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A menos de dos años de que la “ley de faltas” entrara en vigencia y pese al respaldo que encuentra en el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo, las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) quieren rediscutir el alcance de esa norma, porque consideran que no cumplió su objetivo de evitar que las personas duerman en la calle.
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Esta evaluación es impulsada mientras el Ministerio se prepara para la llegada del clima frío, cuando los refugios para personas que viven en la calle están a tope. Hoy hay unos 1.700 cupos. El planteo ocurre luego de que una persona que vivía en la calla murió el fin de semana pasado, presuntamente por hipotermia (aún no está el resultado de la autopsia). La ministra Marina Arismendi informó sobre el episodio al Consejo de Ministros, y después a los medios, el lunes 4.
La ministra dijo a Búsqueda que su secretaría de Estado está analizando la “ley de faltas” aprobada en agosto de 2013, pero adelantó que una primera conclusión en la cartera es que “no funcionó”.
Uno de los aspectos más polémicos de la norma está vinculado con la población en situación de calle. Establece que quien ocupe espacios públicos “acampando o pernoctando en forma permanente”, será castigado con una pena de siete a treinta días de “prestación de trabajo comunitario”, después de ser intimado dos veces por las autoridades. En todos los casos la persona es trasladada a una dependencia del Mides para que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente.
A mediados de abril, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informa sobre la aplicación de la ley. Desde su aprobación y hasta abril, la Policía intervino en “más de 6.500 ocasiones”. Según los datos del Ministerio, hubo dos personas procesadas sin prisión, otras dos procesadas con prisión por reincidir y una estaba requerida en Durazno. En Montevideo hay ocho policías encargados del patrullaje.
El Ministerio del Interior afirma en el comunicado, que no hay familias durmiendo en la calle, ni menores de edad. Por lo general son hombres de entre 20 a 40 años, mientras que las mujeres alcanzan el 2% de las personas que son retiradas de los espacios públicos. El responsable del patrullaje en Montevideo, Yoni Wints, explicó que “desde que se implementó esa ley se ha notado una evolución: la gente que quiere irse de la calle se va, pero el que no, el que quiere seguir viviendo, ha encontrado las fallas del sistema”.
Wints señaló que cuando comenzó a implementarse había un gran desconocimiento de la ley, por lo que la gente resistía el desalojo. Hoy, el 80% de la población atendida es “consciente de estar en falta”, agregó.
El Ministerio del Interior fue uno de los principales impulsores de la ley de faltas, la que encontró una fuerte oposición del entonces ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker.
A Arismendi tampoco la convence esa norma. La ministra dijo que están estudiando qué alternativa hay para la ley.
Además de darles refugio a los que son retirados de las calles, Arismendi señaló que se deben buscar soluciones laborales y de vivienda permanentes. Al respecto destacó que en la feria de productos elaborados por emprendimientos apoyados por el Mides, que se instaló esta semana en pleno centro de la capital, hay dos grupos de personas que estaban en refugios y que presentan su trabajo: uno vinculado a plantas y otro a tejidos.
“Las personas que están en situación de calle presentan generalmente consumos problemáticos de sustancias, alcohol, problemas de salud mental o violencia intrafamiliar”, dijo Arismendi el lunes, tras el Consejo de Ministros. Indicó que en los refugios también hay “muchas mujeres con niños víctimas de violencia”. A la fecha se atienden en estos centros de servicios más de 500 mujeres con niños. “Allí es donde vemos problemas, porque a algunas el Estado tendrá que acompañarlas hasta el fin de sus días”, sostuvo la ministra.
Agregó que no se puede sustituir con un refugio los servicios requeridos por casos de adicciones o de violencia doméstica. “Tenemos que tener siempre cupos y equipos para estos casos, que ocurren muy frecuentemente y de forma espontánea”.
Al referirse a la muerte ocurrida el domingo 3, Arismendi dijo que es “una situación trágica de la cual” el gobierno se hace responsable. Informó que los técnicos del Mides estaban en contacto con la persona que luego falleció y ésta se negaba a ingresar a un refugio.
En el Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez sostuvo que si no se atienden estos temas, no estarían cumpliendo con el compromiso que asumió al asumir el 1º de marzo en la Asamblea General, cuando habló sobre el ideario artiguista y su compromiso con “los valores”.
“Queríamos poner el hincapié, como lo puso el presidente, para trabajar más y mejor, fundamentalmente mejor, con aquellas personas que hoy tenemos en situación de calle”, afirmó la ministra.
Arismendi dijo que el gobierno va a “redoblar los esfuerzos en el trabajo con las intendencias, en particular con la de Montevideo, porque es donde ocurre la mayor cantidad de casos”.
La directora del Mides Mayra Aldama dijo al diario “El Observador” el martes 5, que la prioridad del Ministerio es ampliar la capacidad en los centros destinados para que duerman adultos. “La demanda de personas que vienen a los refugios es cada vez mayor y la permanencia también es mayor. Esto quiere decir que son cada vez menos las situaciones en que la persona se va y vuelve. El 90% de las personas que ingresan hacen un proceso largo”, dijo.