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Sentado frente a los senadores de la Comisión de Defensa Nacional, tiempo atrás Javier García reconoció que dentro de la Armada hay “culturas organizacionales que no son adecuadas” y que como ministro las pudo constatar de primera mano. Habló de “tareas de muchos años” que dentro de la propia fuerza se sostuvieron en el tiempo sin solucionarse pese al conocimiento de todos sus integrantes. Hoy esas prácticas se volvieron parte del andamiaje diario de la institución por la dificultad y cierta apatía de las autoridades para solucionarlas debido a su complejidad.
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Aquel día, García mencionó en particular las vigilancias especiales que cumple la Prefectura Nacional Naval, un servicio “que no es el debido” y que está definido por la Ley Nº 13.318 de 1964. La norma, en su artículo 222, autoriza a la Policía y a la Prefectura Nacional Naval a cobrar por la prestación de ese tipo de servicios.
Se trata básicamente del mismo servicio 222 que tantos problemas causó en la Policía Nacional, aunque en la versión de la Prefectura, cuyos miembros están facultados a trabajar por fuera de la institución en funciones de seguridad para personas públicas y privadas, por ejemplo, pueden desempeñar tareas de fiscalización en la franja costera de Montevideo durante la temporada de verano en conjunto con el cuerpo inspectivo de la intendencia o de tráfico de recepción y transmisión de comunicaciones entre buques de ultramar, cabotaje, pesca y sus agentes marítimos.
Al igual que en la Policía, este servicio rápidamente fue ganando terreno dentro de la Prefectura. De ser ideado originalmente como una función adicional y excepcional para dar un insumo extra a los oficiales pasó a convertirse en una fuente de ingreso continua. Esto trajo como problema que el trabajo formal de la Prefectura se viera mermado por falta de personal, que las condiciones laborales del 222 no se controlaran y, principalmente, que el pago de la vigilancia especial se viciara de irregularidades al no contemplar aportes ni retenciones y al cubrir más personas de las que la tarea justificaba.
Sucesivos decretos reglamentaron la ley original de 1964 para intentar regular el servicio 222, pero no fueron lo suficientemente amplios ni lograron el efecto esperado. Incluso se llegaron a cambiar las tarifas para los servicios de vigilancia especial bajo la necesidad de que fueran más flexibles, abaratarlas y poder competir con las empresas privadas que ofrecían tareas similares.
El Ministerio de Defensa Nacional espera ahora alcanzar una solución definitiva a través de un decreto publicado el jueves 7 que aprueba un reglamento para los servicios de vigilancia especial que presta la Armada. El reglamento fue elaborado por la Dirección General de Recursos Financieros y el Departamento Jurídico-Notarial del ministerio junto con el Comando General de la Armada. Debido a la sensibilidad del tema y a la tradición que el 222 tiene en la Prefectura, uno de los jerarcas que participó activamente en el diseño fue José Luis Elizondo, el prefecto nacional naval.
“Luego de la sanción de la Ley de Puertos en 1992, así como de normas nacionales y la ratificación de normas internacionales en materia de seguridad, prevención de ilícitos y prevención y control de la contaminación del medio marino, es necesario adecuar el reglamento del servicio de vigilancia especial para que se oriente hacia un procedimiento administrativo que asegure la mayor transparencia”, argumenta el documento.
La nueva normativa establece que los servicios podrán ser solicitados por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y tendrán por objeto la vigilancia por motivos de seguridad, prevención de ilícitos, prevención y control de la contaminación. La Prefectura deberá determinar cuáles pedidos acepta, “buscando preservar la eficiencia y buen nombre de la institución y considerando que la cantidad de efectivos que se pretende contratar sea la adecuada para el servicio requerido”. Además, todas las contrataciones aceptadas deben ser comunicadas al Comando General de la Armada en un período máximo de 15 días, ya que será la propia Armada quien tenga a cargo la tarea de control de la implementación de los servicios de vigilancia especial y las funciones de control de la contratación, planillado, comunicaciones, registro de contratantes y deudores. También la Armada tendrá que implementar auditorías internas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
El reglamento define las tarifas, los porcentajes de distribución de lo recaudado por la vigilancia especial y las cargas legales que debe afrontar el contratante y prohíbe asignar servicios de vigilancia especial a personal superior y subalterno que se encuentre en goce de su licencia anual reglamentaria, con exención médica del servicio ordinario o cumpliendo sanciones disciplinarias.
Inspecciones y astilleros
Este decreto es el segundo que elabora el Poder Ejecutivo para intentar poner fin a conductas irregulares que históricamente se repitieron en la Armada. El año pasado se dispuso que las inspecciones a embarcaciones realizadas en el exterior sean designadas directamente en misión oficial desde el Ministerio de Defensa, que entre otras cosas pasó a ser el responsable de asignar el viático que corresponda. La norma se decidió para monitorear directamente a la Comisión Técnica (Cotec) de la Armada, un departamento encargado de los servicios de inspección que se hacen a todos los barcos civiles que llegan a Uruguay y a todas las embarcaciones de bandera uruguaya que navegan en el extranjero. La Cotec estaba en la mira por constantes denuncias y suspicacias de sobrecobros y malversación de viáticos. “Eran asuntos que requerían mucho trabajo, mucho taller, mucho meter mano, pero en algún momento había que hacerlo, y en eso estamos”, indicó García en el Parlamento.
El nuevo régimen de la Cotec ya ha generado algunas críticas internas dentro de la marina, según dijeron fuentes oficiales a Búsqueda, porque se considera que es demasiado lento administrativamente para la agilidad que requiere una urgencia como un barco averiado que fue arreglado y necesita ser autorizado para salir al mar.
Otro de los problemas fue la denuncia que hizo Otto Gossweiler, director general de Material Naval de la Armada, respecto a supuestos sueldos ilícitos en el pago de horas extras en el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento, que gestiona y administra los únicos dos diques secos con que cuenta el país. El 1º de junio el portal Defensa.com informó que, tras la acusación de Gossweiler, el servicio fue desafectado de la Dirección General de Material Naval y pasó a depender directamente del comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson.
