Mezquindad política

El argumento de Heber en la red X fue que es “una garantía de buen proceder y compromiso en la lucha contra el crimen organizado (...), especialmente una enemiga del narcotráfico”. ¡Como si los otros fiscales no combatieran el crimen organizado y el narcotráfico, y la función del Fiscal de Corte solo fuera esa! Un desprecio para los otros fiscales, también potenciales candidatos.

Nada le impide a Ferrero ser candidata a la cúpula de la Fiscalía de Corte porque la avalan su energía, formación técnica y experiencia, pero la propuesta de Heber puede terminar por descartarla porque el resto de los partidos aún está en ascuas, cada uno tiene a su candidato y desestima a los del resto. El que se precipita, se precipita.

La designación del nuevo fiscal de Corte ha sido una de las cuestiones más complejas de decidir en los últimos 26 años. Sobran los antecedentes. Cuando el 5 de octubre de 2021, luego de nueve años de gestión, el fiscal de Corte Jorge Díaz renunció antes de vencer su plazo máximo de 10 años, lo sustituyó interinamente el adjunto Gómez. Casualmente, siete meses antes, en marzo de 2021, Gómez había obtenido la venia unánime del Senado como adjunto mediante una propuesta de Díaz.

Tras la renuncia de Díaz, los partidos debieron designar a un fiscal titular. No solo era su obligación funcional, sino que debían darle garantías al ciudadano. Pero, como es habitual, los mezquinos intereses partidarios (siempre lo político antes que todo) se impusieron a la responsabilidad institucional. ¡Total, al votante poco le importan estas cosas!

Gómez desempeñó sus funciones agobiado por el trabajo, golpeado por estallidos internos (ideológicos y de los otros) y dolencias cardíacas. Advirtió sobre la necesidad de designar a un titular, pero los intereses partidarios están siempre a tope. Cierto es que pudo renunciar para forzar la designación, pero no lo hizo.

Desde 1907 la Fiscalía de Corte ha sido un organismo casi testimonial ante la opinión pública conducido, entre otros, por Álvaro Guillot, Melitón Romero, Aníbal Abadie Santos, Guido Berro Oribe o Rafael Robatto. Pero a partir de 1997 la cosa cambia y los conflictos se reiteran bajo la pandemia del virus partidario.

Julio María Sanguinetti, en su segunda presidencia, tras el cese de Robatto, propuso al fiscal Miguel Langón, quien, por su ideología contraria a la izquierda, generó el rechazo frenteamplista. Lo sucedió interinamente Mirtha Guianze, también sin prosperar como definitiva por tener una ideología opuesta a la de Langón. Finalmente, se votó la venia al arrogante juez Oscar Peri Valdez. Arbitrariedades y enérgicos cuestionamientos sobre su desempeño fueron marcados por Leonardo Guzmán, ministro de Educación y Cultura (entonces el organismo dependía de ese ministerio) y forzó su renuncia.

Más tarde, el fiscal penal Rafael Ubiría logró el voto unánime y se mantuvo en el cargo hasta 2011, cuando se enfrentó por temas jurídicos al ministro frenteamplista Danilo Astori. El presidente José Mujica montó en cólera y desde el Ministerio de Educación, a través del subsecretario Felipe Michelini, lo hostigó hasta lograr su renuncia. Mujica, también subido al carro de la politiquería, le da a Ubiría el premio consuelo de procurador del Estado, que no requiere venia parlamentaria. Algunos años antes. con ese mismo cargo. el gobierno de Sanguinetti había “compensado” a Langón porque no había logrado la venia para fiscal de Corte: asqueroso quid pro quo y la gente en Babia.

En 2012 Mujica cerró el círculo. Mediante negociaciones, que incluyeron el reparto de otros cargos, logró el respaldo unánime de los partidos y el juez Jorge Díaz obtuvo la venia del senado. El nuevo fiscal de Corte alcanzó tres éxitos destacados: a) que se apruebe el nuevo Código del Proceso Penal, b) la independencia del organismo como servicio descentralizado y c) aumentar el número de fiscales y su especialización. Sin embargo, ha recibido severos cuestionamientos del oficialismo y de algunos abogados penalistas. Le critican especialmente que la ley que le habilitó a dar instrucciones generales a los fiscales les pueda restar independencia.

Como puede verse desde la propuesta fallida de Sanguinetti en 1997, la Fiscalía de Corte se ha transformado en un caldero hirviente con una creciente judicialización de los temas políticos, pero también partidización para designar un cargo eminentemente técnico: la mezquindad campea.

Desde entonces, cada partido pretende imponer para ese cargo al candidato que supone afín a su ideología. ¿Acaso creen que un fiscal de Corte afín beneficiaría, o en todo caso no perjudicaría a ese partido y que para hacerlo dejaría de cumplir con la ley? ¡Claro que lo suponen! Pobres tipos que le dan la espalda a la transparencia, a las instituciones y trampean a los ciudadanos porque la mayoría es ajena a estas cuestiones técnicas y constitucionales y las cree normales, mientras miran cómo se atropellan para ser candidatos a la Presidencia o a lo que sea.

La Fiscalía General de la Nación, como Ministerio Público, tiene la obligación de proteger los intereses generales de la sociedad y ejerce su función ante los tribunales, pero no los integra. El titular dura 10 años en el cargo o cesa al cumplir 70 lo que, en el caso de Gómez si se mantiene, ocurrirá en junio de 2025. La venia para un futuro fiscal de Corte requiere el voto de los tres quintos de integrantes del Senado para lo que sobra con los votos del oficialismo y la oposición. Sin acuerdo, seguiremos igual.

Como las negociaciones están trancadas, tiempo atrás el diputado colorado y exfiscal Gustavo Zubía, para conformar a todos, propuso designar un triunvirato para la Fiscalía de Corte. Tiene algunos aliados, pero otros lo consideran malo para el sistema y las instituciones. Tienen razón: es la prueba definitiva de que, en lugar de elegir a un jurista sólido e independiente, a través del triunvirato se optaría por partidizar para satisfacer los intereses y apetencias de la mezquindad política.

Así nos va.