas, colorados y blancos (Alianza Nacional). Cuando el texto pasó al Senado sólo el senador Eber Da Rosa, de Alianza Nacional, se sumó a los frenteamplistas.
En el marco del debate legisladores de la oposición y catedráticos pusieron en duda la constitucionalidad de la ley promovida por el gobierno porque de acuerdo con la Constitución son las intendencias las que tienen la potestad de definir impuestos, y porque estos deben ser aprobados por la mayoría de la Junta Departamental, organismo que quedaba afuera del nuevo procedimiento.
“Si este proyecto se aprueba así, nacerá malherido y es muy probable que herido de muerte”, advirtió en aquel momento el nacionalista Jorge Gandini, aunque de todos modos dio su voto a favor (Búsqueda Nº 1.635).
En contra de los augurios de Gandini, la ley que solucionó un conflicto añejo entre los gobiernos departamentales sobrevivió a la primera acción de inconstitucionalidad y, si los ministros mantienen el criterio aplicado con esta acción, sólo la podrá derribar un recurso presentado por una de las intendencias.
