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    Trump pierde en la Corte Suprema por los aranceles, pero anuncia un nuevo impuesto global

    El fallo determinó que el mandatario excedió su autoridad al imponer tarifas generalizadas mediante una ley de emergencia. Trump calificó la decisión de “decepcionante”, acusó al tribunal de estar influido por intereses extranjeros y anunció que aplicará un arancel global alternativo mientras busca otras vías legales

    La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes los aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump al considerar que fueron impuestos de forma ilegal bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, en una decisión que golpea uno de los pilares de su política comercial.

    En un fallo dividido 6 a 3, el alto tribunal sostuvo que la Constitución otorga al Congreso —y no al Ejecutivo— la facultad de imponer impuestos y aranceles, y concluyó que la utilización de esa norma de emergencia para aplicar gravámenes generalizados excedió la autoridad presidencial. La mayoría subrayó además que ningún mandatario anterior había interpretado que la IEEPA habilitara a establecer aranceles, lo que consideró una evidencia de que tal poder no existe.

    Embed - "Es una vergüenza": Trump critica decisión de la Corte Suprema de anular aranceles • FRANCE 24

    La sentencia invalida los llamados aranceles “recíprocos” y otros gravámenes generalizados que la administración había aplicado a decenas de socios comerciales, con un piso mínimo del 10% y subas mayores en casos específicos, como incrementos de hasta el 50% para algunos países. Sin embargo, el fallo no afecta otras tarifas vigentes —por ejemplo, sobre acero o aluminio— adoptadas bajo diferentes marcos legales.

    Tras conocerse la resolución, Trump reaccionó con dureza. En declaraciones a la prensa, calificó la decisión de “profundamente decepcionante”, dijo sentirse “avergonzado” por algunos magistrados y aseguró, sin aportar pruebas, que el tribunal habría estado influido por “intereses extranjeros”.

    Al mismo tiempo, anunció que recurrirá a otras herramientas legales para sostener su política comercial. Entre ellas, adelantó la imposición de un arancel global adicional del 10% utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente fijar tarifas de hasta el 15% durante un máximo de 150 días ante desequilibrios comerciales. También informó la apertura de una investigación bajo la Sección 301 para actuar contra lo que definió como prácticas comerciales desleales.

    “Tenemos alternativas muy poderosas”, afirmó el mandatario, al insistir en que los aranceles continuarán “bajo un paraguas diferente”.

    La decisión judicial supone una derrota significativa para la estrategia económica de la Casa Blanca, que había convertido las tarifas en un instrumento central de presión sobre socios comerciales y en una herramienta de política exterior. La oposición legal a esa estrategia, sin embargo, había reunido apoyos a lo largo de todo el espectro político estadounidense, incluyendo grupos empresariales y libertarios.

    La reacción de Europa y Canadá

    A nivel internacional, las primeras reacciones no se hicieron esperar. La Comisión Europea reclamó a Washington que reduzca los aranceles a productos europeos y subrayó la necesidad de estabilidad en la relación comercial transatlántica. Canadá, uno de los países más afectados por las tarifas, celebró el fallo y sostuvo que refuerza su postura de que esos gravámenes eran injustificados.

    En el plano interno, legisladores tanto demócratas como republicanos saludaron la sentencia por reafirmar la autoridad del Congreso en materia arancelaria. Economistas estiman que la administración había recaudado más de 175.000 millones de dólares mediante esos impuestos, mientras que varias empresas ya iniciaron demandas para reclamar posibles devoluciones, un proceso que expertos anticipan complejo y prolongado.

    Pese al revés judicial, especialistas en comercio internacional coinciden en que la política arancelaria estadounidense no desaparecerá. La Casa Blanca todavía dispone de otros instrumentos legales —como investigaciones comerciales o medidas por seguridad nacional— que podrían permitirle reinstalar gravámenes tras cumplir procedimientos formales, lo que anticipa un nuevo frente de disputa económica y legal en los próximos meses.

    FUENTE:FRANCE24

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