La resolución de asamblea, que quedó sin efecto, abarcaba audiencias y decretos; solo 20 magistrados dijeron haberlas puesto en práctica
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa Asociación de Magistrados Judiciales del Uruguay resolvió el miércoles 14 de diciembre que hasta el comienzo de la feria judicial (es decir, el 25 de diciembre) cada juez, de acuerdo a la particularidad de su trabajo, materia y lugar, decrete “solamente los asuntos que valore esenciales” y limite “la cantidad de audiencias diarias”. Así lo refleja un comunicado de la organización, que no se encuentra en el acceso del público general, al que accedió Búsqueda.
La medida, adoptada en la asamblea extraordinaria de los socios, es una respuesta a la circular de la Suprema Corte de Justicia del 8 de diciembre que dejó sin efecto otra circular del 2002. La antigua normativa planteaba que los jueces podían delegar en los secretarios y actuarios la tarea de escribir los decretos, que luego ellos firmaban; la aprobada a principios de este mes eliminó esa posibilidad.
La determinación se basó en un informe de la Dirección de Servicios Inspectivos del Poder Judicial que detectó que muchos actuarios no cumplían su función o se encontraban atrasados en las tareas por cumplir parte de la de los jueces.
Los decretos son decisiones que se toman en un expediente judicial para que el trámite avance. En general se trata de cuestiones sencillas o de “complejidad mediana” que en ningún caso resuelven cuestiones de “fondo” sino que son de “orden” del proceso.
Los jueces agremiados consideran que la circular del 8 de diciembre fue “inconsulta” e “inmotivada” y argumentan que la “solución”, que tenía 20 años, “favorecía y beneficiaba el pronto despacho de los asuntos”. Además de las medidas de limitación del trabajo, la resolución de la asamblea también planteaba la solicitud de una entrevista a la Suprema Corte.
El 16 de diciembre, dos días después de que la Asociación de Magistrados emitiera el comunicado interno, la Suprema Corte de Justicia emitió una nueva circular a través de la cual obligó a los magistrados a presentar una declaración jurada que indique si participaron o no de las medidas gremiales adoptadas. En el documento, firmado por el prosecretario letrado Juan Pablo Novella, se señala que el pedido partía de un “mandato verbal” y que debía ser presentado en 48 horas.
El documento, con espacios en blanco para ser completados por los jueces, pedía especificar el nombre y apellido de quien suscribía, la cédula de identidad, el número de cobro y marcar con una cruz si adhería o no adhería a las medidas gremiales adoptadas, además de incluir la firma y el sello.
Según dijeron a Búsqueda fuentes de la Suprema Corte, de las 391 declaraciones juradas que recibieron en 371 los jueces aseguraron que no adhirieron a las medidas propuestas por el gremio. Los informantes indicaron que el pedido buscaba medir el nivel de afectación de los servicios e identificar a quienes estaban involucrados por si se decidía efectuar descuentos salariales, algo que luego descartaron.
Méndez dijo que no tiene forma de medir la adhesión, por lo que no puede contradecir esos números. Recordó, sin embargo, que la decisión en asamblea se tomó por más de 50 votos.
En la tarde del lunes 19 de noviembre la Asociación de Magistrados dejó sin efecto las medidas de limitación del trabajo. Según dijeron a Búsqueda fuentes judiciales, esto ocurrió luego de que las autoridades de la Suprema Corte le plantearan al gremio que no habría diálogo mientras continuaran las medidas de lucha, que interpretaban de un tono “agresivo”. Con este nuevo escenario, está previsto que se concrete una reunión entre las partes pasada la feria judicial, después del 31 de enero.
Al margen de este episodio, el gremio de jueces está en conflicto desde el sábado 19 de noviembre con la Suprema Corte porque entiende que existe “falta de transparencia en la carrera judicial”. El reclamo viene de varios años atrás e involucra al sistema de calificaciones para los ascensos, que consideran “secreto” y desconocen quiénes los realizan. Eso, indican, les impide fundamentar reclamos.
“Menos del 15% de 500 jueces son calificados para el ascenso. No puede ser que sean todos malos o que solo sean esos buenos”, dijo a Búsqueda el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez.
La declaración de conflicto marcó un cambio en el perfil que el gremio mantenía. A mediados de agosto de 2022 se realizaron las últimas elecciones, donde resultó ganadora la lista hasta entonces opositora. Méndez reconoce que a diferencia de la directiva anterior, que tenía un “estilo de asociación profesional”, ahora tienen una “impronta más gremial”.
En ese sentido, mencionó que antes se abordaban las cuestiones a través de las vías jurídicas, algo que ahora mantienen pero también empiezan a transitar hacia “acciones” laborales colectivas. Para el presidente del gremio, con la actitud de las autoridades anteriores no tuvieron una respuesta de la Suprema Corte de Justicia favorable a su reclamo y entiende que quizás por eso “la gente votó un cambio”.
Sin embargo, reconoce que hasta ahora tampoco lograron resultados.