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Año tras año, los empresarios uruguayos que responden a una encuesta para el Foro Económico Mundial (FEM) para elaborar su informe de competitividad global dicen lo mismo: el principal problema que enfrentan para hacer negocios en el país son las regulaciones laborales “restrictivas”.
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Invariablemente, ese ha sido el factor que recibió mayor porcentaje de respuestas, siempre en el entorno de uno de cada cinco: 24,6% en 2011, 21,5% en 2012, 22,2% en 2013, 22,8% en 2014 y 23,9% en la edición de 2015 del reporte, divulgado la semana pasada.
Este año la carga impositiva, con 14,6% de las respuestas, desplazó a la “ineficiente burocracia gubernamental” (14,1%) como segundo principal problema para hacer negocios. Le siguieron la “inadecuada disponibilidad de infraestructura” (13,3%), la escasez de mano de obra calificada (10,9%), la inflación (5,7%), la “pobre ética de la fuerza laboral” (5%), el acceso al financiamiento (4,4%), la insuficiente capacidad de innovación (4%), la complejidad de las regulaciones tributarias (1,1%), la inestabilidad política (0,2%), la baja calidad de los servicios de salud pública (0,2%) y las regulaciones relacionadas con el manejo de moneda extranjera (0,1%).
La encuesta de este año fue respondida por 85 empresarios representativos de la matriz productiva de Uruguay.
También en Chile y en Ecuador los empresarios identifican las regulaciones en sus mercados laborales como el principal problema para desarrollar los negocios. En otros países sudamericanos son de otro tipo, como una burocracia ineficiente (Bolivia y Perú), la inflación elevada (Argentina), las restricciones para el cambio de moneda extranjera (Venezuela), la carga impositiva (Colombia y Brasil).
La metodología referida al mercado laboral responde a preguntas vinculadas al grado de flexibilidad para contratar personal, a la disponibilidad de mano de obra capacitada o con talento, a la posibilidad de acordar sistemas de pagos por rendimiento y los costos directos e indirectos para recortar la plantilla, así como también a la existencia o no de un ambiente de colaboración. “En estos ítems, en general, las respuestas están en el entorno de 3 puntos, muy por debajo del 4,1 que obtiene Uruguay como puntaje total. Y, naturalmente, ubican a Uruguay en el nivel más bajo de eficiencia del mercado laboral en términos comparativos”, señaló a Búsqueda Bruno Gili, profesor de la Universidad ORT que colabora con el FEM.
A su juicio, la encuesta “refleja hoy —y en particular para los sectores no transables internacionalmente, muchos de los cuales están regulados— dos problemas muy importantes para modernizar la economía: por un lado, la falta de personal suficientemente capacitado para la demanda que el desarrollo del Uruguay tuvo en estos últimos cinco o seis años. Y por otro, una aumento de la rigidez en las relaciones laborales que les ha quitado flexibilidad a los distintos sectores, que tienen potencialidades, realidades, oportunidades y amenazas distintas”.
Subrayó que, según el estudio, Uruguay es un país en etapa de transición hacia un estadio de desarrollo. “Pero avanzar en este sentido no puede realizarse sin mayores grados de sofisticación e innovación, así como atendiendo un amplio mercado internacional, dado nuestro reducido tamaño. Cuando el sector empresarial quiere mejorar en estos términos se encuentra en la oferta y organización del mercado laboral, restricciones, las cuales considera de mayor prioridad”, dijo.
Según Gili, en las respuestas hay implícita una demanda por capital humano mejor formado y con mayores habilidades, así como mayor flexibilidad para introducir innovaciones que terminan impactando en la función de producción para adaptarse a mercados, internos y externos fundamentalmente, que supone cambios muchas veces resistidos. También nuevas formas de retribución asociadas a productividad y desempeño. “Tal vez todo esto es muy difícil discutirlo en Consejos de Salarios muy centralizados, que quitan capacidad y flexibilidad, para interpretar realidades micro muy diferentes dentro de cada sector”, opinó.
Índice.
El análisis del FEM que desde 1979 elabora aludiendo al concepto de competitividad, refiere a las condiciones para hacer negocios en los países. Para calificar cada economía —140 en el informe de este año— asigna un puntaje en tres categorías de indicadores o pilares cuya ponderación varía en función de la etapa de desarrollo en que se encuentren, dado que difieren los desafíos en busca de mejora. Eso lo hace a partir de datos estadísticos y opiniones de empresarios.
Uruguay continúa en transición hacia la tercera etapa —la más avanzada— en la cual los países impulsan su competitividad basándose en la sofisticación e innovación productiva. El FEM le asignó este año un puntaje de 4,09 en el índice global de competitividad —en un mínimo de uno y un máximo de 7—, una ligera mejora (4,04) frente a 2014. Subió siete posiciones en el ranking global y se ubicó 73º; ello se explica en parte porque Puerto Rico y Barbados no fueron incluidos en esta edición del reporte, y otros países retrocedieron (como Brasil, que por su crisis política asociada al escándalo de corrupción cayó 18 lugares).
En los distintos pilares, donde Uruguay puntúa mejor es en salud y educación primaria (5,9), seguido de preparación tecnológica (4,8). Innovación es el peor calificado, con 3,2.