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    Medidas sindicales y referéndum recrudecen el enfrentamiento entre oficialismo y oposición

    Un brote de conflictividad sindical y la confirmación de un referéndum contra parte de la Ley de Urgente Consideración (LUC) profundizaron el clima de confrontación entre el gobierno y la oposición frenteamplista y el sindicalismo. Los gestos y mensajes auguran un recrudecimiento de las tensiones al menos hasta el primer trimestre de 2022.

    Ese ambiente político contrasta con una situación sanitaria controlada en Uruguay —pese a la incertidumbre por ómicron, otra variante de Covid— y gradual repunte económico. En ese marco, el Ministerio de Economía ratificó el lunes 6 el “rumbo” de las políticas.

    Después de que se encaminó un conflicto en la industria cárnica —el principal rubro de exportación en los últimos meses—, surgió otro en Ancap. Un paro que incluyó la detención del refinado de crudo en La Teja causó inquietud entre las autoridades del ente y malestar en el Poder Ejecutivo.

    Se anunció la decisión de importar gasoil como medida de respaldo al suministro. Fuentes de Ancap explicaron a Búsqueda que se acumularon 45 horas sin producción, puesto que el proceso de arranque de la planta de La Teja se demoró hasta las 6 de la mañana de ayer miércoles 8. Agregaron que dejar de producir “intempestivamente” expone al ente al riesgo de “quiebre de stock” de gasoil a fin de año. La Unión de Vendedores de Nafta usó esa misma expresión para describir ayer los problemas de suministro de nafta, gasoil o de ambos productos que sufrió un “número importante de estaciones”.

    Sobre la acción sindical, el ministro de Industria, Omar Paganini, dijo a Búsqueda estar “sorprendido por la profundidad y lo inédito” de la paralización de La Teja, una medida que se tomó por última vez hace casi 50 años, en la huelga general de 1973. “Hay un desajuste entre el clima real que se vive y la medida tomada que sorprende y nos preocupa”, agregó.

    “Algunos tienen el legítimo derecho de parar; nosotros tenemos el legítimo derecho y la obligación de avanzar” en las reformas en Ancap, dijo el lunes el presidente Luis Lacalle Pou en la Cámara Española de Comercio, una de las veces que se refirió al tema.

    El PIT-CNT respaldó la medida sindical. Para su Secretariado Ejecutivo, la situación que se está viviendo en Ancap está enmarcada en “la concepción neoliberal del gobierno” que busca “el achique y el desmantelamiento de las empresas públicas”.

    Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que los integrantes del Secretariado Ejecutivo, en el marco del intercambio, resolvieron mantenerse alerta a los pasos que dé el gobierno en cuanto a la posible importación de combustibles. Si Ancap avanza en esa línea, el PIT-CNT evaluará tomar acciones de lucha generales.

    Esta semana el sindicato portuario también aplicó medidas de paro en defensa de los empleos que considera que corren riesgo como consecuencia de la extensión del contrato a Katoen Natie y las modificaciones normativas que le dan prioridad y relegan a su competidora Montecon. El conflicto se descomprimió luego de la intervención de Presidencia de la República, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas a las negociaciones. La Unión de Exportadores hizo un llamado a “defender el comercio exterior”, en el entendido de que con los paros en el puerto “pierde todo el país”.

    El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso el martes 7 reflotar un proyecto de ley de su partido para regular algunos aspectos de la actividad sindical, como la exigencia de personería jurídica, obligación al voto secreto y el descuento de la cuota sindical por planilla. “¿No será hora de ponerle límite a tanto atropello?”, se preguntó en Twitter.

    Otros conflictos están planteados en la banca oficial y en el sector del transporte de pasajeros interdepartamental, en el marco de la negociación colectiva.

    Marcelo Abdala durante la conferencia de prensa de la Comisión Nacional por el Sí a anular 135 artículos de la LUC, en la sede del PIT-CNT. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS

    Referéndum

    En medio de esta escalada de conflictividad, la Corte Electoral confirmó ayer miércoles que se alcanzaron las firmas necesarias para someter a referéndum 135 artículos de la LUC. La fecha fijada es el 27 de marzo próximo.

    El PIT-CNT, promotor de la consulta popular, junto con el Frente Amplio y otras organizaciones sociales, celebró la “hazaña”. Y se anunció la presentación de un recurso contra el uso del color celeste en las papeletas por el No a la derogación.

    Según una encuesta de Equipos difundida ayer miércoles en Subrayado de Canal 10, el 46% votaría por mantener la LUC y 33% por su derogación parcial, porcentajes similares a los que mostró un sondeo de agosto de esa consultora.

    “Decimos no al trancazo” que se proponen, con el referéndum, sus impulsores, dijo ayer el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en declaraciones a Telemundo de Canal 12. La consulta popular busca ser un “cuestionamiento general a la política del gobierno”, interpretó el líder del Partido Independiente.