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    Mides realiza talleres sobre trabajo, educación y salud para que los inmigrantes conozcan sus derechos y no sufran abusos

    Una mujer de origen dominicano quiso recurrir a los servicios de salud públicos, pero, debido a que no era uruguaya, le negaron la atención. Otra mujer, nacida en Bolivia, trabajaba como empleada doméstica durante jornadas extensas y no tenía seguridad social. Un grupo de peruanos fueron estafados cuando creyeron que podían comprar apartamentos en Ciudad Vieja por U$S 5.000.

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    En los últimos años, ese tipo de denuncias sobre situaciones que viven los inmigrantes en Uruguay comenzaron a llegar con más frecuencia al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

    La Constitución uruguaya establece en su artículo 7 que los “habitantes” de la República tienen derecho a ser protegidos “en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”. Federico Graña, director de Promoción Sociocultural del Mides, entiende que ese artículo es claro al no distinguir entre uruguayos e inmigrantes, por lo que los derechos son iguales para todos.

    Por eso, para que los inmigrantes conozcan y hagan valer sus derechos, el Mides comenzó a realizar a mediados de abril una serie de talleres para informarles sobre temas como la educación, la salud, y el mundo del trabajo.

    En promedio asisten unas 70 personas a cada taller, informó Graña, y destacó que luego eso se replica al resto de los inmigrantes gracias a las redes de contactos que han creado las distintas comunidades.

    En la presentación de los talleres, representantes del Mides explicaron que Uruguay comenzó a ser un país “receptor de inmigración y punto de tránsito para muchos migrantes”. Ese nuevo “fenómeno” generó “cambios importantes tanto en lo cultural como en los económico”.

    Los principales contingentes provienen de Argentina y Brasil, a los que luego se sumaron migrantes de Perú, Venezuela, República Dominicana, Cuba y España.

    Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2016 se otorgaron 3.183 residencias a extranjeros. En 2014 fueron 3.283 y en 2012 otras 2.462.

    Según un informe de ese ministerio presentado en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados en marzo de este año, el 42% de las residencias concedidas el año pasado fueron para ciudadanos argentinos. “Ahí hay un tema histórico, binacional, familias de acá y de allá; es variado. Nos han comentado que también se ha dado por el hecho de que a los argentinos les resulta mucho mejor controlar sus empresas del lado uruguayo que del otro y todos sabemos que en Maldonado hay muchas empresas argentinas”, comentó en comisión Jorge Muiño, director general para Asuntos Consulares de la Cancillería.

    El resto de las residencias se reparten de la siguiente manera: 18% para brasileños, 13% venezolanos, 8% peruanos, 6% colombianos, 3% chilenos, 2% paraguayos y 2% bolivianos.

    Los mismos derechos.

    “Nuestra Constitución, como está redactada, no hace una diferenciación entre el nacional y el no nacional, habla del ‘habitante’ en el territorio. Entonces cualquier persona que habita en el territorio tiene los mismos derechos. Como Estado tenemos la obligación de darle los mismos derechos”, explicó Graña a Búsqueda.

    El jerarca dijo que “a veces, algunos funcionarios” no tienen claro este tema. Y entonces en una policlínica le dicen a un inmigrante que no lo pueden atender porque no es uruguayo. “Cada vez que nos enteramos de estos casos, rápidamente los solucionamos. Este tipo de casos tienen que ver con la formación de los funcionarios”, agregó.

    A eso se suman casos “más notorios”, dijo, como el que ocurrió en una casa de la familia Fernández Manhard, conocidos empresarios del país. En agosto de 2012, el semanario “Brecha” informó que en esa familia trabajaban personas de origen boliviano, que no estaban registradas en el Banco de Previsión Social (BPS), soportaban malos tratos y trabajaban muchas horas por día.

    Graña también mencionó casos de familias de inmigrantes que vivían en Ciudad Vieja y fueron estafados por uruguayos que les vendieron apartamentos por U$S 5.000 que no eran de su propiedad.

    “Parecen prácticas impensables pero suceden. Ahora, como hay una mirada nueva, trabajos de comunidades que se están juntando, tienen nivel de organización, te demandan cosas concretas”, comentó Graña.

    En marzo de este año, el Mides presentó un documento sobre la situación de los inmigrantes. Entre las recomendaciones finales se señaló que “la mayor de las dificultades que de momento se advierten en la integración socioeconómica de la población inmigrante se encuentra en el mercado laboral”.

    “Hay problemas de acceso a empleos de calidad y, como consecuencia, también hay limitaciones en el acceso al sistema de salud. La formalización del empleo de las personas inmigrantes debe ser foco de atención y acción”, añadió el documento.

    La semana pasada se realizó un taller sobre los derechos referidos al mundo del trabajo. Graña destacó el nivel de receptividad que hubo en las personas que participaron en la actividad.

    Según el informe, se necesita un “mayor grado de coordinación interinstitucional con los organismos rectores de la política de empleo, Ministerio de Trabajo y BPS, pues las principales dificultades que enfrentan los inmigrantes tienen que ver con la prevalencia de la informalidad en el empleo”.

    En abril se hizo uno sobre educación. Allí se les explicó a los extranjeros los distintos programas socioeducativos y los requisitos para poder acceder a ellos. Graña dijo que en el caso de Primaria la inserción de los niños es fácil, pero las complicaciones aparecen en la educación media, cuando se plantean problemas de adaptación curricular.

    El jerarca del Mides dijo que realizarán una evaluación de las actividades. Además se impulsará el apoyo a las oficinas territoriales en el interior. Es que los inmigrantes “ya no están instalados solo en Montevideo, están en Canelones, en Maldonado, y hay que estar donde está la gente”, señaló.

    Además de estas acciones, en el Mides se proponen desarrollar campañas de “sensibilización sobre las contribuciones de la población inmigrante a la sociedad uruguaya”.

    También se consideró necesario trabajar en la mejora del sistema estadístico referido a la llegada de inmigrantes, solicitudes de residencia y de integración a los distintos programas sociales.

    Información Nacional
    2017-05-18T00:00:00