Mercados y regulación pública: la transparencia imprescindible

En la era precapitalista el derecho a vender se adquiría por la cercanía al poder fáctico, que lo usaba en su propio interés y como mecanismo de reproducción de las desigualdades sociales y políticas. Las monarquías europeas distribuían entre sus acólitos la potestad de producir y comerciar bienes y servicios, otorgando a los gremios feudales monopolios de venta de productos específicos o a las grandes compañías comerciales de ultramar el derecho a comerciar en exclusividad. A veces, como bien se sabe de la historia colonial de América Latina, también imponía la obligación a comprar a sus súbditos. El acceso a los mercados estaba altamente regulado, en provecho de unos pocos.

Existen razones de distinta naturaleza que producen resultados no deseados de la interacción social sin reglas claras provenientes de los Estados. Por ejemplo, las asimetrías de información imperantes en algunas áreas clave para el bienestar —como la salud pública— o el uso de espacios públicos restringidos con base en decisiones individuales —como el transporte en una ciudad— producen que la provisión de estos bienes en ausencia de reglamentaciones resulte ineficiente e injusta. De hecho, los mejores sistemas de transporte colectivo y de atención a la salud en el mundo se regulan a partir de políticas claras y definidas que, entre otras cosas, limitan el poder generado por la asimetría de información y restringen el comportamiento de algunos agentes. Por ejemplo, desalentando el transporte individual en ciudades de gran porte.

Sin embargo, construir barreras a la entrada de competidores potenciales u obligar a los compradores a adquirir ciertos bienes o servicios bajo esquemas coercitivos continúa siendo una estrategia medular para preservar beneficios económicos. A veces, esas barreras se elevan asociadas a las innovaciones tecnológicas —tamaños mínimos eficientes, economías de red, etc.—; otras veces, a través de mecanismos que permiten incidir en las reglas que el Estado impone a los mercados, incluyendo el freno a nuevos competidores o a tecnologías que puedan quebrar el lugar de privilegio de algunos. En otros términos, las empresas buscan capturar a las regulaciones, de forma de inclinar el campo de juego a su favor o, incluso, bloqueando la incorporación de nuevos jugadores o tecnologías disruptivas que podrían socavar su poder de mercado.

Es un desafío central compatibilizar la necesidad de regulaciones modernas que eviten resultados disfuncionales e inequitativos con el diseño de procedimientos que bloqueen el problema de la incidencia en las políticas de quienes tienen fuertes intereses creados en elevar grandes barreras a la entrada. En esta materia, no hay antídotos seguros. La presencia de intereses contrapuestos en los ámbitos regulatorios con respecto a los grupos de interés es un requisito relevante. Otra dimensión reconocible es explicitar, desde las políticas públicas, cuáles son las ventajas relativas para los ciudadanos de cambios en los marcos normativos en ámbitos democráticos y abiertos. Cambios pequeños en apariencia, como restringir la movilidad de usuarios entre instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud o bloquear el acceso por un período de tiempo al registro de conductores de plataformas, tienen un beneficio claro para actores que operan en el sistema; pero su lectura desde el lado de los usuarios, quienes deben ser el objetivo priomordial de las políticas es, por lo menos, difuso.

La regulación pública, imprescindible en base a criterios tanto de eficiencia como de equidad, necesita justificarse densa y transparentemente, como barrera de defensa ante elites encumbradas en intereses corporativos. El propio Smith tenía claro, tempranamente, los peligros sociales que entraña la búsqueda de incidir y limitar la competencia en los mercados por parte de quienes ya están operando en ellos: “Las personas de un mismo ramo rara vez llegan a reunirse, aunque solo sea con fines de jolgorio y diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público, o en alguna maquinación para elevar los precios. Es imposible impedir tales reuniones mediante cualquier ley aplicable, o compatible con la libertad y la justicia”. Lo que sí es posible es construir mecanismos que aíslen a los grupos de interés del diseño de políticas que definen las reglas de juego.

(1) Acemoglu, Daron y Robinson, James (2012): Why the nation fail?

?? Los sistemas de información como bien público y el debate sobre la pobreza?