Aun así, la oficina encargada de supervisarlo tiene como su dirección de trabajo la oficina 202 del edificio ubicado en Viña del Mar 7090. El exdirigente dijo que su abogada le “prestaba” la oficina para trabajar, dijeron los informantes.
Según consultas realizadas por Búsqueda en el vecindario, el exdirigente va poco a esa oficina. Un vecino recordó que tiempo atrás lo veía con más asiduidad, aunque desde hace un par de meses ya no apareció. Llegaba en su coche de alta gama, con vidrios polarizados, acompañado de otras personas, y nunca permanecía más de 10 o 20 minutos.
A su vez, fuentes del Banco de Previsión Social no encontraron registros de que Figueredo haya realizado aportes por su trabajo en los últimos meses.
La abogada de Figueredo dijo a Búsqueda que la información de la OSLA es incorrecta y que su cliente tiene libertad de movimiento (ver recuadro).
USA vs.
Uruguay. Figueredo vive en su casa en Uruguay y disfruta de sus salidas transitorias gracias a la batalla judicial que dieron sus abogados para que no lo extraditaran a Estados Unidos desde Suiza y al acuerdo de colaboración que firmó con el fiscal del caso en aquella época, Juan Gómez.
El entonces vicepresidente de la FIFA fue detenido en Zurich el 27 de mayo de 2015 a pedido del gobierno de Estados Unidos, que investigaba a varios dirigentes del fútbol mundial por lavado de activos y corrupción. El gobierno norteamericano había logrado que la Justicia suiza resolviera extraditar a Figueredo, donde debía pagar una fianza de US$ 15 millones —mitad en cash y mitad en propiedades—, según informó en diciembre del 2015 la agencia Reuters.
El abogado de Figueredo en Estados Unidos, David Torres-Siegrist, dijo a la agencia que su cliente no iba a tener un juicio justo en ese país debido el perfil alto del caso. Pelearon la extradición hacia Uruguay y ganaron.
Figueredo llegó a Uruguay en diciembre del 2015 y para marzo ya tenía un acuerdo firmado con la Fiscalía. Le entregaría buena parte de sus bienes —valuados en unos US$ 10 millones— a cambio de negociar una condena más conveniente. Lo que Figueredo buscaba evitar era caer en las garras de los norteamericanos, ya que de acuerdo con la decisión de la Justicia suiza, Estados Unidos lo podría requerir una vez que pague sus delitos en Uruguay. Así, según informaron a Búsqueda fuentes en conocimiento del acuerdo, la Fiscalía se comprometió a oponerse a su extradición, en caso de que Estados Unidos la pidiera, hasta tanto no se extinga su pena en Uruguay.
Dificultades.
Mientras tanto, el acuerdo es un dolor de cabeza para el Fondo de Bienes Decomisados, el organismo encargado por la Justicia de administrar los bienes y convertirlos en dinero para las arcas públicas. Es que varias de las propiedades incluidas en el acuerdo son en realidad participaciones de sociedades anónimas de Figueredo en emprendimientos inmobiliarios, mientras que solo unas pocas estaban a su nombre. Pero además, en algunos casos el exdirigente no había terminado de pagar su parte en los emprendimientos inmobiliarios —todos realizados con la constructora Weiss Sztryk Weiss—, lo que implica que las autoridades deben negociar con los otros accionistas.
Entre los bienes incluidos en el acuerdo hay cinco apartamentos en Punta del Este, cinco terrenos (cuatro en Punta del Este y uno en Montevideo), una casa en Montevideo y cuatro habitaciones en el Hotel Hyatt, según información a la que accedió Búsqueda.
Más de un año y medio después del acuerdo, firmado en marzo del 2016, las autoridades todavía no lograron llevar a remate las pocas propiedades que están a nombre de Figueredo. A la vez, los costos de mantener los bienes han consumido parte del dinero de la cuenta bancaria que la Justicia decomisó al exdirigente y en la que había más de US$ 600.000.
Uno de los puntos centrales que dificulta concretar la venta de los bienes, es la negociación que lleva adelante la el Fondo con representantes de las sociedades anónimas que participaban en los emprendimientos.
La situación varía según los bienes. En el caso del apartamento de Punta del Este que está a nombre de la sociedad anónima Remstar Assets, por ejemplo, la oferta que recibió el Estado fue de unos US$ 500.000, cifra similar a la que aportó Figueredo desde que comenzó el emprendimiento. En otras sociedades, que son propietarias de varios bienes, el Fondo no tiene claro cuánto dinero puso el ex vicepresidente de la FIFA y quiere que la Justicia solicite al involucrado que dé más información.
El caso del Hyatt, sin embargo, es el más problemático. La oferta de los socios del emprendimiento hotelero —representados por la abogada Inés Pereda— implica que el Estado participe en el negocio en su calidad de propietario de las cuatro propiedades que tenía Figueredo a través de la compañía panameña Gilson Overseas. Las autoridades consultadas por Búsqueda sostuvieron que no están de acuerdo con que el Estado sea parte del emprendimiento.
El Hyatt esconde otros dos problemas para la negociación. Los accionistas mayoritarios aseguraron en el Juzgado especializado en Crimen Organizado que hubo un error y que Figueredo no tiene las cuatro propiedades que informó en el acuerdo: dos unidades de 137 metros cuadrados cada una y dos de 44 metros cuadrados. Argumentaron que las cuatro unidades eran de 44 metros cuadrados, cuyo valor individual es tres veces menor al de las que alegó tener Figueredo. En el Fondo discrepan con ese cambio.
Pero además, los ahora exsocios de Figueredo en el emprendimiento denunciaron en la Justicia civil que Gilson Overseas no cumplió con el pago de los aportes que le correspondían. Si prospera el reclamo, según los informantes, el Estado podría perder las cuatro unidades.
Consultada por Búsqueda, Pereda no quiso hacer declaraciones al respecto.
No es la primera vez que el Hyatt es objeto de polémica. A mediados del 2016, El Observador informó que el acuerdo entre la Fiscalía y Figueredo había corrido riesgo de caer en parte por el problema con el emprendimiento hotelero. Ese episodio fue recordado por varias fuentes consultadas esta semana por Búsqueda, que encuentran similitudes en la situación que se vive ahora.
En las últimas semanas, la Justicia intimó a Figueredo a que entregue información complementaria sobre la sociedad Corfield, en la que el exdirigente tenía una participación del 23%. Los datos exigidos incluyen los balances de la empresa y un detalle de qué implica ese nivel de participación, según las fuentes del caso.
Pintos dijo a Búsqueda que esos problemas nunca existieron. Aseguró que Figueredo entregó toda la documentación en el Juzgado el 1º de marzo y que si después se generaron gastos, no corresponde que su defendido los cubra. “Él había hecho una cantidad de aportes, si faltaba hacer más para completar el 100% de lo pactado entre Eugenio Figueredo y alguna de las sociedades, desde el momento en que acordó, él ya no tenía que pagar nada más”, dijo. La abogada insistió en que cumplieron con el acuerdo y si ahora al Fondo se le generaron deudas, Figueredo no tiene “nada que ver”.
Sigue firme.
Luis Pacheco es el tercer fiscal que interviene en el caso de Figueredo. Luego de Gómez, quien lo procesó y firmó el acuerdo, vino María de los Ángeles Camiño, que tuvo varias reuniones con el exdirigente y su abogada para obtener información sobre los bienes más problemáticos. Figueredo recurrió varias veces a la excusa de que no recordaba detalles sobre sus sociedades, ya que no era él quien las manejaba, y el acuerdo estuvo cerca de tambalear, relataron a Búsqueda fuentes que participaron en las negociaciones. Meses más tarde, Camiño dejó la sede de Crimen Organizado por razones de salud, y fue sustituida por Pacheco.
El fiscal encaró la tarea con una idea fija: deshacerse de los bienes cuyo mantenimiento generaba un gasto para el Estado. Quería rematar los inmuebles y vender las sociedades lo antes posible, y le preocupaba más concretar esas transacciones que perder tiempo en negociar para obtener mejores precios. En julio de este año, Pacheco dijo a Búsqueda que a su juicio el acuerdo es “igualmente productivo aunque los bienes representaran la mitad, o aun la cuarta parte” de los US$ 10 millones que se estimaron inicialmente (Nº 1.927).
El fiscal pidió autorización al Juzgado para rematar de forma anticipada los bienes del exdirigente, y para que se realicen negociaciones para vender sus acciones en empresas hoteleras, y derivó la tarea al Fondo de Bienes Decomisados.
Consultado esta semana sobre los magros avances en los trámites y las complicaciones que enfrenta el Fondo, Pacheco reiteró que su prioridad es que las ventas y remates se concreten, independientemente del dinero que se obtenga de ellas.
Por otra parte, sostuvo que “más allá de las dificultades que existan en torno a los bienes, eso no afecta la validez del acuerdo y no configura un incumplimiento por parte del encausado, que cumplió con su parte al enumerar sus bienes”.
