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    Médico procesado por el caso de las ambulancias de Bella Unión dice que fue el “fusible que saltó”, producto de una “embestida” política

    Con algo más de 30 años, Marcos García ya había estado al frente de dos hospitales públicos. Entre los años 2012 y 2018 fue director de los centros de salud de Bella Unión y de Salto. Pero la carrera médica que venía en ascenso se desplomó en poco tiempo. Hoy, con 35 años, es médico general de la Red de Atención Primaria (RAP) en Salto y tiene un cargo en la mutualista de Bella Unión. Y es el único procesado por la Justicia por el caso de las ambulancias de Siemm, una empresa privada de la que forma parte junto a otros dos médicos que se desempeñan en el área pública, y que fue contratada sistemáticamente por el Hospital de Bella Unión mientras él era director.

    La trama del servicio de emergencia móvil en el centro de salud fronterizo fue uno de los temas principales de la investigadora parlamentaria impulsada por la oposición durante el 2018. Y tuvo un capítulo final hace un par de semanas cuando la Justicia falló en contra de García. La jueza de Crimen Organizado Dolores Sánchez concluyó que el exjerarca cometió el delito de conjunción del interés público con el privado y fue procesado sin prisión. Desde el living de su casa en un barrio salteño cercano al centro, García sostiene que es inocente, que se comió “un garrón”, que es “un fusible que saltó”, que hay “cuestiones políticas” detrás de su procesamiento. Y también dice que hubo una cadena de errores burocráticos en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que determinaron este escenario. Los abogados del médico presentaron un extenso escrito de apelación pidiendo la revocación de la sentencia judicial.

    “Yo voy a pelear hasta la muerte para demostrar mi inocencia. Desde ningún punto de vista estuvo en mí generar cualquier proceso delictivo. Nunca me aparté del principio básico del médico”, dijo García a Búsqueda. Explicó que cuando llegó a Bella Unión se encontró con un “gran problema” que era el de los traslados de pacientes. “Era un problema serio. Muchas veces se trasladaban en un coche fúnebre o en taxis o en móviles policiales. Eso es algo que desde la normativa está totalmente prohibido. Pero era la situación que uno tenía que resolver porque o se moría un paciente en la puerta de emergencia sin la asistencia debida o le brindabas otra oportunidad, como a cualquier persona de Montevideo que tiene un CTI al lado. Allá están a 140 kilómetros”.

    “Yo voy a pelear hasta la muerte para demostrar mi inocencia. Desde ningún punto de vista estuvo en mí generar cualquier proceso delictivo. Nunca me aparté del principio básico del médico”, dijo García a Búsqueda.

    Al tanto de esa “necesidad sentida de la población” fue que García junto a los médicos Rodrigo Barcelona y Federico Eguren decidieron crear la empresa de ambulancias Siemm para brindar el servicio. “Nosotros conocíamos el terreno”, admitió. “Pero había una gran problemática que era la atención prehospitalaria. De hecho, el índice de siniestralidad sigue siendo altísimo. Casi todos los fines de semana”. Y también reconoció que cuando apareció Siemm en el mercado se disparan los traslados, pero lo justifica: “Se comprueba que existía esa necesidad del servicio”. García dijo que se le presentaron notas a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev). “Era el único lugar en el Uruguay donde el paciente quedaba sin atención prehospitalaria. El que sufría un siniestro de tránsito no tenía una prestación para ser asistido. Y esa es la finalidad de Siemm“. García sostuvo que cuando asumió la dirección del Hospital de Bella Unión, en el año 2012, lo “primero” que hizo fue notificar a su superior directo acerca de la “imposibilidad de participar en cualquiera de los procesos de traslados”. Dijo que esto lo hizo antes del primer llamado a licitación. Y especificó que le envió una nota a Eduardo Ferrazzini, director de la Regional Norte de ASSE.

    El escrito de apelación recoge este punto. Su abogada, Cecilia Salom, señala que “en modo alguno” se le puede reprochar “una conducta omisa” a García, pues este “denunció e informó a su superior jerárquico su voluntad de abstenerse en todo procedimiento vinculado a la tercerización del servicio de traslado de pacientes del Hospital de Bella Unión, aventando así cualquier duda acerca de su imparcialidad al respecto”. “Yo soy el primero que advierto”, afirmó García. “ASSE realmente no actúa. Porque esa nota llega a la gerencia administrativa, preguntan las razones de mi carta, y después no hacen nada”. El médico interpretó que quedó como rehén de un laberinto burocrático. Además, la defensa de García sostiene en su escrito que el subdirector por ese entonces, Washington Ferreira, solicitó que se le designara ordenador de gastos para estos casos. “En todo este tránsito no hay ninguna orden de compra firmada por mí”, señaló García. Y agregó que la dirección “no participa” de las autorizaciones de los traslados “porque es un acto meramente asistencial, que se hace en las puertas de emergencia, con independencia técnica”. “Y después, un mes más tarde llegan las boletas para pagar. Esas interpretaciones quedaron en la nebulosa en el proceso judicial. Y son las que tratamos de explicar”.

    Fusible

    García siente que su procesamiento tiene que ver con cuestiones político-electorales. “Hay prácticas habituales y normales en el Uruguay. Soy un fusible que saltó. Estamos en año electoral. Los batallares políticos hacen embestidas terribles. Esto es un tema político. En esa relación política creo que caigo”, señaló. Se refiere más que nada a su vinculación con la agrupación del exvicepresidente Raúl Sendic. El médico integró un lugar en la lista de Sendic durante unas elecciones internas departamentales. Pero asegura que “nunca militó” en ese sector. “Soy un frenteamplista independiente, no entiendo por qué me han relacionado con Sendic”. “Sí aparezco (en una lista), pero jamás milité”, se defendió. Dijo que en su momento se consustanció con la causa de los cañeros de Bella Unión y entendía que podía ser un lugar para ayudar.

    García confía en que la apelación surta efecto y caiga la sentencia en su contra.

    “No existió, al menos de mi parte, una mala intención de generar una riqueza”, dijo. “Esta es mi casa, alquilo, mi mujer trabaja como maestra en la escuela pública, mi hijo va a una escuela pública. Yo soy esto”.

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